DIPUTADOS LLEGAN A LA MITAD DE LAS MOCIONES DEL PLAN FISCAL
La Comisión Especial Dictaminadora del Plan Fiscal sesionó, nuevamente, en dos ocasiones para continuar el trámite de las mociones de fondo que fueron presentadas por las diversas bancadas legislativas.
Desde las 9:15 am y hasta las 11:20 am los diputados votaron un total de 292 mociones (hasta llegar a la 436 de 872), de las cuales únicamente seis fueron aprobadas por los integrantes de ese órgano legislativo.
Esta vez el conocimiento de las mociones fue más rápido que los días previos, pues ya se agotaron las 3 sesiones en las que los diputados podían defender sus propuestas de modificación, por lo que ahora únicamente se votan las mociones, sin discutir.
Por la mañana, inicialmente, se aprobó la moción 305 por unanimidad, que establece que los medicamentos, las materias primas, insumos, maquinaria, equipo y reactivos necesarios para su producción pagarán un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 2%.
Aunque ese porcentaje ya había sido fijado mediante la moción con la cual se exoneró a la canasta básica, esta decía que lo pagarían "los medicamentos sus insumos y la materia prima para su elaboración y comercialización en Costa Rica, definidos por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Salud", por lo que la moción aprobada hoy amplía el ámbito de aplicación del IVA y elimina la necesidad de que Hacienda coordine con Salud.
Más tarde se aprobó la moción 320 por 5 votos contra 3, mediante la cual se reforman los artículos 12 y 23 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas para modificar el conocido "enganche médico", con el cual los salarios de esos profesionales reciben el mismo aumento que se haya decretado para cualquier otro funcionario del sector público.
De este modo, el artículo 12 en lugar de establecer que cada vez que se haga un aumento general de salarios en el Gobierno Central los médicos recibirán un aumento igual, pasará a decir que el salario total de los profesionales médicos con licenciatura o grado académico superior no podrá ser inferior al salario total promedio de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas.
Se trata de un cambio de enganche por otro, ya que el salario de los funcionarios profesionales del Gobierno Central y autónomas quedó topado en el plan fiscal en hasta 30 salarios mínimos.
Así, por ejemplo, si el salario promedio de los profesionales del Gobierno Central y las instituciones autónomas está topado en 4 millones mensuales, los profesionales en ciencias médicas que sean licenciados o tengan grados académicos superiores tendrán un salario que no podrá ser inferior a esa cifra. Sin embargo, ahora en lugar de crecer con cada aumento salarial, lo hará únicamente si el salario mínimo usado para fijar el tope crece.
La moción, además, establece que los profesionales en ciencias médicas contratados por instituciones públicas continuarán rigiéndose por la Ley de Incentivos, no así los contratados en el sector privado que lo harán por acuerdo entre las partes.
Este último cambio es bien visto por los administradores de Ebáis privados (cooperativas, Unibe, Asemeco), ya que les permitiría zafarse de la obligación de pagar a sus médicos los mismos incentivos que los que trabajan en la Caja del Seguro Social.
Minutos después, cuatro diputados aprobaron la moción 388 que regulará la forma de evaluar a los servidores públicos para que reciban (o no) la anualidad.
En primer lugar, se establece que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) será el rector en materia de empleo público y que el proceso de evaluación de los funcionarios se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y proyectos que realice la dependencia a la que pertenece; y la del cuerpo gerencial en todos sus niveles para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
De seguido se indica que la anualidad se concederá únicamente para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente numérico, según la escala definida.
El 80% de la calificación de la evaluación del desempeño corresponderá al cumplimiento de las metas anuales definidas para cada funcionario y el restante 20% será responsabilidad de la jefatura o superior, la cual deberá hacer dos evaluaciones parciales durante el transcurso del año para analizar los avances.
Finalmente, se incorpora que el incentivo por anualidad será un monto nominal fijo para cada escala salarial y que ese monto permanecerá invariable.
