El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José anuló la sentencia condenatoria contra Carlos Andrés Pérez Sánchez, por haber dañado infraestructura de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) en el marco de la huelga sindical contra el plan fiscal.

La resolución fue emitida este martes por los jueces de apellido García Rojas, Rojas Gutiérrez y Chinchilla Calderón, quienes declararon con lugar los recursos de apelación interpuestos tanto por el Ministerio Público como por la defensa del funcionario.

Con esa medida la sentencia condenatoria emitida por el juez Sergio Céspedes del Tribunal de Flagrancia de Limón fue anulada y deberá realizarse un nuevo juicio y por la vía ordinaria. Mientras ello ocurre, Pérez Sánchez quedará en libertad.

La sentencia fue anulada por múltiples razones, incluyendo que el Tribunal de Flagrancia se constituyó unipersonalmente, pese a que por el monto de la pena máxima debía hacerse de forma colegiada; omisión de valoración de pruebas aportadas por la defensa del acusado y el hecho que el juez Céspedes no se apartara del conocimiento de la causa, pese a que el abogado defensor lo había denunciado años atrás.

La anulatoria también se debió a que el juez condenó a Pérez Sánchez a una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años, pese a que tal medida no está prevista para el delito de daños por el cual se le condenó.

Asimismo, el tribunal tomó en cuenta que el juez omitió referenciar a penas sustitutivas a la prisión, como arresto domiciliario o prestación de servicios de utilidad pública, sin una motivación razonable para ello.

Por todos esos yerros, el Tribunal dispuso enviar el caso al Tribunal de la Inspección Judicial para que se determine si cabe alguna responsabilidad contra el juez.

Carlos Andrés Pérez fue condenado a dos años de prisión y sin derecho a la ejecución condicional de la pena, luego de ser sorprendido dañando válvulas de esferas de almacenamiento de gas de RECOPE durante la huelga sindical contra el plan fiscal.

El Ministerio Público había acusado a Pérez de sabotaje, sin embargo, el juez lo condenó por "daños agravados". La apelación de la Fiscalía también fue acogida.