El Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario por 600 mil millones de colones, tras percatarse de que los recursos inicialmente aprobados para este año no alcanzarían para pagar la deuda interna que fue adquirida.
Ello ocurrió porque el gobierno de Luis Guillermo Solís estimó que únicamente tendrían que colocarse bonos de deuda por 292.700 millones de colones a corto plazo, sin embargo, por la crisis de liquidez a finales del año pasado el Ejecutivo recurrió a endeudamiento a corto plazo (con vencimiento en el 2018) para poder pagar salarios, aguinaldos, pensiones y ayudas sociales.
En total, las colocaciones de bonos alcanzaron 891.700 millones de colones, es decir, 599 mil millones más de lo inicialmente estimado, pero al haberse colocado después de presentado el presupuesto al Congreso, quedaron por fuera del plan de gastos autorizado por la Asamblea Legislativa.
Dato D+: El Gobierno Central financia sus gastos mediante recaudación tributaria y deuda. Esta última consiste en la colocación de bonos que inversionistas compran a corto o largo plazo, dando liquidez al Ejecutivo para honrar sus gastos.
Hacienda reconoció que pagó bonos de deuda que tenían vencimiento en los meses de junio y julio, aunque no hubiese tenido la autorización del Congreso, pues de lo contrario, el país habría caído en default.
Posteriormente, Hacienda anunció que tendrá que presentar un segundo presupuesto extraordinario que rondará los 250 mil millones de colones, pues la recaudación de impuestos fue inferior a la que la Contraloría General de la República había certificado se esperaba para este año.
Asimismo, lo recaudado por concepto de canjes de deuda ha sido muy inferior al que se esperaba cuando se hizo el presupuesto en el 2017, pues solo se han recaudado 88 mil millones de los 300 mil millones estimados.
Dato D+: El canje de deuda es la operación mediante la cual el Gobierno negocia con un inversionista para que un bono que está próximo a vencer sea prorrogado en su fecha, de modo que se elimina la presión de tener que pagarlo en el corto plazo.
Finalmente, la crisis de Bancrédito agravó las finanzas públicas, pues el Gobierno invirtió 130 mil millones en la entidad bancaria para darle liquidez, pero al ser cerrada no ha podido recuperar los dineros. Para hacerlo, necesita que el Congreso apruebe la ley que ordena al Banco de Costa Rica absorber Bancrédito.