Posteriormente la comisión aprobó la moción 397 (4 vs. 3) con la cual se fija un plazo de 6 meses para que la ARESEP y cualquier prestadora de un servicio público regulado por esa institución haga las modificaciones necesarias en las metodologías tarifarias para incorporar las modificaciones que se hagan con el plan fiscal.
También votó la moción 398 (5 vs. 2) con la cual se modifican los criterios para que la Dirección General de Presupuesto Nacional realice transferencias, con el propósito de incorporar como prioridad número 3 "el fin social de la institución beneficiada en la prestación de servicios públicos de beneficio colectivo como Juntas de Educación, Asociaciones de Desarrollo y Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunal".
Dato D+: Se mantienen de primer y segundo lugar las prioridades de Gobierno, según el Plan Nacional de Desarrollo; y los compromisos establecidos en la programación plurianual, respectivamente.
La última moción aprobada en la mañana fue la 404, que tuvo seis votos a favor y uno en contra. Ella ordena al Ministerio de Economía que en un plazo de 6 meses revise la existencia de posibles acuerdos formales o informales entre compañías de tarjetas que estén impidiendo bajar las comisiones que se cobran a las empresas por la aceptación de este medio de pago.
El propósito de ello es que este sea un mercado libre donde por competencia se fijen estas tarifas y se fomente la bancarización que facilite una mayor trazabilidad fiscal.
Asimismo, se establece que 96 días después de publicada la Ley, las comisiones cobradas por tarjetas de débito y crédito se diferencien, de modo que las primeras sean inferiores a las segundas.
Por la tarde la sesión de la comisión inició pasadas las 4:00 p.m., pues el Plenario levantó antes, al no tener temas en la agenda que pudieran ser discutidos o votados. Sin embargo, se decretaron múltiples recesos por lo que se empezaron a conocer mociones hasta las 5:50 p.m.
A pesar de ello, los diputados no votaron ninguna moción de fondo sobre el proyecto, sino únicamente mociones de revisión a propuestas previamente rechazadas o aprobadas.
De ese modo, la moción 404 que fue aprobada por la mañana fue rechazada en una nueva votación, y la moción 160 que había sido rechazada, fue en su lugar aprobada.
Esta última establece que el Ministerio de Hacienda tendrá un plazo de un año, una vez aprobada la Ley, para instalar los equipos necesarios para realizar inspección no intrusiva al 100% de las mercancías que pasen por nuestros puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, para fortalecer el combate al contrabando.
Pedro Muñoz revivió aquel episodio del Plenario donde habló de la necesidad de combatir la evasión fiscal aduanal, evasión fiscal aduanal, evasión fiscal aduanal...
Posteriormente a ello, se levantó la sesión, por lo que las demás mociones pendientes, iniciando con la número 436, se conocerán a partir del día lunes.
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DON HELIO... ESTÁ EN PROBLEMAS
La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público interrogó este jueves a Julio Espinoza Rodríguez, ex director de Crédito Público de la Administración Solís Rivera y Melvin Quirós Romero, actual director de esa dependencia; como parte de las pesquisas para determinar las causas por las cuales no se presupuestaron 600 mil millones de colones en el plan de gastos del 2018, para el pago de bonos de deuda a corto plazo.
Como recordarán de la entrega anterior, Fallas había culpabilizado a los mandos medios de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, al afirmar que estos no le dieron el dato que necesitaba para poder formular el presupuesto extraordinario que debía enviar a la Asamblea Legislativa, para pagar --de forma legal-- los bonos colocados en noviembre y diciembre de 2017, alegando que está listo hasta el mes de junio.
Pues bien... a raíz de esas declaraciones, los diputados llamaron a quien lideraba Crédito Público en la anterior administración y en la actual, para sorpresa de que ambos se defendieron, afirmaron tener pruebas de que Fallas sabía del hueco en el presupuesto y que, inclusive podía presentar el presupuesto extraordinario en los primeros meses del año.
