Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República publicado este miércoles reveló que cinco municipalidades del país usan de forma incorrecta, sin planificación o subejecutan millones de colones que el Gobierno Central les traslada mediante las famosa "partidas específicas" con cargo al Presupuesto Nacional.
Se trata de los gobiernos locales de Buenos Aires, Corredores, Pococí, Turrialba y Upala, las cuales reciben dineros debido a que cumplen con las condiciones establecidas en la Ley 7755 "Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional".
Según un análisis realizado por el ente fiscalizador de la hacienda pública, las municipalidades fiscalizadas no realizan análisis técnicos, económicos y legales a los proyectos financiados con partidas específicas que proponen los concejos de distrito, previo a la remisión de los perfiles respectivos a la Dirección General de Presupuesto Nacional; es decir, no tienen una participación activa por medio de los funcionarios competentes, desde la formulación y planificación de las iniciativas.
"Durante el inicio de la planificación de los proyectos, los gobiernos locales no realizan procesos de valoración para asegurar razonablemente que se cuenta con las condiciones idóneas para la ejecución exitosa de las iniciativas, por ejemplo: determinar si los recursos propuestos son suficientes, si los requerimientos de materiales, mano de obra y equipo son adecuados según el tipo de obra y si es posible legalmente la ejecución del proyecto", aseguró la Contraloría.
La auditoría encontró que las municipalidades fiscalizadas acumulaban al 31 de enero ₡1343,3 millones por concepto de partidas específicas, de los cuales el 60,0% (₡805,2 millones) corresponden a partidas específicas que no muestran ningún avance en su ejecución.
De esos ₡805,2 millones sin ningún tipo de ejecución, el 70,2% (₡560 millones) fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para los periodos anteriores al 2018.
Inclusive, la Contraloría encontró que en los casos de las municipalidades de Turrialba y Buenos Aires una parte de los recursos le fueron asignados desde hace 25 y 20 años respectivamente, mientras que en los restantes gobiernos locales los recursos más antiguos y que no presentan avance, se aprobaron entre los años 2006 y 2010.
La auditoría también encontró cuatro situaciones principales que han impedido la ejecución oportuna de los recursos: en 83 casos con 211,9 millones acumulados, no se ha acordado con la comunidad los proyectos a ejecutar; en 33 casos por 113,7 millones se solicitará una variación de destino a la Asamblea Legislativa; en 25 casos por 88,6 millones se trata de proyectos no viables por aspectos técnicos, legales o económicos: y en 18 casos por 57,7 millones se realizó una variación de destino de los recursos.
El informe también señala que las municipalidades fiscalizadas no cuentan con un proceso formal para notificar a las organizaciones y comunidades beneficiarias, en cuanto a los recursos de partidas específicas acumulados; a fin de promover el involucramiento de estas y la toma de decisiones oportunas sobre el uso de esos recursos.
Dada la no ejecución de los recursos, las municipalidades han optado por usar los dineros en compra de combustible o mantenimiento de maquinaria municipal, una vez transcurrido el plazo de tres años o más que indica la Ley 7755; y entre los proyectos sin ejecutar se encuentra infraestructura comunal, deportiva y creativa, aceras, puentes, caminos y centros educativos.
Finalmente, la Contraloría encontró debilidades en el registro, control y seguimiento de los recursos de partidas específicas, tales como carencia de una base de datos consolidada acerca de la asignación y grado de avance físico y financiero de las partidas, errores en el registro de los gastos asociados, ausencia de actividades de control debidamente formalizadas para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales entregados a los organizaciones beneficiarias e inexistencia de labores de seguimiento a las iniciativas que han recibo financiamiento por medio de las partidas específicas.
La institución giró una serie de órdenes a cada una de las municipalidades fiscalizadas para subsanar las deficiencias encontradas.
