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1.
El ABC del complejo Caso Aldesa
— El Caso Aldesa es... muy, muy complicado. Explicarlo a fondo nos podría tomar 50 reportes, algo así como El Cementazo. Hoy procuraremos hacer una breve introducción, aclarando que tiene muchas vertientes y muchos elementos paralelos que hacen de la trama algo complejo de seguir.
— Vamos a ver, en marzo pasado Extra informó que la Fiscalía Adjunta de Fraudes recibió una denuncia por presunta estafa, administración fraudulenta y aparente retención indebida contra Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa.
— Se supo entonces que cerca de 500 clientes de Aldesa Corporación de Inversiones corrían el riesgo de perder $200 millones que fueron invertidos en proyectos inmobiliarios de la empresa que no rindieron los beneficios esperados a tiempo. El propio Chaves confirmó la suma pero aseguró que Aldesa le haría frente a la deuda con un plan de contingencia. Aldesa adujo en comunicado de prensa que la crisis fiscal les había generado problemas de liquidez y que por eso se habían suspendido los pagos de intereses a los inversionistas en febrero.
— En efecto, a fin de llegar a una especie de “arreglo de pago” Aldesa Corporación de Inversiones anunció una solicitud de administración y reorganización con intervención judicial ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José. La empresa solicitó suspender los pagos a los inversionistas (por un plazo máximo de 3 años) mientras ponía sus finanzas en orden y esperaba los frutos de los proyectos inmobiliarios. Paralelamente recortó su personal a la mitad (53 funcionarios fueron despedidos) y anunció el cierre de su puesto de bolsa.
— “Nosotros consideramos que tenemos un problema de liquidez, pero que somos una empresa viable en el largo plazo, y necesitábamos un periodo para hacer una reestructuración”, dijo entonces Chaves a El Financiero. “El plan de estos tres años es avanzar en los proyectos hasta convertirlos en dinero en efectivo, y con eso pagamos la totalidad de las deudas. La gente no va a perder sus inversiones en Aldesa porque los proyectos dan suficiente caja para pagar”.
— Tanto la Superintendencia General de Valores (Sugeval) como la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) se lavaron las manos pues aseguraron que estas inversiones no estaban reguladas ni supervisadas por las leyes de la intermediación financiera.
— Tal posición de la Sugeval y la Sugef dio inicio a lo que el Semanario describió como “delineamiento de una zona gris en la legislación vigente que regula la intermediación financiera y que le permitió a Aldesa Corporación de Inversiones hacer negocios desde 1991 con dinero captado al público”.
Dato D+: Una buena explicación del meollo del asunto (y por qué los inversionistas solo pueden recurrir a la vía judicial para intentar recuperar su dinero) se puede leer en el artículo “Oferta privada de Aldesa fue la que provocó lío financiero” (CR Hoy).
— En aquel momento Javier Chaves alegó que su representada tiene 28 años de realizar este tipo de negocios, de modo que hoy no se puede reclamar que sea algo ilegal. “La gente sabía que eran productos de oferta privada, los documentos decían que son de oferta privada. En esta empresa hemos actuado con honestidad, hemos puesto la cara en todo momento, no nos hemos escondido”.
— Por su lado, Ana Lucía Fernández, superintendente de Sugeval, dijo que “los inversionistas tienen que reconocer la importancia de la regulación y la supervisión. Cuando hay sujetos financieros no regulados, la Sugeval no tiene la potestad de intervenir en negocios que los involucren”.
— El tema es que la palabra “inversionista” puede ser engañosa. Gerardo Corrales, consultado en marzo por La República dijo: “Se ve muy en perjuicio del pequeño ahorrante, el pequeño inversionista, a quien la educación financiera, la falta de transparencia y la falta de información le conducen a este tipo de situaciones. Hay que preguntarse la transparencia que hubo, si los inversionistas sabían los riesgos que estaban corriendo, si había transparencia en los estados de cuenta”.