Mélvin Quirós señaló que el “pecado original” del presupuesto vigente fue que Hacienda había subestimado lo que debía pagar por servicio de la deuda, al “confiarse” de que podría hacer canjes y así eliminar presión de pago al corto plazo, cosa que no ocurrió.
Según él, no es usual que cuando se formula el presupuesto el monto que se fija para pagar sea reducido bajo supuestos, pues aunque los canjes de deuda no son perjudiciales, si se usan con ese fin puede traer problemas, como pasó en este caso.
El funcionario, que en el gobierno anterior era subdirector de Crédito Público, afirmó que las autoridades de Hacienda lo apartaron de la mesa técnica encargada de formular el presupuesto del 2018, por señalar esas malas prácticas y que contrario a lo dicho por el exvicepresidente y exministro, esa dependencia no era la encargada de estructurar, negociar ni realizar canjes de deuda.
Quirós no escatimó en cuestionar las declaraciones de Fallas: dijo que era “dificil de imaginar” que con las masivas colocaciones de bonos con vencimientos en el corto plazo, hechas en noviembre y diciembre de 2017, él no supiera que habría un impacto.
“Sería el símil de usar la tarjeta de crédito y olvidar que al día siguiente viene la fecha de corte y la fecha de pago”
También dijo que era evidente lo que iba a pasar cuando el Presupuesto 2018 aprobado por el Congreso solo preveía 372 mil millones para pagar bonos de corto plazo, pese a que en los últimos dos meses del 2017 se colocaron 891 mil millones que vencían en el transcurso del año siguiente. Esa brecha, según él, fue advertida numerosas veces de forma formal e informal.
Su antecesor, Julio Espinoza Rodríguez, dijo que el tema se trató en varias reuniones que sostuvieron funcionarios de Crédito Público y Tesorería Nacional, esta última liderada por Marta Cubillo, quien era viceministra de Egresos de la anterior administración y por ende, jefa de los funcionarios de Crédito Público.
Ante ese escenario, para ambos era incuestionable que Helio Fallas debía estar enterado de lo que estaba ocurriendo, pues tenía a una persona cercana a él participando de esos encuentros. Pese a ello, el exvicepresidente insistió en su comparecencia que él se dio cuenta hasta que la ministra Rocío Aguilar lo habló en prensa.
Asimismo, Quirós desacreditó la afirmación de Fallas de que no envió el presupuesto extraordinario a la Asamblea porque le faltaba un dato que "usualmente está listo hasta junio", al afirmar que el número está una semana después de finalizar cada mes (pues la información sobre deuda se maneja en hojas de excel actualizadas por sistemas informáticos) y que por ende, él no solo podía solicitar que adelantaran la fecha de entrega de la información para formular el plan de gastos extraordinario, sino que debió exigirlo.
Según esas declaraciones, Fallas sabía del hueco presupuestario, al menos, desde la primer semana de febrero cuando estaban disponibles los datos de enero 2018.
“No se vale arremeter contra mandos medios aduciendo que no presentó el presupuesto extraordinario porque no se tenía el dato concreto, ya que en el supuesto de que no lo tuviera, él como ministro pudo haberlo solicitado; más que solicitado, ¡exigirlo!“.
Quirós agregó que él notificó formalmente del hueco presupuestario a la ministra Aguilar el 29 de junio mediante un correo electrónico y que ella ordenó iniciar el proceso para solicitar el plan extraordinario al Congreso. Informalmente, la comunicación la hizo en la segunda semana de mayo a su superior: el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero Vargas.
No está demás decir que muy probablemente el informe de la Comisión recomiende llevar al Ministerio Público las actas de las comparecencias que se han hecho hasta ahora, para determinar si alguna persona cometió perjurio o falso testimonio ante los diputados, pues al ser la Comisión de Ingreso y Gasto Público, todos juran decir la verdad antes de empezar...
