Tres instituciones públicas y un consorcio fueron allanados la mañana de este martes, como parte de la investigación por la polémica "pifia" de 80 metros en la Ruta Nacional 257, que conecta la Ruta 32 con la nueva Terminal de Contenedores de Moín de APM Terminals.
Según informó el Ministerio Público, a las 8:30 a.m. la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción inició allanamientos en oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.
El caso se remonta meses atrás, cuando el proyecto para interconectar la Ruta 32 y la nueva terminal de contenedores fue adjudicado al consorcio allanado por las autoridades, por un precio inicial de $71,8 millones de dólares.
Sin embargo, el proyecto fracasó en realizar la conexión de forma definitiva, pues hubo un faltante de 80 metros que impedía el acceso. Para solucionarlo, el Estado debió erogar $14 millones en diseñar y construir esa porción de la obra.
"La hipótesis de investigación de la Fiscalía es que no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública", señaló la Fiscalía General.
La evidencia decomisada este martes será analizada por el Organismo de Investigación Judicial, a fin de confirmar o descartar la hipótesis del Ministerio Público.
Aunque las autoridades investigan el delito de influencia contra la hacienda pública (castigado con cárcel de 2 a 8 años), de momento no hay personas imputadas.
