Dos auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) determinaron que la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por concepto del seguro de salud y pensiones IVM ronda ya el billón de colones.
Así consta en los informes DFOE-SOC-IF-00010-2018 y DFOE-SOC-IF-00014-2018, emitidos el 10 y 17 de septiembre respectivamente.
La deuda más grande procede del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y ha crecido año con año, pasando de ¢261.559 millones en diciembre de 2011, a ¢694.622 millones en diciembre de 2017.
A ese monto se le suma una cuenta por cobrar al Estado a corto plazo, que a finales del año anterior ascendía a ¢222.161,40 millones, por lo que la deuda con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), totaliza un monto de ¢916.783,59 millones, equivalente al 32% de los activos totales de la CCSS.
La Contraloría determinó, además, que el Estado costarricense le debe al régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja (IVM) más de ¢121.792,54 millones, cifra que se disparó 168% respecto al 2016, luego de que la Junta Directiva de la CCSS acordara elevar la contribución estatal de 0,58% a 1,24%.
Hacienda indicó en 2017 que no tenía fuente de financiamiento para cumplir con las obligaciones que le dictaba la Junta Directiva de la Caja, especialmente tomando en cuenta la dificil situación fiscal que atraviesa el país, con un déficit proyectado al 8% del PIB para finales del 2018.
Según la auditoría, la deuda del Estado con el régimen IVM se incrementó por el incumplimiento de pago en 2017 y 2018, dado que el Ejecutivo no presupuestó esos gastos, sin embargo, esa circunstancia podría variar en el 2019 dado que el Ministerio de Salud incluyó en su plan de presupuesto (actualmente en revisión en el Congreso) los montos necesarios para que el Estado honre el 1,24% que le corresponde por concepto de pensiones del IVM.
La Contraloría recordó que el IVM debe financiar aquellas pensiones que arrojan un monto inferior a la pensión mínima, con la intención de mantener los mínimos de protección y ofrecer de manera solidaria un monto adecuado para que los beneficiarios se aseguren un nivel de vida aceptable.
"Dados los no pagos del Estado, actualmente la sostenibilidad de los mínimos de protección recaen sobre los demás asegurados y representan una distorsión al equilibrio financiero del Seguro de Pensiones, que de no tratarse con oportunidad podría terminar por afectar al mismo, atentando de igual manera a los pilares fundamentales sobre los cuales se tutela el régimen", advierte el documento.
Algo similar ocurre con el Seguro por Enfermedad y Maternidad (SEM), donde el Estado es quien aporta ¢486.105 millones, equivalentes a 20% de los ingresos totales que percibe la CCSS y distribuidos en 9,6% por aportes como patrono y 10,4% en cuotas complementarias y otros programas.
La Contraloría advirtió que "el no traslado oportuno de dichos adeudos tiene un impacto directo sobre los ingresos con que esta cuenta, para hacerle frente a sus múltiples gastos, y por ende, el impacto negativo que ello pueda tener en la sostenibilidad del régimen en el mediano y largo plazo".
Debido a todo lo anterior, la CGR ordenó a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, que a más tardar el 14 de diciembre de 2018 elabore conjuntamente con la CCSS acciones concretas que contengan el cronograma de actividades a realizarse y los responsables correspondientes, de modo que se posibilite la suscripción de los convenios que respalden las deudas que el Estado tiene con la CCSS.
