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Imagen principal del artículo: Una jornada sacudida por el fallo de la Sala Constitucional y el FEES
Foto: José María Villalta y Pedro Muñoz discuten la interpretación de algunos párrafos de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana. Luis Madrigal / Delfino.cr

Una jornada sacudida por el fallo de la Sala Constitucional y el FEES

La Comisión de Ingreso y Gasto interrogó a los ministros de Educación, Edgar Mora; y Hacienda, Rocío Aguilar, sobre el aumento al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 15 mil millones de colones para el próximo año.

Por espacio de hora y media, los jerarcas explicaron que ese aumento en el presupuesto de las universidades públicas no tendrá repercusiones negativas en las prioridades del Ministerio, que es de donde saldrá el aumento del 3% que fue firmado entre los rectores y el Gobierno, pues los recursos provienen de los miles de millones que están sin ejecutar en la partida de remuneraciones, así como obras de infraestructura no prioritarias.

Debemos recordar que días atrás, la oposición expresó su molestia de que el incremento en el FEES se financiara con recursos del MEP, especialmente porque hay centenares de centros educativos en todo el país con órdenes sanitarias, esperando labores de remodelación, reconstrucción u otras de mantenimiento para poder operar a cabalidad.

Mora explicó que esa situación ocurre no por falta de recursos, sino por una mala ejecución por parte de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del ministerio, por lo que están barajando la idea de emplear alianzas público-privadas para poner en marcha las obras.

Pese a esa explicación, varios diputados citaron algunos centros educativos específicos que tienen órdenes sanitarias, con la sorpresa de que en todos ellos, según el ministro, tiene varios millones de colones presupuestos en la Caja Única del Estado, pero sin ejecutar.

De este modo, Mora comentó que en el 2017 se dejaron sin ejecutar más de 105 mil millones solo de la partida de remuneraciones, así como otros 150 mil millones en juntas administrativas.

Por su parte, la ministra de Hacienda indicó que el presupuesto del MEP se mantendrá con un crecimiento del cero por ciento, a pesar del aumento en la partida del FEES.

Según el cuadro de arriba, suministrado por el Ministerio de Educación, el FEES según PIB disminuirá por segundo año consecutivo, pues pasó de 1,446% en el 2017 a 1,379% en el 2018 y bajará hasta 1,359% en el 2019, aunque en términos absolutos se incrementará en 14.888 millones.

Posteriormente, los diputados cuestionaron que en tiempos de estrechez fiscal, se trasladen más recursos a las universidades. Mora respondió que el incremento es por mandato del artículo 85 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.

El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.

El ministro fue tajante en que si los diputados no quisieran que se hicieran esos giros, tendrían que ser ellos los que cambien la Constitución, pues mientras esté vigente, él y cualquier otro funcionario debe cumplirla.

***

Debate sobre matrimonio igualitario en el Congreso

La Asamblea Legislativa realizó un debate reglado para referirse al fallo de la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario, que entrará a regir 18 meses después de que se publique la sentencia en el Boletín Judicial.

Cada diputado tenía hasta 15 minutos para hablar por el tema y si ustedes esperaban discursos agresivos de reproche a la Sala por lo ocurrido, les decimos que nosotros también, pero no fue el caso.

Enrique Sánchez del PAC criticó que la Sala mantuviera la vigencia de una norma declarada inconstitucional por ser discriminatoria, durante 18 meses más. Recordó además que lo que debe aprobarse es la figura del matrimonio civil y no otra diferente que otorgue los mismos derechos, pues la Corte Interamericana señaló que eso es un acto de discriminación.

Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional reiteró que la posición de su partido es absolutamente en contra del matrimonio igualitario y cerró cualquier futuro intento de aprobar una ley que apruebe los cambios antes de los 18 meses fijados por la Sala Constitucional.

Si ignoramos el desafortunado intento de señalar que lo próximo a implementarse, vía Corte IDH, sería eliminar la prohibición de contraer matrimonio con familiares o con parientes adoptivos, el legislador criticó que la Sala Constitucional pretenda trasladar el costo de su decisión al Congreso, al afirmar que la sentencia es una "inyección letal" a la norma del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De forma sincera, el diputado restaurador  indicó que no había posibilidades de que un proyecto se aprobara en el Congreso, pues ellos estarían rotundamente opuestos a reconocer el matrimonio igualitario, mientras que el PAC y el Frente Amplio bloquearían cualquier iniciativa que creara una figura que no fuera esa.

"El voto de la Sala Constitucional es un voto político, no es un voto jurídico. Con ese voto, la Sala Constitucional ha pretendido darle una clase magistral a esta Asamblea Legislativa sobre política, pero no debemos caer en esa trampa, es una trampa. ¿Por qué digo que es un voto político? Porque lo que hizo la Sala fue meter una inyección letal al artículo 14 inciso 6) del Código de Familia, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo; inyección letal cuyos efectos irreversibles y de muerte segura se hará dentro 18 meses. De tal manera que el matrimonio igualitario está dado en este país", sentenció el legislador.

