—Las manifestaciones por parte del presidente Alvarado después de que se conociera la declaratoria de legalidad —en segunda instancia— de la huelga en RECOPE, siguen dando de que hablar.

— El día de ayer la Asociación Costarricense de la Judicatura (ASOJUD) se unió a los reclamos de Albino Vargas , y subió un comunicado que tituló “las nuevas amenazas contra la independencia judicial, la democracia y la separación de poderes”.

— En el comunicado, ASOJUD señaló: “El presidente Alvarado puede estar a favor o en contra de dichos fallos judiciales, pero reprochar y deslegitimar su labor como titulares de la administración de justicia se observa como un menosprecio del mandatario a la independencia judicial (...)".

— Por su parte, el diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, solicitó al presidente Alvarado que modifique un decreto ejecutivo para incluir varios servicios esenciales que no deben verse afectados por huelgas.

— La aclaración necesaria radica —como casi todo en la legislación costarricense— en las ambigüedades del lenguaje utilizado y las posibles interpretaciones legales —que nunca faltan por lo menos dos de cualquier artículo de ley—.

— En específico el artículo 2 de dicho decreto señala como servicios esenciales —entre otros— los de suministro de agua y energía… Pero, según Benavides, se ha entendido ese “energía”, exclusivamente como energía eléctrica, dejando de lado la energía derivada de los productos de petróleo…

— Curioso, ¿no? La misma aclaración la tuvo que hacer Mónica Araya años atrás cuando andábamos sacando pecho con aquello de energía 99% limpia... y ehm, de nueva cuenta: estábamos hablando de energía eléctrica.

— La modificación en el decreto permitiría, a criterio de Benavides, evitar futuras declaratorias de legalidad de huelgas en RECOPE, al clarificar que el abastecimiento de petróleo en el país sí es un servicio esencial… lo que todos creíamos tener claro... hasta que cayó el criterio del tribunal de segunda instancia.

— Más allá del tema de Recope, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto hay que esperar con el actual Código de Trabajo para que se dé la declaratoria de legalidad de una huelga?

— Pues, en el caso de la primera huelga contra el plan fiscal —no la actual que empezó en setiembre sino una más pequeña que se dio el 25 de junio de este año — la declaratoria sigue todavía  sin tener una sentencia en firme… a 4 meses de haber sucedido. A pesar de que esa huelga duró 1 día, y las instituciones involucradas hicieron la solicitud de forma inmediata.

— ¿Justicia pronta y cumplida? Díganselo a las parejas del mismo sexo a las que les anunciaron 18 meses de espera.... que ya van por 21. #EsencialCostaRica.

— En fin, ¿quiénes participaron de la huelga el 25 de junio? Los sospechosos usuales: MEP, ICE, CCSS y JAPDEVA. Si por la víspera se saca el día y los sindicatos  insisten en seguir en huelga hasta la declaratoria en segunda instancia —como han dicho que harán—… pues el MEP debería dejar de preocuparse por terminar este ciclo lectivo, y comenzar a preocuparse por si la huelga continúa para el inicio del calendario 2019...

Bonus Track: En Semanario, huelga le costó a la Caja más de ₡12.328 millones.

Esta nota es parte del Reporte: De cuando Óscar Arias habla de democracia disfuncional y encontramos el ejemplo perfecto