En la última entrevista del año, nos acompaña Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional y quien fuera presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), durante el último año, hasta el pasado 11 de diciembre.   

Aparte del mundo académico, Prieto también conoce los lares políticos. Exdiputado (1978-1982) por el Partido Liberación Nacional, ex embajador de Costa Rica en México, además de ex presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje.

Con él resulta conveniente conversar sobre la visión de la educación superior respecto a los estudiantes (que algunas quejas tienen), y sobre el manejo eficiente de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

No se puede dejar de lado el hecho que los diputados actuales han sugerido la creación de “comisión especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FEES”.

***

Conare aglutina importantes proyectos a nivel nacional. En el campo de de investigación continua destacan, por ejemplo, el Programa del Estado Nación y el Estado de la Educación. El edificio donde se desarrollan está en Pavas. Es bastante grande y ahí es donde nuestra entrevista tiene lugar.

Me acompaña, como recientemente, Eduardo Carmona, fotógrafo y voz extraordinaria de nuestro Sonorama. Como es costumbre en estas entrevistas políticas, también nos acompaña una periodista institucional, quien también graba nuestra conversación.

Luego de que nos asignaron una incómoda oficina, Prieto nos atiende. Él y yo nos sentamos en una pequeña mesa redonda, Eduardo se acomoda por donde mejor puede y la periodista, Vanessa, se sienta a un costado de Prieto.

Empecemos por lo básico, si gusta se presenta...

—Mi nombre es Marcelo Prieto Jiménez, mi profesión base es abogado. Llegué a la administración académica proveniente de un pequeño colegio universitario público, el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA).

Igual que a otros colegios universitarios, muy rápidamente lo hicimos desaparecer, para crear una nueva universidad pública de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Me correspondió asumir la primera rectoría de la Universidad [UTN], y ya estoy terminando mi segundo periodo, que es el último. Durante este año [2018] me correspondió ejercer la presidencia de Conare.

Hablemos un poco de la transición de eliminar los colegios universitarios, para crear la Universidad Técnica Nacional. ¿Qué tan difícil es hacerse camino entre las universidades nacionales y llevarse una parte del FEES?

Imagino que el resto de las universidades habrán sido un poco celosas para compartir parte de ese presupuesto.

—Sí.

Hablemos un poco de cómo ha sido ese proceso...

—Lo primero es que, romper el esquema de colegios universitarios, que fueron una solución para atender la creciente demanda de educación superior pública a finales de los 70, fue muy difícil.

Se creía que los colegios universitarios desempeñaban una función fundamental en el proceso educativo superior de Costa Rica, y probablemente era cierto, pero también era cierto que tenían unas grandes limitaciones.

El modelo de colegios universitarios de Costa Rica se inspiró, por no decir se copió, del modelo de Community College que funcione en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, como todo lo que copiamos en Costa Rica, lo copiamos mal.

Para cuando se dio la Ley [6541] de los colegios universitarios a finales de la década de los 70 yo era diputado, así que recuerdo perfectamente todo el proceso de discusión que hubo, y cuando se crearon no se adscribieron, como sí lo hacen los colegios comunitarios de Estados Unidos o Canadá, a las grandes universidades públicas, sino que se ligaron al Ministerio de Educación Pública, específicamente al Consejo Superior de Educación (CSE).

La función de estos colegios era extremadamente limitada, porque nunca tuvieron lo recursos necesarios para enfrentar lo que se demandaba de ellos. Por ejemplo, nunca hicieron investigación, elemento fundamental del proceso educativo.

¿Qué tipo de carreras daban en estos colegios universitarios?

—Todo tipo de carreras, desde administración, hasta carreras las vinculadas a ciertas artes. El título de mayor rango que se podía otorgar era el de diplomado para universitario. Ni siquiera un diplomado universitario. Es decir, se llamaban colegios universitarios, pero era falso [porque no otorgaban títulos universitarios].

Entonces, ¿para qué abrieron un modelo de educación así?

—Para no constituir más universidades públicas, o al menos es lo que yo creo. Se encontró que este modelo podría servir para atender la demanda de educación superior pública.