Por su parte, el diputado José María Villalta del Frente Amplio indicó que no podía celebrar el fallo de la Sala Constitucional, porque mantiene vigente una norma violatoria de los derechos humanos-

"Es como si dijeran los magistrados: sabemos que las parejas del mismo sexo han sido históricamente discriminadas, sabemos que sus derechos son violentadas. ¿Qué importa que sigan siendo violentadas por año y medio más? ¿Qué sentido tiene ese? La Sala se acoge al artículo de los dimensionamientos de una sentencia, pero eso tendría sentido si para corregir ese problema la Asamblea tuviera que aprobar toda una nueva legislación, una ley nueva. Lo cierto es que en este caso hay una prohibición; lo que hay que hacer es eliminar el inciso y por conexidad, los incisos del Código Penal, no hace falta la discusión de una nueva legislación compleja porque ya el matrimonio civil está regulado", dijo el frenteamplista.

Para la restauradora Carmen Chan el voto de la Sala es una "salida política" con una respuesta confusa y antigua, al imponer el plazo de 18 meses. Para ella, esa medida "suavisa la transición" y resulta poco alentador el panorama, en medio de una crisis fiscal.

"Estas resoluciones crean desconfianza a todas las personas, especialmente a los legisladores. Con estas decisiones ambiguas, grises y tenues, la sociedad podría polarizarse, afectando la convivencia social. La Sala debió emitir un criterio mayoritario de declarar improcedente las dos acciones, por el principio de soberanía que tiene el Estado, de no permitir injerencia de órganos supranacionales", dijo.

El jefe del PLN, Carlos Ricardo Benavides expuso de forma larga y tendida lo que su parecer son una serie de vacíos en el por tanto de la resolución de la Sala Constitucional, lo que constituye una "zona gris".

Benavides, abogado de profesión, señaló que el fallo dice que la regulación que el Congreso debería aprobar en 18 meses debe apegarse a los términos establecidos dentro de la sentencia, los cuales aún se desconocen.

Según se deduce de su intervención, la confusión recae en que el por tanto indica que dos magistrados (Fernando Cruz y Nancy Hernández) estaban a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad inmediata, con las consecuencias que ello implicaba a favor de las parejas de personas del mismo sexo; mientras que otros dos jueces constitucionales (Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández) le pedían al Congreso hacer los cambios a nivel legal, sin plazo, y sin hacer referencia específica a la figura del matrimonio.

La confusión se incrementó por las declaraciones que dio en conferencia de prensa el magistrado presidente interino de la Sala, Fernando Castillo, al afirmar que el Congreso podía aprobar una figura alternativa durante un periodo transitorio; pero luego el presidente de la Corte, Fernando Cruz, dijo a la prensa que crear una figura alternativa sería discriminatorio.

Por su parte, Pedro Muñoz del PUSC mandó a la prensa a leerse la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana (acá la hemos leído al menos cinco veces), porque según él, sí se establece la posibilidad de crear figuras alternativas al matrimonio, para garantizar los derechos a las personas LGBTI+.

Muñoz no desaprovechó la oportunidad para criticar que la Corte Interamericana resolviera sobre matrimonio igualitario, cuando eso no fue lo que consultó Costa Rica ante el tribunal.

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Aclaración importante: El diputado Muñoz, quien afirma haberse leído la OC 24/17 -e inclusive la tiene impresa- debería saber que la Corte Interamericana habló de matrimonio igualitario porque, cuando Costa Rica preguntó si podía crear una figura diferente para reconocer derechos, los jueces dijeron que no, porque sería una forma de discriminación.

El diputado indicó que hay un párrafo dentro de la Opinión Consultiva que lo permite, sin embargo, es necesario leer dentro del contexto de todo el documento para darse cuenta de que no se trata de una autorización, sino de una valoración de las medidas que han sido adoptadas en la región sobre este tema.

Por lo anterior, el legislador debería leer más adelante, el párrafo 224, que indica expresamente que "...crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación. (...) Con base en ello, para la Corte, no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana".

De la anterior lectura se desprende, con absoluta certeza, la imposibilidad de crear figuras alternativas que reconozcan los mismos derechos. ¡Hasta el diputado Cruickshank lo tiene claro! Es por ello que, como hemos dicho desde el inicio, el proyecto de unión civil que presentó el PUSC no tiene pies ni cabeza.

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Siguiendo con las intervenciones de los diputados, Harllan Hoepelman de Restauración dijo que la resolución de la Sala "no es gallo ni gallina"; que a los niños les hace falta la figura paterna y materna para que los eduquen; y que el matrimonio es milenario.

"Espero no ofenderles, pero voy a hablar de la Biblia, un libro milenario, 5000 años de historia. Hace 4000 años se hizo alusión al matrimonio como institución, como una ley civil para regir en un pueblo. El matrimonio para unos es arcaico, para unos es conservador y fuera de la era en la que vivimos. Pero otros también creemos en el matrimonio, otros no creen de la misma manera, pero todos tenemos derecho de ser respetados en la forma que queremos", declaró.

Finalmente, el legislador indicó que su temor es que "ocurra" lo mismo que en otros países, donde supuestamente se meten presos jueces, pastores y clérigos por no querer casar a una pareja homosexual.