El viceministro de Ingresos, Nogui Acosta sumó nuevos señalamientos al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regular plataformas como Uber en Costa Rica.
Acosta compareció ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso y señaló que en Hacienda no están de acuerdo con que el impuesto del 3% que se pretende cobrar por cada viaje que se realice en ese tipo de plataformas vaya a parar al famoso "Fondo Nacional de Movilidad", pues la iniciativa volvería a crear un órgano desconcentrado con personería jurídica cuyo presupuesto estaría abstraído del control legislativo.
El viceministro cuestionó además que el proyecto le otorgue funciones al Consejo del Transporte Público (CTP) tan delicadas como lo es participar del mercado financiero emitiendo títulos valores, especialmente si se toma en cuenta que dicho órgano tiene cero expertiz en ese tema y por lo tanto, se convertiría en un pasivo contingente para el Ministerio de Hacienda pues cualquier reclamo de algún inversionista tendría que ser apechugado en última instancia por el Estado.
A los cuestionamientos se sumó el que el proyecto pretenda cobrar impuesto sobre las remesas al exterior a empresas como Uber, pues según Hacienda, la dinámica con la que opera dicho servicio haría que se incurra en una doble imposición.
Acosta recordó que el impuesto a las remesas se creó y opera como un impuesto único y definitivo para pagos que se hacen a una entidad fuera del territorio nacional, y la cual no devuelve dinero al país, sin embargo, Uber hace el cobro a través de la plataforma (fuera del país), deduce su comisión y devuelve el dinero al país para depositarlo al "socio colaborador".
Ello implica que si el conductor está registrado como contribuyente del impuesto de la renta, tendría que pagar impuestos por ese dinero que recibe, el cual de por sí ya pagó impuesto a las remesas, incurriendo en una doble imposición.
Acosta señaló, además, que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya se hicieron las coordinaciones necesarias con los bancos para que estos operen como retenedores del IVA y luego lo giren a Hacienda.
Y como si los señalamientos hechos hasta ahora no bastaran, Delfino.cr obtuvo copia del criterio de la Contraloría General de la República respecto a este proyecto, donde también se cuestiona que el famoso "fondo" no tiene fundamentación jurídica ni técnica suficiente que permita sostener sus alcances, los proyectos que involucra, las fuentes y estimaciones económicas.
La Contraloría también criticó que se pretenda excluir al fondo de la aplicación de la normativa general, pues crea distorsiones en el sistema y dificulta el control.
"Es importante que se procure un régimen jurídico uniforme y coherente en esa materia, que brinde seguridad jurídica a los diferentes involucrados, así como al control interno y externo de la actividad contractual", dice el oficio DFOE-IFR-0123
El ente auxiliar del Congreso también reprochó que se le pretenda incoar la responsabilidad de aprobar el presupuesto del "fondo", pues el proyecto más bien dice que el mismo estará bajo la administración del CTP y por ende vinculado a su estructura y régimen presupuestario, por lo que no le correspondería a la Contraloría dar el visto bueno.
De igual forma, la Contraloría cuestionó que se pretenda permitir al CTP intervenir en el mercado financiero emitiendo títulos valores, pues es una materia no dispuesta dentro de sus competencias ni especialización.
"Esta Contraloría General, estima aconsejable que se cuente con el criterio de los reguladores del mercado financiero y de valores (SUGEF y SUGEVAL) y, adicionalmente, resulta de interés, que se analice si esta comercialización de valores en el mercado financiero puede provocar afectaciones en temas de endeudamiento público y el costo de los recursos para ejecutar los objetivos del fondo", advierte el oficio.
Audiencias en comisión sobre huelgas
La Comisión Especial que Estudia el Derecho a Huelga recibió este miércoles a Edgar Mora, ministro de Educación Pública y a Mauricio Castro, padre afectivo de la Reforma Procesal Laboral para referirse al proyecto impulsado por Carlos Ricardo Benavides respecto a cambios en la normativa legal respecto a los movimientos de protesta encabezados por sindicatos.
En breve, el ministro de Educación confirmó que para ellos la educación es un servicio esencial pero se negó a responder de forma directa a la pregunta de si entonces estaba a favor de prohibirle la huelga a los más de 85 mil funcionarios del MEP.
"Servicio esencial tiene que ver con las posibilidad de las personas de conseguir buena salud, seguridad y proteger su vida. Interpretamos que estas tres características se suscitan en el servicio educativo, así que sí, lo consideramos un servicio esencial", dijo.
En su lugar Mora dijo que era necesario que se dejara clara la "incompatibilidad" de que una huelga contra políticas públicas como la que se dio contra el plan fiscal el año pasado sea también indefinida, pues ello atenta contra el principio de continuidad en el sistema educativo.
El jerarca de educación también dijo estar a favor de los cambios que introduce el proyecto respecto a la notificación por correo para sindicatos y la autorización de cobrar salarios pagados a funcionarios que participaron de una huelga declarada ilegal por un juez de la República.
Asimismo, Mora dijo que para él los directores de centros educativos son representantes patronales por lo que no deberían tener derecho a huelga y que aunque esa tesis fue sostenida tiempo atrás por el Ministerio, no pudo aplicar sanciones a los directores que se fueron a huelga pues el movimiento fue declarado "legal" por el Tribunal de Apelaciones.
Por su parte, Mauricio Castro hizo una larga exposición sobre criterios sostenidos por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el Comité de la Libertad Sindical, afirmando que dichos pronunciamientos sí son vinculantes para Costa Rica pues así lo dispuso la Sala Constitucional desde el año 1995 cuando anuló la colegiatura obligatoria para periodistas, a raíz de un criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una opinión consultiva.
Aunque dicho fallo, según verificó Delfino.cr, no hace alusión directa a la OIT ni sus órganos en ninguna parte, según el abogado laborista es la base empleada para sostener que los criterios del Comité de Libertad Sindical sí son vinculantes.
Castro señaló además que si los diputados pretenden prohibir las huelgas contra políticas públicas, como lo podría ser una huelga contra un decreto que fija salarios que no cubren la inflación, ello constituiría una "grave violación" a la libertad sindical, pues así lo ha considerado en ocasiones previas el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Asimismo, el abogado difirió sobre la potestad que tiene el Congreso de decidir cuáles servicios serán considerados como esenciales, pues según su cita de la doctrina de la OIT, solo se puede prohibir la huelga en servicios estrictamente esenciales.
Carlos Ricardo Benavides peleará la presidencia
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides peleará por la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa en las elecciones del próximo 1 de mayo, según confirmó el congresista.
Benavides fue confirmado como el candidato verdiblanco luego de una encerrona realizada por la bancada liberacionista este miércoles, tras semanas de rumores de su potencial candidatura, la cual tendría los 10 votos asegurados del Partido Acción Ciudadana (PAC), dado que Carolina Hidalgo no se postulará para la reelección.
El acuerdo del PLN incluye promover un directorio multipartidista como el actual, sin embargo, no se adelantaron detalles de cómo será la conformación.
El Directorio lo integran la presidencia, vicepresidencia, dos secretarías propietarias y dos secretarías suplentes. Los puestos más importantes, sin embargo, son la presidencia y las dos secretarías propietarias, pues son las que se reúnen semana a semana y toman medidas administrativas.
