El programa 'Avancemos', creado vía decreto en la administración de Oscar Arias Sánchez, pasará a tener rango de Ley de la República luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en segundo debate el proyecto 20.397, presentado por 45 diputados del periodo 2014-2018.
La iniciativa, que pasa a Zapote para ser firmada como Ley, establece que Avancemos otorgará transferencias monetarias condicionadas a estudiantes que cumplan con los parámetros que haya establecido el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el propósito de que estos permanezcan en el sistema educativo.
La ayuda estatal se dará además, para hacer que quienes desertaron vuelvan a las aulas y aprendan de los procesos de alfabetización digital, que sean alineados con los proyectos y los programas de acceso y servicios universal solidario, definidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones del país.
El programa se financiará mediante el 8% del presupuesto del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y los recursos provenientes de programas de responsabilidad social empresarial, de organizaciones privadas nacionales o extranjeras de cualquier naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en el fortalecimiento de Avancemos.
Siempre en materia educativa, el Plenario también aprobó en segundo debate el proyecto que reforma la Ley de CONAPE, con el propósito de crear un fondo de garantía que permita servir de aval a todos aquellos estudiantes de escasos recursos económicos que desean realizar estudios superiores, pero que al no tener fiadores, propiedades para hipotecar ni fuente de ingresos que sirva como respaldo, no pueden ser sujetos de crédito en esa institución.
Dicho fondo será, inicialmente, de 2 mil millones de colones y provendrán del propio superávit libre que tiene CONAPE. Por otro lado, el fondo irá aumentando gracias a los recursos que ingresan a la institución por pagos de comisiones realizados por entidades aseguradoras, cuando contractualmente esté pactado en las pólizas suscritas por de la institución.
Una de las modificaciones que también se incluye es la obligación de destinar el 50% de los préstamos a personas que viven en zonas rurales de bajo desarrollo económico y social, en el caso de que se determine que hay una demanda extraordinaria de préstamos en esas regiones.
De seguido, se le dio votación final a la Ley para la celebración e incorporación de actividades educativas y culturales en el marco del reconocimiento de la lengua criolla limonense que, como dice su nombre, pretende reconocer la existencia del criollo limonense y enaltecer la historia e identidad cultural que nos identifica.
Para ello, la Ley establece el 30 de agosto como Día para la Celebración de la Lengua Criolla Limonense, instando a instituciones educativas públicas, privadas, al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Cultura y Juventud a promover actividades que contribuyan con el reconocimiento y la importancia cultural de la lengua criolla limonense.
Finalmente, los diputados votaron en segundo debate la Ley de Patentes de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, estableciendo que a los ingresos brutos o las ventas brutas anuales obtenidas durante el período fiscal del año que se grava, se les aplicará la tarifa de cero coma treinta por ciento (0,30%), es decir tres colones (¢3,00) por cada mil colones (¢1000,00) y el resultado obtenido constituirá el impuesto a pagar por año.
MOCIONES EN REVISIÓN
La presidenta Carolina Hidalgo aún sigue revisando una a una las mociones de reiteración al plan fiscal que fueron presentadas por los diputados y diputadas, por lo que aún no está disponible la resolución necesaria para que el proyecto pueda seguir su curso.
Las 373 mociones deben ser revisadas con base a estos criterios:
- Cada diputado o diputada puede presentar una única moción de reiteración por artículo, ya sea para modificarlo, adicionarlo o suprimirlo en su integralidad, aún tratándose de artículos “complejos” en el sentido que se dispone. Si el artículo contiene varias modificaciones, abrogaciones o adiciones, podrá presentarse una única moción por cada modificación, abrogación o adición.
- Cada diputado o diputada puede presentar una única moción de reiteración cuya moción de fondo pretenda introducir uno o varios capítulos nuevos, o un texto sustitutivo.
- Cada diputado o diputada puede presentar una única moción de reiteración por artículo del proyecto, cuya moción de fondo pretenda adicionar ya sea un artículo o un párrafo o inciso nuevo.
- Cuando uno o varios diputados y diputadas presentes mociones idénticas o razonablemente equivalentes, serán admitidas para que sean discutidas en un solo acto, aunque votadas individualmente.
- Cuando se presenten mociones similares, éstas deberán agruparse para ser discutidas en un solo acto y serán votadas individualmente.
