Hoy en día parece haber un consenso (¿creado?) sobre las responsabilidades del sector público sobre la desigualdad, la corrupción y el fracaso continuo de mi Liga Deportiva Alajuelense. No sin sarcasmo, tal vez, no hace muy pocas semanas la Revista Dominical nos advertía que éramos más desiguales pero felices. Otros sugieren que nuestro continuo problema sobre la desigualdad es un tema de cómo la medimos. Lo cierto hoy es que Costa Rica es uno de los países más desiguales en el mundo según la OCDE; del grupo de países OCDE estamos solamente detrás de Sudáfrica, China, India y Colombia.  Y en América Central, ese patio trasero que nos huele mal, ya en 2014 éramos más desiguales que Nicaragua y El Salvador. Solamente peor quedan Guatemala y Honduras.

Qué es la desigualdad

Ya dirán ustedes: “Sí, todo es desigual. Unos más altos. Otros más fuertes. Otros mejor peinados”. Pero ahí hablamos de diversidad, cada quién es distinto producto de una modificación de la naturaleza humana. Las desigualdades políticas, económicas o sociales son por el contrario producto de decisiones históricas sobre a quién o no favorecer o integrar socialmente de acuerdo con su sexo, su color de piel, su riqueza, su procedencia o su religión.

En particular a mí me preocupa la desigualdad económica. En un libro famoso el epidemiólogo (la desigualdad no solo importa a los economistas) Richard Wilkinson la definió como la brecha entre lo que gana el 20% más rico y el 20% más pobre de un país, población o del mundo. Con esos estándares sabemos hoy que el problema de la desigualdad no es sólo un problema nacional, sino global. De acuerdo con OXFAM hoy en día 26 personas poseen la misma cantidad de riqueza que la que poseen juntas 3.800 millones de personas. No se trata exclusivamente de que esas 26 personas hayan sido exitosas en sus áreas de trabajo, si no que, ellos y otros pocos, han ido ganando cada vez más influencia dada su riqueza en la definición de las políticas públicas, asegurando y preservando una lógica que los beneficia a ellos en prejuicio de las grandes mayorías.

En el país dadas las limitaciones con respecto al acceso a datos sobre renta e ingresos, sabemos poco sobre cómo está distribuida la riqueza entre los más más ricos del país.  Sin embargo, reportes como el del Wealth X Report señalan que los “ultra ricos” costarricenses con fortunas superiores a los 30 millones de dólares pasaron de ser 85 personas en el 2012 a 100 en el 2013.

Forbes la Revista especializada en la riqueza solo ha incluido a dos empresario ticos entre sus filas. En un reciente estudio Maynor Cabrera encontró que, en comparación con Guatemala, El Salvador y Republica Dominicana, Costa Rica y Guatemala presentan los indicadores más altos de desigualdad. Por ejemplo, en el índice de Gini que mide la distribución desigual del ingreso donde 0 es una distribución perfecta y 1, una distribución donde solo una persona posee todo el ingreso, Costa Rica (0.51) está detrás de Guatemala (0.53), pero sobre República Dominicana (0.48) y El Salvador (0.43). En el índice de Palma, que mide los ingresos del 10% más rico de una sociedad con respecto al 40% más pobre, Cabrera encontró que en Costa Rica ese 10% de la población recibe más de 3 veces —3.57 veces para ser exacto—  el ingreso que lo que recibe el 40% de la población más pobre, solamente superado por Guatemala donde el 10% más rico recibe casi 4 veces (3.87) más que el ingreso del 40% más pobre.

Posibles causas

En buena medida esta mayor inequidad en el país tiene que ver con varios factores. Por un lado, el rol predominante que han adquirido los empresarios en la política nacional (puertas giratorias). Como ya he dicho antes, no es un problema de que “sean malos”, sino que ellos representan intereses que no siempre son los intereses de la mayoría de la población. Esta masiva llegada de empresarios a altos puestos de decisión política en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa por ejemplo ha reducido los márgenes para que, como se demostró en la reforma fiscal pasada, se graven sus fuentes de riqueza.

También una parte de estos empresarios, como han demostrado los casos de Yanber y El Cementazo utilizaron sus redes políticas y sus contactos en instituciones públicas para vulnerar controles y aumentar sus rentas. Por otro lado, el modelo de desarrollo nunca terminó de derramar. La apuesta por el sector de servicios principalmente del sector turismo y la alta tecnología logró enganchar a un grupo de personas altamente calificado, sobre todo en la GAM al mercado laboral, pero que, sin embargo, no encadenó con otros sectores o poblaciones. El desarrollo desigual de Guanacaste es sin duda un caso paradigmático. También, y de esto pareciera ser un abanderado el Gobierno de Alvarado, se han promovido e impulsado mayores políticas de “austeridad” reduciendo el gasto social y limitando y contrayendo derechos laborales mientras se mantienen privilegios y protecciones —por ley o por omisión— al sector privado. Las garantías fiscales a Zonas Francas y las limitaciones a la inspección laboral en piñeras o bananeras son otros dos ejemplos.

Qué hacer

El Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de Naciones Unidas (UNRISD por sus siglas en inglés) ha propuesto que para reducir las desigualdades a un nivel decente para la vida digna es necesario un nuevo contrato social determinado por alianzas amplias para un cambio real.

Costa Rica ya impulsó estas coaliciones entre clases (sindicatos, sector privado, estado, iglesias) con éxito —en contextos mucho más polarizados que el actual— en los años cuarenta y cincuenta. El problema de la desigualdad no es del sueño comunista de todos con las mismas chancletas, por el contrario, se refiere a la falta de innovación, la concentración del poder en pocos actores, la disminución de la confianza en las instituciones y la ruptura de la cohesión social.

Tal vez para el Bicentenario celebremos el colapso social del país u, ojalá, todo lo contrario.

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