Tras su polémico comentario en Facebook en el que acusaba a los rectores de las cinco universidades públicas de actos de corrupción, la rectora de la Ulacit e integrante de la Junta de Notables de la actual Administración, Silvia Castro, se retractó.
Castro señaló que, en honor a la verdad, su publicación inicial no pretendía atribuir a los otros rectores delitos de tráfico de influencias, corrupción o aprovechamiento de la función pública y afirmó que, en su lugar, hacía referencia a la supuesta omisión de aplicar la Ley 8907, relacionada al porcentaje de mujeres que deben integrar los órganos directivos en el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
Asimismo, la notable criticó que el asesor legal del Consejo Nacional de Rectores participara de la redacción de un proyecto de reforma al CONESUP, con el que se pretende establecer controles de precios a las universidades privadas y al cual ella se ha opuesto férreamente.
Para ella, ese accionar y la posterior defensa del proyecto ante la Asamblea Legislativa constituyen un eventual conflicto de intereses, por lo cual interpuso una denuncia ante la Procuraduría para la Ética Pública (PEP).
"Confío en que los señores rectores comprenderán, y recalco, que de manera alguna pretendí atribuirles personalmente la comisión de ilícito alguno y si la vehemencia de mis palabras les causó alguna afección les solicito me disculpen", dijo.
Inicialmente, la rectora de Ulacit dijo que:
“No creo en los jerarcas de las universidades estatales porque me consta que constantemente incurren en la decepción, el tráfico de influencias y la corrupción, con tal de salvaguardar sus intereses personales y económicos”.
