El dos veces Presidente de la República y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez deberá enfrentarse a la justicia por el caso Crucitas, diez años después de haber firmado un decreto ejecutivo que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Las Crucitas, en la zona fronteriza con Nicaragua.
El caso se remonta al año 2010, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo había determinado que los actos ilegales que dieron al traste con la concesión minera fueron cometidos con el propósito de que el proyecto pudiera ponerse en operación.
Eso incluía la resolución R-217-2008-MINAE mediante la que se otorgaba la concesión y el decreto 34801-MINAET en el que se declaraba de interés público y conveniencia nacional, ambas firmadas por el entonces Presidente Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
Aunque el Tribunal en su sentencia recomendó al Ministerio Público indagar a Arias y otros funcionarios, el exfiscal general, Jorge Chavarría declinó acusar al expresidente y únicamente se llevó a juicio a Dobles, quien fue condenado a 3 años de cárcel por prevaricato.
Dobles apeló su sentencia y en alzada se ordenó repetir el juicio por errores de forma. El nuevo tribunal devolvió el caso a fase intermedia con el propósito de aclarar si el Premio Nobel sería acusado, pues al exministro de Ambiente se le imputaban actos cometidos en conjunto con Arias.
La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, decidió reabrir la causa contra Arias y días después el expresidente llegó a la Fiscalía para rendir testimonio. Tras varios meses de espera, Navas firmó la acusación y anunció a la Procuraduría que tenía tiempo para constituirse como querellante, en caso de que quisiera reclamar, a nombre del Estado, algún tipo de compensación.
Lo que corresponde ahora es la audiencia preliminar para determinar si el caso se lleva o no a juicio.
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