— Fue así como trascendió que numerosas asociaciones solidaristas formaban parte de la lista de acreedores de Aldesa Corporación de Inversiones. Gonzalo Meza, asesor legal de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidarista del Sector Privado (Fecaspri), así lo aseguró a Extra: “En este momento creemos que son por lo menos 50 asociaciones solidaristas afectadas por el caso Aldesa. Hubo un mensaje de que quién estaba detrás de las inversiones era Aldesa, la parte supervisada por Sugeval (Superintendencia General de Valores) y no fue así”.
— Y ahí está el meollo del asunto: “Las inversiones en un principio fueron orientadas hacia Aldesa. Al final, hemos descubierto que se trata de una empresa privada, que hizo captaciones a las asociaciones, que nunca les advirtió del negocio que se trataba, sino que las asociaciones entendieron, que estaban negociando con Aldesa con todo el grupo. Esto representa una situación delicada”.
— Ya para abril se logró consolidar una lista más robusta de las asociaciones solidaristas afectadas, sumando al menos $10.000.000. Gonzalo Meza, sostiene hasta el día de hoy, que nunca se les advirtió que el dinero se invertiría en proyectos de alto riesgo que escapaban a los controles de las superintendencias. Meza también ha dejado claro que no comparten la posición de la Sugeval de aducir que no podían supervisar las operaciones que terminaron captando los recursos de los inversionistas, posición que comparten otros expertos en el área financiera y bursátil.
— Precisamente esta semana trascendió que Sugeval anunció que abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Aldesa por posible quebranto de la normativa reguladora del mercado de valores. La propia Sugeval ha recibido ya al menos 12 denuncias contra el Aldesa Corporación de Inversiones S. A.
— Por lo pronto, el proceso judicial solicitado por Aldesa no camina a la velocidad deseada, pues en primera instancia fue rechazado dos veces ya, mas la empresa apeló y por ende la cosa se va a llevar más tiempo. En comunicado de prensa, Aldesa dijo: “Debemos informarles que el proceso de apelación podría extenderse por varios meses más... Este atraso en la admisión del proceso no es una buena noticia, por lo que les agradecemos su comprensión y paciencia hasta que los trámites judiciales nos permitan concluir los proyectos inmobiliarios para pagar a todos nuestros inversionistas”.
— A todo lo anterior hay que sumar la deuda de $3 millones de Aldesa con Hacienda, lo que genera todavía más preocupación entre los inversionistas que, al día de hoy, siguen esperando respuestas de las autoridades. Estaremos pendientes del desarrollo del caso y les seguiremos informando.
Bonus track: En Extra: El Caso de Aldesa pudo evitarse. y El caso de Aldesa puede repetirse (María Lucía Fernández, superintendente general de Valores).
Hidden track: En Doble Check: Esposo de Edna Camacho no tendrá inmunidad por el caso Aldesa. Y en La República: Emilia Navas no participaría en caso Aldesa por conflicto de intereses.
2.
Japdeva se encamina al abismo
— El viernes de la semana pasada el Gobierno anunció que había logrado alcanzar un acuerdo con los dirigentes de Japdeva para darle salida a los 900 empleados que deberán ser recortados en el corto plazo.
— El anuncio se dio luego de que la presidente ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno Rodríguez, reconociera en el programa Matices que la empresa tiene dificultadas para pagar su planilla y requiere ₡2500 millones mensuales para evitar la quiebra.