AFINADA LA LISTA DE CANDIDATOS A MAGISTRADO DE LA SALA IV
La Comisión de Nombramientos afinó la lista de candidatos a magistrado de la Sala Constitucional (conocida popularmente como Sala IV), al excluir aquellos que presentaron la documentación incompleta o de forma extemporánea.
Asimismo, se leyó cuál fue la calificación obtenida por cada uno de los postulantes, de modo que si obtenían un 70 (o más) tenían derecho a pasar a la siguiente etapa: entrevista presencial con los legisladores.
Estas fueron las calificaciones otorgadas a cada candidato y candidata:
- Hubert Fernández Arguello - 96
- Anamari Garro Vargas - 84
- Álvaro Antonio Burgos Mata - 83
- Carlos Alberto Bolaños Céspedes - 82
- Julio Alberto Cordero Mora - 78
- Vilma Sánchez Del Castillo - 78
- José Joaquín Alvarado Acuña - 77.5
- Carlos Guillermo Zamora Campos - 75
- Ileana Sánchez Navarro - 74
- Patricia Vargas González - 73.5
- Hubert May Cantillano - 73
- Roy Antonio Badilla Rojas - 70
- José Paulino Hernández Gutiérrez - 69 (fuera de la segunda ronda)
- Omar Antonio White Ward - 66 (fuera de la segunda ronda)
- Luis Francisco Cervantes Gamboa - 65 (fuera de la segunda ronda)
- Nancy Arias Mora - 63 (fuera de la segunda ronda)
- Mauricio Chacón Jiménez - 61.5 (fuera de la segunda ronda)
- Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal - 61 (fuera de la segunda ronda)
- Robert Francis Beers González - 54.5 (fuera de la segunda ronda)
- Andrés Olsen Villegas - 48 (fuera de la segunda ronda)
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez - 47 (fuera de la segunda ronda)
- Jenny Quirós Camacho - 45 (fuera de la segunda ronda)
- Ronald Javier Po Wo On Chinchilla - 44 (fuera de la segunda ronda)
- Fernando Lara Gamboa - 40.5 (fuera de la segunda ronda)
- María del Rocío Carro Hernández - 40 (fuera de la segunda ronda)
- Luis Paulino Mora Lizano - 25.5 (fuera de la segunda ronda)
La Comisión excluyó de evaluación y posterior entrevista a José Enrique Rojas Franco, Yanni Sterloff Charalampidu y Manuel Amador Lépiz, por haber presentado la documentación incompleta o de forma extemporánea, contrariando la metodología fijada para el concurso.
El puesto que se pretende llenar con este concurso es el dejado por Ernesto Jinesta Lobo.
RÓNALD VÍQUEZ NIEGA INJERENCIAS
El exprocurador de la Ética Pública, Rónald Víquez Solís, rechazó haber ejercido alguna influencia en la desestimación de la causa contra el expresidente Luis Guillermo Solís por su papel en el cementazo.
Víquez fue interrogado por la Comisión Especial que estudia el por qué los diputados no tuvieron tiempo para apelar el informe de la Procuraduría de la Ética que desestimaba la denuncia contra el exmandatario.
Uno de los temas medulares en el asunto es que Víquez se "impuso" como procurador a la hora de conocer de la investigación contra Solís, pero no lo hizo con ningún otro acusado por el caso del cemento chino.
A ese respecto, dijo: "Me involucré en este asunto porque creo que podía (sic.) hacer un aporte desde la experiencia en materia penal. Me involucré porque justamente era el Presidente de la República, había una connotación más grave de los efectos que podría desencadenar esto".
Según el ahora exprocurador de la ética, cuando la prensa reportaba del cementazo se señalaba un involucramiento del entonces Presidente en el tema, lo que eventualmente podía significar una denuncia penal contra él y que es normal que cuando el acusado es el Presidente del Ejecutivo, la cabeza de la división de la Procuraduría forme parte del conocimiento del asunto.
Finalmente, Víquez le echó la culpa al Congreso de que los diputados no pudieran apelar el informe que desestimaba la causa contra Solís, al recordar que fue el Directorio de Gonzalo Ramírez el que declaró confidencial el artículo del acta de la sesión donde conocieron del documento, no describieron en esa acta el contenido de la resolución y tampoco indicaron de los plazos establecidos para apelar.