Antes de la creación de la UTN, funcionaban seis colegios universitarios, ahora quedan únicamente dos. Los colegios universitarios que no quisieron adscribirse a la UTN son el de Cartago (CUC), “que, como buenos cartagos, siguen esperando a que se aclaren los nublados del día”, dice Prieto, y el de Limón (CUNLIMÓN).

Según el rector, el proceso de formación de la nueva Universidad contó con gran respaldo de los gobiernos Arias-Sánchez y Chinchilla-Miranda.

“Pasamos de a 2400 estudiantes matriculados en los Colegios antes de la fusión, a actualmente tener 13700 estudiantes matriculados en carreras formales”, señala el rector.

***

Recuerdo que cuando ingresé a la carrera de periodismo, al mismo tiempo siempre trabajé. En aquel tiempo (no sé si ahora la gente es igual de prejuiciosa) me preguntaban dónde y qué estudiaba. Cuando contestaba que periodismo en la universidad tal, la gente torcía los ojos y hacía cara de “que pecado”.

Entonces, yo suspiraba un poco y pensaba que si no les parecía podían costearme la vida durante ocho años, mientras me graduaba de una universidad pública. Porque sí, esto es lo que tardan muchos estudiantes en recibirse.

Una auditoría de la Contraloría General de la República, sobre la eficiencia del sistema de becas en la Universidad de Costa Rica determinó que, en promedio, sus estudiantes tardan 16 semestres en graduarse. Ajá, ocho años.

Aunque, bueno, podría ser peor, según el Estado de la Educación 2017, en promedio, un estudiante de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) tarda 13 años en obtener su primer título universitario.

Agreguemos otro dato: un 50% de los estudiantes matriculados en la Estatal a Distancia se cambia a universidades privadas, mientras que el promedio de cambio en las otras universidades públicas es del 17%.

Con esto en cuenta, encuentro algo llamativo en algunos datos. En el hogar donde existe el lujo de graduarse en ocho años, la inversión por estudiante es menor que si fuese estudiante de una universidad privada.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2011, citada en el mismo Estado de la Educación 2017, señala que se requiere el doble de recursos por un estudiante de universidad privada que para uno de universidad pública. Veamos los números:

“El gasto por hogar con hijos en un centro de educación superior privada alcanza los 112.000 o, 126.000 colones por estudiante, montos que resultan el doble de lo reportado por aquellos cuyos miembros asisten a un centro público (cerca de 55.000 colones al mes por estudiante y 65.000 colones por hogar)”.

Sin embargo, según leo y re-leo, hay un vacío en el análisis, pues no se profundiza en el origen de esos 126 mil colones. ¿Es ese dinero aportado por los padres o son los mismos estudiantes quienes costean su carrera? No me atrevería a hacer una afirmación generalizada, pero por experiencia, creo que en muchos casos el dinero proviene del trabajo de los mismos estudiantes.

En una línea parecida, Prieto dice que la UTN es la única universidad estatal que continúa titulando diplomados. Según él, esta modalidad responde al nuevo perfil de los estudiantes de educación superior.

¿Por qué siguen extendiendo diplomados?

—Para favorecer la inserción laboral de los estudiantes lo más pronto posible. Hay muchas personas que no pueden mantenerse únicamente en su estado de estudiantes. Ya el estudiante que entra a las 8:00 a.m., todos los días, que es mantenido por sus padres y que saca su profesión en 5 o 6 años, viene siendo una especie en extinción.

La condición socioeconómica del país no permite ese modelo de estudiante. Si queremos extender la educación superior a sectores de la población más vulnerables tenemos que brindar mis posibilidades.

Por un lado tenemos que darles becas, desde luego, pero además debemos darles la seguridad de poderse insertar en el mercado laboral lo más pronto posible.

En otros países el Diplomado es el equivalente al Técnico Superior Universitario. En [Costa Rica] deberíamos cambiarle el nombre. Este es un nivel de pregrado donde el estudiante sale con las competencias necesarias [para conseguir un trabajo].

En la UTN tenemos un porcentaje cercano del 50% de nuestros estudiantes que trabajan.

Volvamos a la pregunta inicial...

—En el 2015 entramos a formar parte de Conare, con todos los derechos y todas las obligaciones del sistema de universidades públicas de Costa Rica.