— El acuerdo da a los trabajadores de Japdeva varias opciones para no irse “con las manos vacías” a un mercado laboral ya de por sí desalentador. Entre las opciones está el retiro adelantado para aquellos trabajadores de más de 55 años y 25 de cotizar, ocho salarios para trabajadores que ganen menos de un millón de colones, y cuatro salarios para trabajadores que ganen más de un millón, en ambos casos adicionales a las prestaciones y cesantía correspondientes. Además, el Gobierno recordó a los trabajadores que todavía existe la posibilidad de realizar traslados a otras instituciones del Estado —medida que ha sido poco exitosa—
— El Gobierno no tardó ni dos días hábiles en enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para materializar el acuerdo con Japdeva, mientras desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que presentarían el presupuesto extraordinario requerido lo antes posible, sin embargo, el acuerdo fue rechazado con la misma velocidad por las bases del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
— El rechazo de Sintrajap al acuerdo con el Gobierno se basa en que ellos insisten que la situación actual es culpa del Gobierno por asignarle a APM Terminals el 70% de las embarcaciones que llegan al Caribe. Antonio Wells, secretario ejecutivo de Sintrajap, así lo señaló a CrHoy:
Lo que aquí ha pasado es producto de unas directriz del MOPT. Incluso, atropellando la ley de Japdeva. Por eso estamos como estamos. Sin carga. Sí manejamos carga, pero no mucha. Ese es el panorama que tenemos. Eso es lo que ha generado todo el desempleo y el descontento en Limón (…) Todo esto es causado por el Gobierno. Los trabajadores no tienen culpa de nada. Si no nos hubieran quitado la carga, estaríamos normalmente sosteniendo la planilla y sin ninguna amenaza de desempleo para nadie.
— La situación de Japdeva, aunque era una muerte anunciada y previsible por cualquier persona, se vio agravada este año ya que en su actual presupuesto solo se incluyó una disminución en sus ingresos (por la entrada en funcionamiento de APM Terminals) del 21,6%, pero la realidad es que desde que el MOPT giró la disputada directriz los ingresos de la empresa han caído en un 79,3%.
— El problema para el Gobierno es que, a menos de que cambie de posición y haga una redistribución de los barcos que llegan al Caribe para generarle más ingresos a Japdeva, la empresa ya no tiene los recursos para cubrir los gastos mensuales y además no cuenta con los recursos financieros para ejecutar la liquidación de los 900 trabajadores, un problema que heredó esta administración del Gobierno pasado.
— Recordemos que Japdeva está en esta situación, en parte, porque los $16 millones que había asignado el Gobierno de Laura Chinchilla para la liquidación de 900 funcionarios de la empresa se utilizaron en la compra de dos grúas Post-Panamax, que fueron parte del acuerdo entre el Gobierno de Luis Guillermo Solís y el Sintrajap para levantar la huelga de Japdeva que se extendió por 43 días a finales del 2014.
— Después del acuerdo con el Gobierno, la Junta Directiva de Japdeva tomó la decisión de comprar las dos grúas en octubre del 2015, estas llegaron a Limón en agosto del 2017, empezaron a ser utilizadas —después de múltiples fallos— en febrero del 2018 y para diciembre del 2018 operaban a media capacidad, para tan solo tres meses después ver como el 70% de la actividad portuaria del puesto pasaba a manos de APM Terminals. ¡Toda una inversión pública exitosa! #Sarcasmo
— Por otro lado, no podemos olvidar que, en el último mes, Japdeva ha acordado con el Gobierno asumir barcos que debían ser atendidos por APM, ante fallas en la nueva Terminal de Contenedores de Moín que estaban generando atrasos a las embarcaciones.
— Si bien estas fallas de APM le han dado un respiro momentáneo a las finanzas de Japdeva —y probablemente son la razón por la que no quebró en abril, como había anunciado Greivin Villegas, predecesor de Centeno— no podemos dejar de preguntarnos ¿Qué pasara cuando el Gobierno reduzca la planilla de Japdeva en ese 80% y se dé algún otro imprevisto con APM? ¿A quién va a recurrir el Gobierno para que los salve? O ¿Quedaran las exportaciones e importaciones del Caribe en manos de que la suerte no le depare más complicaciones a APM Terminals?
— Mientras tanto en la Asamblea Legislativa el proyecto de “rescate” de Japdeva no fue recibido de buena manera, ya que los diputados de la provincia de Limón consideran que las medidas del Gobierno llegan tarde, y aseguraron a La Nación que se tomarán su tiempo para analizar los proyectos porque la actual urgencia de Zapote no es urgencia en Cuesta de Moras, lo que evidentemente no es un buen augurio para la velocidad en que estos proyectos vayan a avanzar en la Asamblea.
