El gobierno de Daniel Ortega ordenó hoy al parlamento -dominado por sandinistas- cancelar la personería jurídica al Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos, Cenidh, y a la organización de sociedad civil Hagamos Democracia, oficializando el asedio a organizaciones opositoras.

Con 70 votos a favor y 17 en contra, la bancada sandinista aprobó la resolución con el argumento que ambas organizaciones apoyaron un “intento de golpe de estado” y que reciben financiamiento de Estados Unidos para promover inestabilidad política.

“El CENIDH ha desnaturalizado sus objetivos para los cuales se fundó y lejos de defender los derechos humanos…se ha convertido en un organismo para triangular dinero, para fomentar la desestabilización del intento de golpe de estado que quisieron realizar en nuestro país”, expresó Auxiliadora Martínez, diputada sandinista, durante un ligero debate en la asamblea.

La directora del Cenidh, Vilma Núñez, vio por televisión los argumentos de los parlamentarios oficialistas mientras acusaban a su organización y brindó una rueda de prensa donde afirmó sentirse “completamente indignados”.

“Hay Cenidh para rato, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su consejo directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo del equipo que a diario enfrenta violencia, discriminación y atropellos” aseguró Núñez de 80 años y fundadora del organismo que nació en 1990 y es miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), emitió un comunicado “condenando energéticamente las medidas condenatorias” de la asamblea de Nicaragua en contra del organismo de Derechos Humanos.

“Las organizaciones sancionadas y sus miembros han visto violentadas sus garantías al debido proceso, particularmente a los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia” cita el comunicado de OACNUDH, al tiempo que solicita al poder judicial revertir dichas sanciones.

“Atacar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cancelándole su personalidad jurídica, es otra maniobra del Presidente Daniel Ortega para reprimir y tratar de encubrir las graves violaciones de derechos humanos que su gobierno ha cometido” reaccionó en Twitter Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La semana pasada la misma asamblea canceló la personería jurídica y congeló cuentas bancarias de Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEP, dirigido por el opositor Felix Maradiaga, quien se encuentra en el exilio por las amenazas y agresiones en su contra de parte de simpatizantes sandinistas.

Las acciones en contra de oenegés crítica a la gestión gubernamental iniciaron el pasado 30 de noviembre cuando el gobierno de Nicaragua canceló la personería y confiscó bienes del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), luego de expulsar del país a su directora Ana Quiroz, feminista costarricense y naturalizada nicaragüense.

Vilma Núñez: “esto y el ataque a los periodistas es una nueva modalidad de incremento de la represión”.

La lupa gubernamental continúa bajo otras organizaciones y medios de comunicación. Ayer, directivos del Centro de Investigación de las Comunicaciones (Cinco) fueron citados por la fiscalía para abordar asuntos de “interés”.

Cinco fue fundado por el periodista Carlos Fernando Chamorro, actual director de los programas televisivos Esta Semana, Esta Noche y el semanario Confidencial, cuyo trabajo periodístico ha sido crítico a la gestión del gobierno de Daniel Ortega.

El mes pasado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro detalló que las agresiones, amenazas y censura a periodistas y medios de comunicación suman 420, desde que inició la crisis política de Nicaragua el 18 de abril pasado. Entre estos destacó el asesinato del periodista Ángel Gahona mientras daba cobertura a las protestas en la ciudad de Bluefields, en el caribe del país.

El documento señala que los ataques provienen de policías, simpatizantes sandinistas y paramilitares leales a Ortega. "Podemos deducir con precisión que en la actualidad la prensa independiente vive y sufre un permanente acoso por parte de las autoridades del gobierno" manifiesta la fundación.

Hoy el sector privado hizo pública una petición al presidente Ortega para solucionar la crisis que inició en abril y que según ellos, depende de la voluntad política del gobierno para dialogar. Así mismo solicitaron la liberación de los presos políticos, el adelanto de elecciones y una reforma al consejo electoral.

“Está en sus manos que alcancemos la reconciliación en el país que se base en una verdadera cultura de paz y justicia en donde los resultados sean visibles para todos”, cita la carta firmada por las principales cámaras empresariales del país.