Carlos Pérez Sánchez, funcionario de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), fue condenado a dos años de cárcel por "daños agravados" contra la infraestructura de la empresa estatal mientras se encontraba en huelga durante el mes de septiembre.
La sentencia fue dictada esta noche por el Tribunal de Flagrancia de Limón, que concluyó que Pérez era culpable de los hechos que se le imputaban, acaecidos el 11 de septiembre anterior en la provincia de Limón.
Al trabajador de 27 años de edad le fue denegada la ejecución condicional de la pena, por lo que deberá descontar los dos años de cárcel tras las rejas y ahora se expone a un despido sin responsabilidad patronal. Asimismo, tendrá imposibilitado desempeñar cargos públicos durante una década.
Pérez fue detenido en flagrancia por las autoridades a 400 metros de donde dañó las válvulas de las tuberías que alimentan una esfera de almacenamiento de gas, al momento en que dos barcos estaban inyectando Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El daño a la válvula le costó más medio millón a RECOPE en daños. Adicionalmente la empresa estatal tuvo un perjuicio económico que superó los 15 millones, pues debió compensar a las navieras que vieron retrasado su itinerario a raíz de la suspensión de operaciones debido a la situación de emergencia.
El tribunal tuvo por probado que la acción de Pérez pudo haber originado una tragedia, pues si hubiese ocurrido una explosión, la onda expansiva habría llegado a 30 kilómetros de distancia, impactando Matina.
Pese a ello, lo declararon culpable de "daños agravados", delito distinto al de "atentado contra plantas" que la Fiscalía imputó.
La condenatoria contrasta con la declaratoria de legalidad de la huelga en RECOPE en segunda instancia, donde las juezas Adriana Chacón Catalán, Bettzabé Gutiérrez Murillo y Luis Eduardo Mesén García afirmaron que el movimiento fue pacífico.