3.
Aborto clandestino en Costa Rica: el tema del que nadie habla
— No existen datos recientes sobre la cantidad de abortos clandestinos que se producen en Costa Rica cada año. La última investigación al respecto fue la de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) y se realizó hace más de una década (entre 2007 y 2008). Por eso solo a este estudio podemos acudir como referencia y por eso es que tenemos que quedarnos con el desactualizado dato de que, hace diez años, sin Facebook ni Whatsapp, se producían 27 mil abortos inducidos por año.
— Con lo que podemos ir llenando los vacíos es con que la Caja registró que, entre 1997 y el 2017, un total de 97.984 mujeres llegaron a hospitales con complicaciones a raíz de abortos incompletos: es decir, aproximadamente 4.899 por año. Por su lado el Ministerio Público registró, entre 2009 y 2018, 253 denuncias por abortos...
— Así, con tan poca información, sería cómodo pensar que como en Costa Rica la práctica está penalizada, nadie aborta... pero ese no es el caso. Hagamos un ejercicio: pongamos "cytotec Costa Rica" en el buscador de Google y veamos los resultados. Son decenas de páginas que ofrecen métodos abortivos: cytotectico.com, cytotecencostarica.com, costaricacytotec.com, etc., etc., etc.... Son páginas que llevan denunciándose desde 2014 y que ahí siguen, como claro ejemplo de toda una red que opera clandestinamente y de la cual muchas, muchas personas pueden dar fe.
— Con este panorama ¿cómo va a saber el país cuántos abortos clandestinos se producen al año y cómo va a atender el mercado negro? Pues justo de eso es de lo que trata la investigación que el Semanario Universidad y el programa Punto y Aparte nos presentaron ayer miércoles, en la edición semanal del medio universitario.
— La investigación expone los casos de mujeres que, en diferentes condiciones, han abortado clandestinamente en el país: desde las que contaron con el apoyo de la familia y amigos en el proceso, pasando por las que lo hicieron solas y sin apoyo de nadie, hasta las que prefirieron la clandestinidad porque, aunque el embarazo ponía en riesgo la vida de la madre, la opción era más viable que quedarse esperando que el Gobierno defina cómo va a regular el aborto terapéutico. El Semanario también expone casos de hombres trans que también han pasado por una situación similar.
— Uno de los casos a los que Universidad hace referencia es el de Fernanda. Según relata la investigación es una mujer madre de una hija que sabía, por dictámenes médicos, que su cuerpo no iba a aguantar otro parto más, pues padece de una condición especial en la sangre, llamada incompatibilidad Rh. Así, en teoría, ella podría haber accedido a un aborto terapéutico pero dado que el tema no es prioritario para las autoridades, decidió, desesperada, contactar por internet a la "doctora Ani", una supuesta médica de la Caja que le vendió 36 pastillas que supuestamente interrumpirían su embarazo. Ojo el nivel de clandestinidad de esta historia, que Fernanda relata que:
En las pastillas que le compré a esa señora gasté mi salario completo, medio millón de colones. La doctora me dijo que tenía que seguir comprando y que ella tenía una casa de empeño donde podía dejar mi computadora o el carro y que ella me daba lo equivalente en pastillas a eso.
— ¿Una supuesta doctora de la Caja que tiene una casa de empeño para vender pastillas supuestamente abortivas? Ajá, eso es lo que cuenta Fernanda. Al final, por supuesto, las pastillas no hicieron efecto y terminó contactando a una organización feminista (no dice cuál) donde le recetaron un inhibidor de progesterona y dos misoprostol. Eso sí funcionó.
