El dos veces presidente de la República y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez enfrentará a los tribunales de justicia de Costa Rica por su papel en el otorgamiento irregular de los permisos para que la empresa minera Infinito Gold S.A., abriera una mina de oro a cielo abierto en Crucitas de Cutris, San Carlos.

La Fiscalía General de la República, liderada por Emilia Navas Aparicio, confirmó a Delfino.cr que firmó la acusación contra el expresidente ayer, luego de reabrir la causa que fuera desechada por su antecesor, Jorge Chavarría Guzmán.

El caso se remonta al año 2008, cuando Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron un Decreto Ejecutivo en el que declaraban de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, en la Zona Norte del país.

Tras un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), los jueces anularon en noviembre del 2010 la concesión otorgada a Industrias Infinito S.A. y ordenaron indagar a varios funcionarios, incluyendo a Arias y Dobles por haber firmado el decreto en cuestión, en medio de múltiples irregularidades.

A pesar de que el decreto que dio pie a la actividad minera fue firmado por ambos, la Fiscalía General --encabezada en ese entonces por Jorge Chavarría-- determinó que el exmandatario desconocía el trasfondo "oscuro" del mismo y por ello, no lo iba a imputar.

En contraparte, el exministro de Ambiente fue llevado a juicio y condenado en enero del 2015 a tres años de prisión, por el delito de prevaricato, es decir, emitir resoluciones contrarias a la ley.

Dobles apeló en agosto del 2015 y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea acogió su gestión el 2 de diciembre de ese año, ordenando la realización de un nuevo juicio. Luego, en septiembre de 2017, los jueces Rodrigo Obando Santamaría y Hugo Vargas Quirós del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial abrieron un portillo para que Arias fuera indagado, al declinar llevar a Dobles a nuevo juicio, hasta que la Procuraduría General de la República --ente que funge como Abogado del Estado-- aclarara si iba a imputar o no a Arias, dado que se iban a juzgar hechos que involucraban directamente al expresidente.

Los jueces señalaron en ese entonces que la acusación contra Dobles trataba sobre actos en los que había participado de forma directa el Nobel de la Paz, por lo que devolvió el proceso a fase intermedia para que la PGR aclarara la situación legal de Arias.

Tras la llegada de Emilia Navas al Ministerio Público, el 2 de noviembre del 2017 ordenó la reapertura de la causa contra el expresidente, al determinar que Chavarría había desestimado esa causa sin haber recabado suficientes pruebas. Seis días después, el expresidente fue indagado en el Ministerio Público y a su salida dijo a los medios sentirse feliz de poder contar su versión de los hechos.

"En 47 años de vida pública y de servirle a Costa Rica, que es el honor que me ha conferido este pueblo, es la primera vez que acudo al Ministerio Público, pero lo hago deseoso de que se esclarezcan los hechos, se conozca la verdad y se dicte justicia", dijo en ese entonces.

Tras haberse planteado la acusación, la ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión a la Procuraduría General de la República, para que este órgano decida si presenta una querella o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado.

La Procuraduría tiene 13 días, a partir de mañana, para presentar a la Fiscalía la querella o la acción civil. Una vez concluya ese plazo, la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.