Los diputados culminaron su semana de trabajo con la aprobación en segundo debate de dos proyectos de ley, la presentación de otras dos iniciativas de relevancia nacional y de dos nuevas consultas de constitucionalidad sobre el plan fiscal.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de Liberación Nacional, arrancó la sesión del Plenario anunciando que había presentado un proyecto de ley para llevar "seguridad jurídica" a las huelgas en Costa Rica.
El verdiblanco recordó que las huelgas en los servicios esenciales están prohibidas en el país desde la promulgación de la Constitución Política y el Código de Trabajo, sin embargo, nunca se ha respetado.
Dado lo que ha acontecido en la huelga sindical que lleva más de un mes en curso, Benavides logró agrupar las firmas de otros 30 congresistas para presentar su proyecto.
VEA LA INICIATIVA: Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos
Entre los cambios que incluye se encuentran la obligatoriedad de los sindicatos de reportar un correo electrónico al Poder Judicial para recibir notificaciones y la disolución del sindicato que incite a sus afiliados a limitar o restringir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotajes sobre bienes públicos y llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.
Otra diputada que anunció haber presentado un nuevo proyecto de ley, relacionado con pensiones de lujo, fue Xiomara Rodríguez de Restauración Nacional.
Su iniciativa pretende rebajar el monto que actualmente está exonerado de pagar impuestos en las pensiones a 8 veces el salario más bajo de la Administración Pública, de modo que más personas paguen la "contribución solidaria" creada para los distintos regímenes.
Aunque esa contribución se destina a dar sostenibilidad a esos regímenes, la idea es que los recursos nuevos sean destinados durante una década al pago de la deuda del Estado.
Finalmente, pero no menos importante, propone la "figura del retiro obligatorio excepcional y temporal" que consiste en una medida que obliga a todo funcionario en edad y condiciones para jubilarse o pensionarse el proceder a acogerse a ese beneficio.
Esa medida únicamente se aplicaría en caso de altas tasas de desempleo y en un contexto de crisis fiscal declarado así por el Banco Central de Costa Rica.
Ambos proyectos están pendientes de ser asignados a comisión para su respectivo estudio.
DOS NUEVAS LEYES
El Plenario aprobó en segundo debate dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, que pasarán a Casa Presidencial para su respectiva firma como Ley de la República.
El primero en recibir visto bueno fue la adhesión de Costa Rica como miembro de la Organización Internacional de la Francofonía, votado por 43 diputados y diputadas.
De seguido se le dio segundo debate al acuerdo entre Costa Rica y El Salvador sobre asociación estratégica, refrendado también por 43 legisladores y legisladoras. 
Otra iniciativa aprobada, pero en primer debate, fue la reforma a la Ley General de Concejos de Distrito, cuyo fin es que estos puedan aprobar sus propios presupuestos, sin depender de las municipalidades "madre".
El único voto en contra provino de José María Villalta, quien indicó que los criterios técnicos y legales señalan que una iniciativa como esta es inconstitucional, por lo que no la apoyaría.
DOS NUEVAS CONSULTAS
La Sala Constitucional ya tiene en su poder tres consultas sobre el fondo y la forma del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Este jueves las bancadas de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, el republicano Otto Roberto Vargas y el independiente Erick Rodríguez enviaron la segunda consulta al tribunal constitucional.
Su objetivo: que los magistrados señalen que el plan fiscal no necesita 38 votos, contrario al criterio emitido por la Corte Plena.
Más tarde un grupo de diputados de Restauración Nacional, independientes, Frente Amplio, Dragos Dolanescu del Republicano y Shirley Díaz del PUSC enviaron una tercera consulta para que la Sala investigue el manejo dado al expediente, incluyendo la supuesta no publicación del texto, la supuesta falta de consulta a tiempo y el hecho de que se aprobara en primer debate con menos de 38 votos.
Quien puso la firma 10 para la tercera consulta fue Harllan Hoepelman y según su Facebook una diputada de PLN -sin revelar su nombre- le llamó "bestia" por ese hecho.
Cabe señalar que la tercera consulta tiene, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, múltiples firmas inválidas pues son de diputados que firmaron la primer consulta remitida sobre el plan fiscal.
Ese es el caso, por ejemplo, de José María Villalta y Wálter Muñoz, que firmaron ambas consultas.
El contenido de las tres consultas puede ser leído en este enlace.
Cabe señalar que el plazo de un mes que tiene la Sala Constitucional para pronunciarse sobre el proyecto corre a partir del momento en que reciba copia del expediente, cosa que aún no ha ocurrido.