— Ahora bien ¿qué es el misoprostol? El misoprostol es uno de los 3 métodos más utilizados para inducir el aborto en Costa Rica: la investigación señala que destaca junto a la aspiración manual uterina y a la dilatación y curetaje (el legrado). Estos últimos dos métodos se usan más en las áreas urbanas de nuestro país, pero el misoprostol, que comúnmente se vende como cytotec en las abundantes páginas clandestinas, se usa en todo Costa Rica y así lo revelan los datos de la Asociación Ciudadana Acceder. Este es un medicamento que se receta como protector estomacal, indicado para úlceras de estómago y duodenales pero, como su principio activo es el misoprostol, también provoca contracciones en el útero que facilitan que se expulse el feto o el embrión. Según la investigación del Semanario, el costo económico de estas pastillas puede ascender hasta los 350 mil colones pero el riesgo puede ser tan alto que el costo en esa vía es incalculable.
— El reportaje nos relata la historia de María, una mujer que asegura que luego de realizada la compra y de haber abortado, empezó a recibir llamadas extorsivas por parte de la mujer que le vendió el medicamento: "Vea mamita le voy a decir algo: al muchacho que le llevó las pastillas le cayó el OIJ y yo sé que fue usted, yo sé quién es usted, cuántos años tiene su hija". Ahora, y fuera de cualquier juicio moral ¿qué hace uno en esa situación? ¿A quién llama? El artículo 119 del Código Penal castiga "con prisión de uno a tres años a la mujer que consintiere o causare su propio aborto" así que la mujer queda desamparada y a merced. Eso, y la falta de información al respecto, es lo que alimenta al mercado negro.
— Por otro lado, tampoco es como a la hora de la verdad el aborto se haya penalizado mucho: la investigación detalla que el Ministerio Público reporta que entre 2009 y 2018 solo han sido condenadas cuatro personas por denuncias relacionadas con abortos y solo una de ellas es una mujer. Así, aunque el jefe de Perinatología del Hospital San Juan de Dios, Eugenio Calderón, asegure en el reportaje que “cuando nosotros detectamos un aborto incompleto hay que reportarlo a nuestras jefatura, de la jefatura a la dirección, a la dirección de enfermería y al Organismo de Investigación Judicial, y ellos vienen a hacer secuestro de pruebas y expedientes", los datos son suficientes para demostrar que el acceso es "sencillo", la penalización es poca y, por tanto, abortar en este país no está tan pegado del cielo como tantas personas creen.
— Lo que sí está pegado del cielo es que ese aborto deje de producirse en situaciones de riesgo ¿y quienes son las que más se exponen a este riesgo? Según señaló la activista de ACCEDER, Laura Valenciano, en el programa Irreverencias de Palabra de Mujer, las mujeres más pobres:
La condición de clandestinidad nos va a afectar de manera diferenciada: este es un tema de clase. Si vos tenés capacidad económica y me decís que querés resolver una situación porque no querés ser madre y tenés un embarazo no deseado, mi recomendación, si tenés las capacidades económicas, es salir de aquí y hacerlo en un lugar donde sea legal, bajo condiciones de salud óptimas y ese es el tema: que en qué condiciones abortaría yo, depende del tamaño de mi billetera y yo creo que eso para nosotras en general, ha sido el motor de por qué hay que decir esto ya.
— Valenciano agrega que "yo no quiero que nadie tenga que abortar, yo quiero que las mujeres sean libres de decidir si necesitan ese aborto y si lo deciden así, que tengan los servicios necesarios para tenerlo, eso quiere decir los mecanismos modernos más adecuados y menos invasivos, información y educación sexual" pero eso no va a pasar si seguimos ignorando el tema y seguimos dejándoselo a la merced a comerciantes ilegales.
Bonus Track: Argentina: Proyecto de aborto legal es presentado al Congreso por octava vez.
4.