GUSTAVO VIALES COMPLICA AL PLN
Gustavo Viales, el diputado más joven de la Asamblea Legislativa que se alió con Restauración Nacional, Integración Nacional y el Frente Amplio para eliminar el IVA del 2% a la canasta básica le sigue complicando las cosas al Partido Liberación Nacional y, especialmente, al Ministerio de Hacienda.
Como recordarán, Viales dio su voto para la exoneración mediante una moción de Restauración Nacional que según Carlos Ricardo Benavides (jefe del PLN) tiene una pésima redacción y técnica legislativa, pues aunque exoneró del IVA a la canasta básica, no incluyó todas las correcciones que el texto requiere integralmente, para que los precios no tengan afectación.
El impuesto de ventas vigente opera de forma diferente al IVA. El primero debe pagarlo quien compra el producto final, mientras que el segundo toma en cuenta toda la cadena de producción, incluyendo materias primas, insumos, transporte, etc., de modo que se paga entre todos los actores de ese proceso, reduciendo el impacto para el consumidor final, facilitando la trazabilidad y reduciendo las posibilidades de evasión.
La moción de Restauración no hizo la exoneración de forma efectiva, por ende, habrá un impacto negativo pues de la forma en la que quedó el texto, algunos sectores (como la industria alimentaria) deberán pagar el impuesto por sí solos y tendrán entonces dos opciones: reducir sus ganancias pagándolo, o trasladándolo al consumidor final mediante un aumento de precios...
Tras una "reunión de emergencia" con el presidente de la República, la fracción del PLN (o al menos 15 de sus 17 diputados pues Franggi Nicolás se negó a ir y Gustavo Viales no estuvo en la conferencia de prensa) dijo mediante Carlos Ricardo Benavides que evaluarían la mejor forma de eliminar ese efecto negativo causado con la moción de Restauración que fue apoyada por Viales.
Una de esas opciones era apoyar las mociones que el Gobierno presentó previendo un escenario como este, con las cuales se restituye el IVA a la canasta básica. La otra (aunque no la mencionaron) es mejorar la exoneración aprobada con la moción de Restauración, para eliminar el efecto negativo que quedó para algunos sectores, dada su mala redacción...
Aunque históricamente Liberación Nacional ha sido una bancada disciplinada, que sigue una sola línea y deja atrás sus convicciones personales para apegarse a lo que acuerde la mayoría, esto pareciera no ser así con la actual...
Así, Viales anunció a El Financiero que no piensa cambiar de opinión y que por ende, se opone a eliminar la exoneración a la canasta básica.
Carlos Ricardo Benavides dijo que la diferencia de criterio está "muy arraigada" y que pese a que conversaron con él sobre el tema, se mantiene férreo al respecto.
En la entrevista al diario, Viales afirma que de por sí el plan fiscal del Ejecutivo es insuficiente para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, por lo que en lugar de canasta básica, se inclina por los impuestos a premios de lotería, cerveza, recortes en el gasto público o modificaciones al impuesto sobre la renta...
El voto del verdiblanco es decisivo para que se restituya el tributo del 2% a la canasta básica, pues para ello se ocupa mitad más uno de los diputados de la comisión: Liberación tiene 3 campos, Restauración 2 y el PAC, Unidad, Integración y Frente Amplio uno cada uno. Los votos en contra provienen del RN, PIN y FA, para un total de 4, pero si se suma Viales alcanzan 5 y por ende, la mayoría.
COMPROMISO PARA LEGISLAR SOBRE UBER
Dado que el tema de la regularización de Uber en Costa Rica sigue estando en un limbo, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso firmaron un compromiso para tramitar los proyectos de ley que tratan esa temática.
Según los diputados, su intención es reunir y escuchar todos los criterios para así consensuar una iniciativa de ley donde el mayor beneficiario sean los consumidores.
"No podemos darle más largas al asunto, esta es una problemática donde tenemos que intermediar. La necesidad de acabar con la inseguridad jurídica que genera el vacío existente y que a la postre ha llevado a actos violentos requiere de nuestra inmediata intervención", afirmó Pablo Heriberto Abarca, presidente de esa comisión.
