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— Después de la huelga de 93 días que vivió el MEP a finales del año pasado y luego de un primer semestre de relativa paz entre el ministerio y sus sindicatos las aguas han vuelto a alborotarse y las amenazas de una nueva huelga ya se han colocado sobre la mesa.

— El origen del nuevo conflicto son dos proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa y que serían votados próximamente y a los cuales tanto la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) ya anunciaron que se preparan para ir a huelga, a pesar de que —al igual que con la reforma fiscal— el MEP no tiene margen de acción para atender las demandas de los educadores.

— Los proyectos de la discordia son el proyecto de ley 21.097 “Proyecto de Declaratoria de Servicio Público Esencial”, así como el 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Ambos realizan modificaciones al tema de las huelgas:

  • El proyecto 21.097 tipifica cuáles son los servicios públicos que serán considerados esenciales, entre los cuales se incluye —dentro de una lista de 79 servicios— la educación pública así como los servicios de comedores escolares.
  • El proyecto 21.049 modifica varias de las condiciones para que una huelga sea declarada legal, e incluye la prohibición expresa de que se realicen huelgas de carácter político —entiéndase huelgas contra proyectos de ley que se discuten en la Asamblea—.

— Ambos proyectos han avanzado a lo largo de este año su trayecto. El 21.097 ya tiene un dictamen afirmativo de mayoría, mientras que el 21.049 había recibido un dictamen negativo de la Corte Suprema de Justicia, pero ante la presentación de un nuevo texto, la Corte señaló que ya no interfiere con la independencia judicial, por lo que ya no requeriría 38 votos y puede continuar por la vía rápida 208 bis.

— Ante el avance de ambos proyectos, APSE anunció el sábado que iniciaría su movimiento de huelga de forma intermitente, iniciando este jueves 6 de junio con una marcha nacional en San José y al día siguiente se dará una suspensión de labores. Posteriormente se hará una huelga cada martes de junio: martes 11, martes 18 y martes 25. 

— Por su parte, el ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, señaló que “No existe ninguna razón de orden laboral para convocar a huelga. (…) El llamado a huelga vuelve a revictimizar a los estudiantes que ya de por sí tuvieron un efecto muy negativo y que están tratando de levantar los efectos de ese movimiento de huelga del año pasado en cada una de las aulas del sistema educativo”, además, el ministro tomó la decisión de levantarse de las conversaciones que mantenía semanalmente con la dirigencia de APSE y solicitó a la Procuraduría General de la República que empiece a preparar las acciones para denunciar la ilegalidad de la próxima huelga.

— Del lado de ANDE tomaron otro camino y anunciaron el día de ayer que habían mandado una carta a Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitando la “intervención directa” de ese órgano internacional ante el presidente Carlos Alvarado para evitar que se aprueben ambos proyectos de ley.

— El problema de la solicitud de ANDE es que en estos momentos el poder Ejecutivo no tiene control de los proyectos, ya que la Asamblea se encuentra en sesiones ordinarias —donde la Asamblea define su propia agenda—. El presidente lo único que podría hacer sería vetar el proyecto si es aprobado y aún en esa situación la Asamblea podría pasarle por encima con 38 votos. En otras palabras, una vez más, ANDE enfrenta el desafío de no tener completamente claro a quién presionar y cómo.

— ANDE aseguró que este próximo sábado definirá su estrategia de lucha en contra de ambos proyectos, aunque no confirmó todavía si se unirá a la propuesta del calendario de huelgas presentada por APSE, si señaló que valoraran, como parte de las medidas, la realización de “protestas públicas en alianza con otros sindicatos y movimientos sociales”.

— La OIT ya había manifestado su preocupación en cuanto a la redacción original del proyecto 21.049, por potenciales violaciones a la libertad sindical, sin embargo, varias de las observaciones, aunque no todas,  fueron subsanadas con el texto sustitutivo que se presentó a finales del mes pasado.

— En cuanto al Sindicato de Educadores Costarricense (SEC), comunicaron en sus redes sociales que se encuentran dando seguimiento al tema de ambos proyectos y que también han solicitado la colaboración de la OIT, pero que se mantienen en dialogo con el Gobierno y la Asamblea Legislativa, por lo que primero agotarán esa vía antes de definir otro tipo de acciones.

— Por su parte Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso e impulsor del proyecto 21.049, defendió las reformas que plantea su proyecto recordando en una entrevista el día de ayer que:

La huelga política en Costa Rica ha sido ilegal desde siempre, particularmente desde 1943 con nuestro Código de Trabajo, del que tanto nos preciamos que es un Código progresista. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, en el 43 dejaron por fuera la huelga política de los motivos que hacen legal una huelga, y justamente lo hicieron porque eran bastantes inteligentes para prevenir que eso se presta para una serie de irregularidades e injusticias en contra de todo el aparato productivo y en contra de los ciudadanos que no tienen por qué dejar de recibir servicios públicos porque un grupo de funcionarios o un grupo de empleados privados estén en contra de un proyecto de ley.

— En resumen: una agrupación llama a un movimiento esta misma semana, otra llama a la calma y el diálogo y una tercera solicita intervención internacional. Lo único cierto es que el segundo semestre del año ya empieza a pintarse —por segundo año consecutivo— muy pero muy complicado para el MEP.

Esta nota es parte del Reporte: ¿Otra huelga a la vuelta de la esquina? Mientras tanto, en las calles de San José...