Barra de Prensa
670.640 personas con discapacidad en Costa Rica tendrán derecho a protección especial del Estado tras aprobarse en definitiva una reforma constitucional este miércoles en el Congreso. Además, se instalaron las comisiones permanentes ordinarias y los movimientos más relevantes fueron: Jonathan Prendas pierde la presidencia de Ingreso y Gasto Público, mientras que Paola Vega toma control de Ambiente, tras el mal desempeño de esa comisión durante el primer año. Todos los detalles en nuestro canal Barra de Prensa (Exclusivo para suscriptores D+).
5.
Barbas en Remojo
En Costa Rica el aborto clandestino no existe
No existe en los datos de la Caja, no existe en el Ministerio Público, no existe en ningún estudio actual. Uno ve que de aborto clandestino nadie habla y respira tranquilo, dice "eso aquí no pasa". Pero la última investigación al respecto, que fue la de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) y se realizó hace más de una década, señaló, en 2008, que en ese momento se realizaban aproximadamente 27 mil abortos clandestinos al año, en suelo nacional. La Caja, además, tiene registros de haber atendido, aproximadamente, 4899 abortos incompletos al año entre 1997 y 2017 y si a eso le agregamos que la Demográfica también señaló que solo el 20% de las mujeres que se inducen un aborto acuden a servicios de salud, la estimación de 24 mil mujeres abortando al año que nos dio el Semanario Universidad en su reportaje de ayer, nos demuestra que aquí hay algo que no calza con el “eso aquí no pasa”.
El aborto, en sí mismo, es uno de los temas que más polémica levanta y las razones de esta división de opiniones son hartamente comprensibles. Visibilizar este tema no busca, ni por un asomo, cambiar la postura que cada quien tenga respecto a esta práctica. Lo que sucede es que si no se habla del tema y si no se visibiliza y si se sigue con la creencia de que "aquí no", lo que hacemos es, además de darle de comer a manos llenas a los comerciantes de misoprostol en el mercado negro, exponer a incontables riesgos a las mujeres que optan por esta opción. Porque es una opción y lo ha sido siempre. El jefe de Perinatología del Hospital San Juan de Dios, Eugenio Calderón, le dijo al Semanario que en Costa Rica se registran abortos inducidos desde la década de los 50, esto no es nuevo. Lo nuevo son las formas de acceder y vender métodos abortivos, que ya explotaron y están justo debajo de nuestras narices.
Es difícil que seamos realmente conscientes de si alguien que conocemos ha decidido abortar en algún momento de su vida o no pero, si así es, lo que les podemos garantizar es que los niveles de riesgo con los que esa mujer lo hizo no van a hacer más que repetirse sin fin, si no empezamos a darle ya, la bola necesaria al tema. Está pasando y si no hablamos de lo que pasa, con la importancia y seriedad que requiere, así seguirá. El oscurantismo no sirve más que para hacer ricos a quienes venden esas pastillas por internet pues se las van a seguir comprando, con nuestra aprobación o sin ella. Llevemos el tema a la mesa de discusión que a la realidad costarricense hace rato llegó.
— Andrea Mora.
6.
Palabras Prestadas
"El 100% de las personas con discapacidad vivimos discriminación y voy a decir tan solo por dos razones, por el acceso al espacio físico y por el acceso a la información, no me vengan a decir que solo es el 23%".
"La respuesta de la Dirección General de Adaptación Social: haremos más módulos donde quepa más gente. Seguimos pensando que el problema de las cárceles es la falta de espacio, sin pensar en por qué esas personas están ingresando al centro y cómo podemos evitar su ingreso".
7.
Botonetas
— En nuestra sección HOY, y en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad que se conmemoró ayer, les contamos que el 18,2% de la población de Costa Rica tiene alguna discapacidad.
— Échenle un ojo a The Funnel News, un motor de recomendación de noticias en inglés y en formato de video de 3 minutos aproximadamente, para personas que quieren mantenerse informados en temas de política, economía y negocios. Esto se logra a través de un playlist diario enviado al correo.
— ¡No se pueden perder el Café para Tres de hoy! Los esperamos a las 8 de la noche en nuestro canal de Facebook.
