La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios allanó las instalaciones de Telefónica de Costa Rica TC S.A. (Movistar Costa Rica) este martes luego de una denuncia por defraudación fiscal presentada por el Ministerio de Hacienda a finales de diciembre del 2018.
Según informó el Ministerio Público, las labores de registro y secuestro fueron autorizadas por un juez de la República y se realizaron en las instalaciones de la empresa de telefonía, su compañía filial Tejisa, así como en el Bufete Zurchher Odio & Raven y la empresa de asesoría fiscal KPMG.
El caso se remonta a diciembre de 2017, cuando el Ministerio de Hacienda detectó que Telefónica de Costa Rica inició una maniobra ilícita para defraudar el pago de impuestos en el país, creando e interponiendo una empresa filial (Tejisa) a la que, posteriormente, le vendería sus activos indispensables para operar en Costa Rica.
Según denunció Hacienda, ambas empresas firmaron un contrato de compraventa financiada de activos, en la cual Telefónica otorgó un préstamo financiero a la empresa Tejisa, pues esta no tenía capacidad ni solvencia económica para comprar los activos de la compañía celular.
Paralelamente ambas empresas firmaron un contrato de arrendamiento de activos, lo que permitió a Movistar declarar a Tributación un gasto de alquiler, cuando en realidad los bienes nunca dejaron de pertenecerle.
Tal maniobra les permitió evadir el pago de 1250 millones de colones por Impuesto sobre las Utilidades en el periodo 2017.
Precisamente Telefónica de Costa Rica apareció en el registro de grandes contribuyentes que de forma reiterada han declarado cero ganancias o inclusive pérdidas en los últimos diez años. En su defensa, la empresa dijo el año pasado que todos los recursos los estaba invirtiendo en el país para ampliar su cobertura.
Según confirmó el Ministerio Público, en este caso figuran como investigados seis sujetos de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena.