Hay una aclaración muy importante respecto a la pregunta que usted me hace directamente, ¿cómo fue que las otras universidades permitieron que nosotros entraremos a coger una parte del FEES?

Primero que todo, hay que decir que el Fondo Especial para la Educación Superior no es un fondo. El FEES no es más que la suma de los cuatro presupuestos de las universidades que ya estaban creadas en Costa Rica antes de constituirse el fondo.

Se habla de Fondo pero sencillamente es el presupuesto de las universidades, y la distribución viene dada por la propia reforma constitucional que creó el FEES .

Entonces, cuando la UTN se incorpora, no mordisquea al FEES, sino que que aporta su propio presupuesto, que viene del Ministerio de Educación Pública (MEP). Nosotros consideramos que con las asimetrías que puede haber [entre lo destinado a cada universidad pública], la redistribución del FEES no resuelve ningún problema educativo en Costa Rica.

Lo que se requieren son más recursos y que los recursos están mejor empleados, esto nadie lo duda y todas las instituciones humanas son falibles, y seguramente en algún lado hay desperdicio de recursos que hay que corregir. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero no se trata de quitarle a una para darle a otra.

Entonces, nosotros estamos incorporados a Conare e incorporados al FEES aunque no hemos trasladado los recursos del presupuesto que recibimos nosotros al Fondo.

Cuando decidamos integrarnos al FEES le diremos al MEP no nos lo gire a nosotros [los recursos] sino que los incluya en lo girado al Fondo.

¿Por qué no han hecho esto?

—Porque hay un acuerdo del 2010, establecido entre el gobierno de Laura Chinchilla y Conare, el cual señalaba que cuando se llegue al 8% del PIB para educación, debería llegarse al 1.5% [del PIB] para las 4 universidades, es decir para el FEES.

Si la UTN incluye sus recursos al Fondo, ya superaría el 1.5, y el gobierno podría decir "yo ya cumplí", y no queremos que esa distorsión contable afecta el compromiso original que era destinar el 1.5% al FEES.

Entonces es una simple protección política.

¿Un truco que llaman?

—Pues, es más bien impedir el truco. Es impedir que con el pretexto de la inclusión del presupuesto de la UTN al Fondo se supere el 1.5 y algún gobierno, no me estoy refiriendo a este, pueda decir “ya no tengo que dar más plata porque ya están en el 1.5”.

Recalca Prieto que este fue un acuerdo entre los cinco rectores, pero además también fue aceptado “razonablemente” por el actual gobierno y el anterior.

Sentados en la oficina, noto varias cosas. Primero, el desenvolvimiento del rector. Es sumamente notorio cuando quiere poner énfasis en algún punto. Segundo, su voz. Es histriónico, o al menos es la percepción que tengo, creo que me juega una mala pasada el tono de su voz. Es muy parecida a la de los doblajes que hacen en las películas donde actúa Morgan Freeman.

De hecho, con toda la pena me disculpo estimada audiencia, pero sí, en algún momento de nuestra entrevista me distraje pensando en Morgan Freeman. Pero, una vez superada la anécdota vuelvo a la tierra.

Aunque los martes permanecía en Conare, el rector viste un prendedor, tipo pin de la UTN, también un lanyard. De fondo, Eduardo continúa capturando lo mejor que puede nuestro encuentro, y casi imperceptible Vanessa sigue atenta.

AUTOCRÍTICA

Yo diría que Marcelo Prieto es un hombre directo. Es también coloquial y bastante político, justifica sus puntos de vista trayendo al presente hechos ocurridos, es decir, no me contesta las preguntas sin antes hacer un contexto que presuponga la validez de su argumento.

Cuando llegamos al final de nuestra hora, y como siempre, le solicité una autocrítica. A menudo, quienes han pasado por la sección de Lo Personal es Político han tenido que responder a esta interrogante.

Han habido reacciones de muy diversa índole, desde quienes no saben qué responder, hasta quienes honestamente reconocen que responder los mete “en un zapato”.

Sin embargo, en la medida que un jerarca no sepa reconocer algo que mejorar, entonces no se puede mejorar. La sencillez de la pregunta y lo complicado que se les hace contestar, muchas veces, es la mejor respuesta.

