Como bien lo dice El II Panel Independiente para la Elección de Magistrados y Magistradas (Foro de Justicia) “resulta fundamental, en una sociedad democrática, el control ciudadano sobre el desempeño de los órganos seleccionadores de altos puestos de la función pública”.
Luego de que la Sala III se cayera a pedazos a partir de serias acusaciones de corrupción tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo se llenaron la boca hablando de los cambios que veríamos a fin de evitar el cáncer de toda una vida a la hora de nombrar magistrados y magistradas: nombramientos oscuros, a dedo, a punta de favores políticos.
En el libro Costa Rica, la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos) el profesor Manuel Antonio Solís Avendaño da larga cuenta de la pobredumbre detrás de innmuerables nombramientos en la Corte desde el Congreso en los últimos treinta años. El hedor se ha mantenido como una constante que, se suponía, empezaría a desaparecer tras el escándalo de El Cementazo.
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