El Plenario de la Asamblea Legislativa por poco y no vuelve a tener sesión, debido a importantes limitaciones de quorum. Quien presidió la sesión esta vez fue Luis Fernando Chacón Monge del PLN y primer secretario del directorio.
A diferencia de sesiones previas, en esta no hubo espacio de control político pues de inmediato se pasó a conocer y aprobar -por unanimidad- una moción para guardar un minuto de silencio en honor de todas las mujeres que han sido asesinadas este año.
Los nombres fueron pronunciados dos veces previo al homenaje: Sonia Marta, María Paula, Karen Vanessa, Mariana, Rita, Margarita, Flor, Maritza, Kimberly, Helena, Grettel Tatitana, María Isabel, Angélica, Marilyn, Yarissa, Grettel, Cassandra, Arantxa, María Trinidad, Xinia, Stephannye Paola, Gerardita, Carla, una joven de 16 años, una joven de 17 años y una niña de 13 años.
La moción no se limitó al minuto de silencio, pues también solicita al Ministerio de Seguridad, al INAMU, al Ministerio de Justicia y Paz y al Ministerio de Educación que tomen acciones urgentes para prevenir y erradicar la violencia machista.
Finalmente, la moción compromete a los diputados y diputadas a promulgar leyes que permitan al Ejecutivo tomar las acciones necesarias para detener los feminicidios.
Permiso a Guardacostas de EE. UU.
38 diputados y diputadas aprobaron al Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos un permiso durante todo el 2019 para atracar, desembarcar y permanecer en puertos costarricenses, como parte de la estrategia conjunta con Costa Rica para el combate al narcotráfico.
El permiso se tramitó bajo el expediente 21.144 y recibió un único voto negativo: el de José María Villalta del Frente Amplio, agrupación que históricamente se ha opuesto a ese tipo de solicitudes.
El legislador de izquierda criticó en esta ocasión que el permiso se solicitara -y entregara- por un año, cuando lo común era por plazos de seis meses.
Asimismo, señaló que el enfoque de combate a las drogas es equivocado y recordó que otros países han optado por la legalización de algunas drogas para golpear ese flagelo.
Patricia Mora impulsa tres nuevos proyectos de ley
La ministra de la condición de la Mujer y presidenta del INAMU, Patricia Mora Castellanos, presentó a la Asamblea Legislativa tres propuestas de proyectos de ley que buscan mejorar la condición socioeconómica y laboral de las mujeres en Costa Rica.
Dado que las iniciativas no iban con la firma del Presidente de la República, Carlos Alvarado (requisito indispensable para que un proyecto impulsado por el Ejecutivo sea adjudicado a tal ente), los expedientes fueron adoptados por diputados y diputadas de distintos partidos.
El primero pretende reformar el artículo 69 del Código de Trabajo, para sancionar la discriminación basada en género contra una o más mujeres trabajadoras.
¿Cómo probarla? Los patronos quedarían obligados a reportar semestralmente al Ministerio de Trabajo un informe con los gastos totales por concepto de salarios, distribuida entre hombres y mujeres por área, puesto de trabajo, incluyendo aumentos, bonificaciones, salarios ordinarios y extraordinarios, incentivos etc.
El segundo proyecto plantea una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Activa del Consumidor, para prohibir la discriminación en precios de venta basada en género. Ya saben, por ejemplo que una afeitadora para hombre cueste 800 colones y la de una mujer 2000 (conocido como pink tax).
Finalmente, el otro expediente pretende eliminar la prohibición de que las mujeres puedan laborar en jornada nocturna, contenida en el artículo 88 del Código de Trabajo, de modo que solo prevalecería esa restricción para menores de 18 años en hostelerías, clubes, cantinas y otros similares.
Novela Campbell continúa, ahora con los garantes éticos
José Manuel Arroyo, exmagistrado de la Sala Tercera y garante ético del gobierno de Carlos Alvarado compareció ante la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, a explicar por qué señaló en un informe que las designaciones que estaba haciendo la vicepresidenta y canciller, Epsy Campbell, no eran ni ilegales ni reñían con la ética.
Arroyo se justificó diciendo que el derecho es el reino de las posibilidades y que no se trata de blanco y negro. "Este es el ABC del derecho: usted tiene un conflicto, un problema; lo aborda desde la normativa legal, constitucional y reglamentaria y da una interpretación de ella".
Asimismo dijo que era necesario diferenciar entre verdaderos casos de corrupción y meros escándalos, como es este caso, especialmente por los recursos públicos que instituciones como el Congreso gastan a la hora de ejercer el control político.
El exmagistrado también señaló que esperaba que la Procuraduría General sostuviera el criterio de que los nombramientos en direcciones de la Cancillería son puestos de confianza, alegando que la posición en contrario -expendida por la PGR en una opinión jurídica no vinculante recientemente- podría generar problemas como que un director contradiga la línea de política exterior que lleva el gobierno de turno.
La audiencia a Arroyo tenía más como objetivo recriminar el silencio de los garantes éticos que otra cosa. Su explicación reiterada es que al analizar el caso tomó en cuenta tanto el criterio del Departamento Legal de la Cancillería que daba luz verde a esos nombramientos, como la práctica histórica de hacer esas designaciones a dedo.