Sin embargo, con Prieto no es el caso. Él mismo reconoce que su respuesta, a menudo, no gusta dentro del gremio.

Don Marcelo, ¿una autocrítica?

—A mí me parece las universidades públicas deben someterse a una revisión de todos sus procesos administrativos, incluida la UTN, aunque nuestro componente en gastos administrativos es más bajo que el resto universidades.

Pero si me parece que todas las universidades públicas debemos someternos a este proceso, de revisión en nuestros esquemas de administración financiera y en el pago de remuneraciones, porque creo que estamos arrastrando condiciones que surgieron en momentos económicos y sociales absolutamente distintos de la Costa Rica actual.

Es decir una institución que pague el 5.5% de anualidad a todos sus empleados, como lo pagaba, con todo respeto lo digo, la Universidad de Costa Rica, no es sostenible en ningún país del mundo, y en Costa Rica mucho menos.

Esto tiene que corregirse, y debe uniformarse. Tenemos que buscar cómo romper con estas asimetrías salariales tan exageradas.

Creo que acá hay una tarea fundamental, y voy a decir algo que tal vez a algunos les parezca muy fuerte, y que me han dicho que no debo decir, pero como alajuelense que soy, naturalmente desobediente lo voy a decir:

A mí me parece que las universidades tienen dos opciones, o liquidan los privilegios salariales, o los privilegios salariales van a terminar liquidando la autonomía.

¿A usted qué opinión le merece los comentarios del tipo “se está socavando la autonomía universitaria por cuestionar la manera en que invierten sus recursos”?

—Me parece que es totalmente ciertos y voy a poner un ejemplo. Aunque no me parece el más afortunado si me parece el más ilustrativo.

El reciente cuestionamiento que se le hizo al rector de la Universidad Nacional [Alberto Salóm] por querer invertir 14 millones de dólares en una plaza. A mí me puede parecer malo o bueno, me puede parecer correcto o incorrecto, pero lo importante no es lo que piense yo [sino la administración de la UNA].

Si nosotros [universidades públicas] permitimos que sea la asamblea legislativa la que le diga a la universidad que no puede invertir esos 14 millones de dólares en esa u otra obra, mañana le van a decir a la Universidad de Costa Rica que ya no le gire el presupuesto necesario al Semanario Universidad, por ejemplo; que no tenga tantos reporteros investigando lo que está haciendo el gobierno.

En silencio no podemos permitir que se le cercenen los recursos presupuestarios a una universidad por un proyecto que puede estar malo, lo cual no quiere decir que no se deba criticar, porque las universidades debemos ser transparentes.

Es decir, los sectores de prensa políticos nos pueden criticar, pero que se mantengan incólumes [sin daños] los recursos que las universidades.

Que sea la opinión pública y el ejercicio de la transparencia lo que le diga a las universidades si están empleando bien o mal los recursos.

Pero, ¿a usted no le parece que la Asamblea Legislativa es precisamente una de las instancias de poder político más representativo de la ciudadanía y que es ahí donde se debería dar ese cuestionamiento, a la luz del contexto fiscal en el que estamos?

—Para cuestionar sí. Para recortar no.

Me parece, y le vuelvo a decir, que perfectamente se puede cuestionar. Me parece que la opinión pública generalizada fue la que logró que la Universidad Nacional retrocediera en su decisión.

Pero si las inversiones de las universidades públicas van a depender de lo que diga un diputado, y de los intereses políticos de los partidos políticos, porque efectivamente son un poder de la República representativo, pero no dejan de responder a intereses políticos concretos, y si nosotros sometemos los recursos universitarios a esa revisión y son ellos [los diputados] quienes aprueban qué sí y qué no estamos liquidando la autonomía Universitaria.

La Constitución Política establece que el monto del FEES se acuerda entre el Poder Ejecutivo, la Comisión de Enlace, y las universidades públicas. Y, únicamente en caso de que no se logre un acuerdo entre estos estos, el Congreso podrá intervenir.

Es decir, señala Prieto, "si el gobierno dice les vamos a dar 10, pero las universidades dicen necesitamos 15, en ese caso resuelve es la Asamblea Legislativa, pero en este caso, esto no ha sucedido, y la constitución política no es papel mojado, es nuestra norma de convivencia política y social fundamental de Costa Rica".

