26 diputados de las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano, Integración Nacional e independientes rechazaron este lunes darle una prórroga de 4 años al trámite del proyecto 19.610 denominado "Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos", por lo que el mismo será archivado este martes al vencerse su periodo cuatrienal.
El proyecto fue originalmente propuesto por la bancada del Frente Amplio del periodo 2014-2018 y recibió dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Humanos integrada por las diputadas Sandra Piszk, Maureen Clarke, Epsy Campbell, Marcela Guerrero, Patricia Mora, Rosibel Ramos y Oscar Lopez.
La iniciativa consta únicamente de dos artículos: el primero impone una pena de cárcel de 20 a 35 años para quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los Derechos Humanos, y establece cárcel de 4 a 10 años en caso del secuestro de una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos; mientras que el segundo incluye en en la categoría de "víctimas" del Código Procesa Penal a las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.
El proyecto nació a raíz del secuestro y posterior asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval, el 30 de mayo de 2013, quien justo antes de la medianoche fue secuestrado por hombres enmascarados junto a otras cuatro mujeres por proteger los nidos de tortuga baula. Ellas lograron escapar y dar aviso a las autoridades, pero Mora fue brutalmente golpeado con un objeto sin filo y posteriormente fue arrastrado bocabajo 600 metros por la playa de Moín, hasta que murió sofocado por aspiración de arena.
Dado que el expediente fue presentado el 4 de junio de 2015, su plazo cuatrienal original vence este martes 4 de junio de 2019. Si los diputados rechazan nuevamente la moción de plazo cuatrienal que será presentada, el proyecto irremediablemente será desechado.
Este lunes solo las bancadas del PAC y el Frente Amplio votaron unánimemente a favor de la prórroga, a quienes se sumó Wálter Muñoz del PIN y los diputados Oscar Cascante y María Vita Monge del PUSC. En su conjunto ellos sumaron 14 votos a favor, muy lejos de los 38 necesarios para aprobar la moción.
Votaron en contra sin hacer ningún tipo de justificación previa o posterior las bancadas del PLN, Restauración, Republicano y representantes de Integración Nacional, Unidad Social Cristiana e independientes.
Personas jurídicas responsables de cohecho y soborno serían castigadas con multa de hasta 4462 millones
El Plenario de la Asamblea aprobó en primer debate, en medio de severas dudas sobre la constitucionalidad, el proyecto de ley tramitado en el expediente 21.248 con el cual se promulga una nueva normativa que hará responsables penalmente a las personas jurídicas por los delitos de cohecho doméstico y soborno transnacional, imponiendo severos castigos.
La iniciativa forma parte de la agenda de incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y recibió 43 votos a favor y 3 en contra, todos ellos provenientes de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana: Shirley Díaz, Pedro Muñoz y Oscar Cascante.
Según se detalla de la justificación del expediente, se pretende establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de los delitos contemplados en la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y en el Código Penal. Asimismo, regula el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones penales correspondientes y la ejecución de éstas.
El proyecto es claro en que absolutamente todos los delitos aplicables a esta ley, siempre se impondrá una sanción de multa que irá de 1000 hasta 10.000 salarios base, es decir, como mínimo 446,2 millones de colones y como máximo 4462 millones de colones. Este último monto es tan alto que equivale, por ejemplo, a casi la recaudación total prevista para este año del Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles (4600 millones), o lo que se recaudará por concepto de la contribución especial solidaria para pensiones de lujo (4472 millones).
Adicional a dicha multa, si el delito es cometido a raíz de un procedimiento de contratación administrativa, la persona jurídica responsable recibirá una multa equivalente a las cifras anteriores o bien, equivalente al 10% del monto de su oferta o de la adjudicación, cualquiera que sea la más alta. Además, quedará inhabilitada para participar de procedimientos de contratación durante 10 años.
Bajo el supuesto de que el delito es cometido por empresas públicas estatales y no estatales o instituciones autónomas, se deberá considerar la eventual afectación a la prestación de los servicios públicos que pudiera ocasionar la carga económica.
Otras sanciones aplicables son la pérdida o suspensión de beneficios o subsidios estatales de los que gozare la persona jurídica, por un plazo de tres a diez años; e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar o participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por un plazo de tres a diez años, extendida la inhabilitación tanto a la persona jurídica directamente responsable como a sus matrices y subordinadas.
De igual forma se establece inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de tres a diez años; cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones, obtenidas producto del delito y por último, la disolución de la persona jurídica en caso de que la persona jurídica hubiere sido creada al solo efecto de la comisión del delito o si la comisión de delitos constituye su principal actividad.
Como sanciones accesorias se establecen la suspensión de actividades por un plazo de uno hasta cinco años; clausura de uno o varios de sus locales y establecimientos por un plazo de uno hasta cinco años y la publicación en el Diario Oficial u otro de circulación nacional de un extracto de la sentencia que contenga la parte dispositiva del fallo condenatorio firme, debiendo la persona jurídica condenada correr con los costos de la publicación.
Las sanciones anteriormente mencionadas serán aplicadas si la persona jurídica es declarada culpable de alguno de los siguientes delitos establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito:
- Enriquecimiento ilícito
- Receptación
- Legalización o encubrimiento de bienes
- Legislación o administración en provecho propio
- Sobreprecio irregular
- Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados
- Pago irregular de contratos administrativos
- Tráfico de influencias
- Soborno transnacional
- Influencia en contra de la Hacienda Pública
- Fraude de Ley en la función administrativa
De igual forma se aplicarán si cometen alguno de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal:
- Cohecho impropio
- Cohecho propio
- Corrupción agravada
- Aceptación de dádivas por un acto cumplido
- Corrupción de Jueces
- Penalidad del corruptor.
- Cuando la dádiva, ventaja indebida o promesa sea solicitada o aceptada por el funcionario, para sí mismo o para un tercero
- Enriquecimiento ilícito.
- Negociaciones incompatibles.
- Concusión
- Exacción ilegal.
- Peculado
- Malversación
- Peculado y malversación de fondos privados
- Falsificación de registros contables (nuevo delito adicionado)
Entre las dudas de constitucionalidad externadas por diputados como José María Villalta y Pedro Muñoz del PUSC se encuentra la proporcionalidad de las sanciones y hasta la imposibilidad de declarar responsabilidad penal a una persona jurídica según la larga jurisprudencia de la Sala Constitucional, sin embargo, la diputada Ivonne Acuña que formó parte de la comisión que estudió este proyecto cuestionó que esas dudas no fueran externadas durante el trámite del expediente en el órgano legislativo correspondiente.