Me comenta el ahora ex presidente de Conare que, a inicios del año entrante, ellos esperan interponer un recurso de amparo en contra del recorte de 10,000 millones de colones que se aprobó en la Comisión de Hacendarios.

"A inicios del otro año cuando esté en vigencia el presupuesto 2019, vamos a demostrar que el recorte fue en contra de la Constitución Política, lo cual también tiene consecuencias muy incómodas, porque, quienes hicieron eso están incurriendo en responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal".

Aunque el monto del Fondo se aumenta cada año, vía Constitución Política, se desprende del Estado de la Educación que, “en los años 2000, 2004 y 2007, para el conjunto de universidades públicas adscritas hasta ese momento al Conare se registraron 27.801 estudiantes de primer ingreso, de los cuales, al año 2013, 13.139 efectivamente lograron recibir al menos un título. El porcentaje de graduados oscila entre 46,1% en la UCR y 51,8% en el TEC”.

Según un análisis hecho por el semanario El Financiero, el criterio de mayor peso a la hora de aumentar el presupuesto del Fondo es la negociación [política].

Y aunque el aumento al presupuesto del FEES para el 2019 apenas responde a un crecimiento por inflación, del 3%, lo cierto del caso es que no hay relación entre la cantidad de estudiantes que matriculan y el otorgamiento de este dinero.

Del 2000 al 2017, ninguna universidad pública registró un crecimiento mayor al 3% en la matrícula de sus estudiantes, y más bien presenta picos en el decrecimiento de los nuevos estudiantes.

Ante este escenario, diversas autoridades universitarias le contestaron al informativo que “las universidades no tienen como único fin la enseñanza”, y que los recursos también se destinan a becas e investigación, entre otros.

Sin embargo, como bien recalcó el mismo Prieto, una parte importante de estos recursos son destinados a las remuneraciones.

 

***

¿Cuál es el ambiente entre los rectores respecto a la comisión [que proponen algunos diputados] para investigar cómo se invierte el FEES?

—Vamos aprovechar esa comisión para desenmascarar una serie de acusaciones que se han venido dando a lo largo de mucho tiempo, que son absolutamente falsas. Como aquel famoso informe de la Academia Centroamericana sobre cuánto cuesta cada estudiante en la educación pública en Costa Rica.

Hicieron pensar a la gente que lo que hacemos en las universidades públicas es botadero de dinero. Pero, aquí en Conare hicimos un foro e invitamos a doña Edna Camacho, y a otras personas que habían hecho el estudio y los confrontamos con los investigadores de las universidades públicas que habían trabajado el mismo tema y los hicieron desbaratados. No tuvieron ninguna conclusión que se sostuviera.

Entonces, nosotros quisiéramos que nos dieran esas oportunidades en la comisión legislativa. Pero claro, no se nos escapa que la comisión investigue el uso de los recursos públicos por parte de las universidades, y haya, en algún sentido, alguna afectación de la autonomía.

Sin embargo, frente al principio de autonomía está el principio de transparencia y las universidades estamos totalmente de acuerdo en que se nos escarbe lo que quieran escarbar y que nos digan lo que estamos haciendo mal.

Don Marcelo, pero como diría mi mamá, ¿hay que decirles, no existe capacidad de que ustedes mismos sepan qué están haciendo mal, o de autocrítica para mejorar?

—Bueno, yo diría que debemos enfrentar algunos temas de administración financiera.

¿Ese es para usted el más grave o existen otros?

—Hay muchos que están parecidos, el otro es la revisión pertinente de las carreras.

Ya lo hacemos pero a veces tardamos demasiado cambiando un plan [de estudio], a veces esto resulta muy difícil y sin duda, debe mejorarse muchísimo. Lo cual no quiere decir que las universidades tengamos que estar cambiando el plan de carreras por cualquier cosa, pero sí hay que hacer un monitoreo permanente para vigilar la pertinencia del plan de estudio. entre otros.

***

Así las cosas, nos vamos de vacaciones. Incluidas las universidades públicas. Quedamos a la espera de que los diputados, por vez primera, dejen de lado sus egos políticos y logren armar la comisión legislativa que promete dar una necesaria sacudida a las casas de enseñanza superior.