El faltante de casi un billón de colones en el Presupuesto Nacional de la República para este 2018 sigue dando de qué hablar en la Asamblea Legislativa, especialmente luego de que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, compareciera ante la Comisión de Hacendarios para defender el plan de gastos extraordinario que presentó el Ejecutivo recientemente.
La ministra expuso durante varios minutos los motivos que llevaron al Gobierno a tener que presentar el primer presupuesto extraordinario de este año, el cual incluye 700 mil millones de colones para amortizar deuda. De ese monto, 600 mil millones serían mediante colocación de bonos y los otros 100 mil millones saldrían de la Caja Única del Estado (75 mil millones), así como de lo ahorrado por las medidas de contención del gasto que se presentaron al iniciar la administración (25 mil millones).
Aguilar no tuvo reparo en reconocer a los diputados de que si el Gobierno de Solís hubiese presupuestado los 600 mil millones de colones que ahora se están solicitando, el crecimiento del presupuesto 2018 frente al del año previo no habría sido de 4%, sino del 13%.
Sin embargo, la ministra explicó que el presunto motivo por el que esos recursos no fueron incluidos en el presupuesto se debe a que el plan de gastos se inicia y termina de elaborar en el mes de agosto, pues debe presentarse el 1 de septiembre a la Asamblea Legislativa. El 75% de las colocaciones de bonos hechas durante el 2017 (661 mil millones de colones) se hicieron en los dos últimos meses del año, cuando el Presupuesto del 2018, inclusive, ya había sido aprobado.
Dijo, por otro lado, que el presupuesto extraordinario debió haberse presentado con mucha más antelación, pues Hacienda tuvo que pagar 48 mil millones de deuda que vencían en los meses de junio y julio sin la autorización del Congreso.
La medida, que podría ser ilegal, fue tomada para evitar que el país incumpliera los compromisos que adquirió con los inversionistas que le compraron bonos, cosa que de haber ocurrido habría resultado catastrófica para la imagen del país y las ya afectadas finanzas públicas.
Dato D+: Un impago o default, en finanzas, es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo, por ejemplo, cuando un comprador no puede pagar su hipoteca, o cuando una corporación o gobierno no es capaz de pagar un bono.
Según Aguilar, la masiva colocación de bonos durante noviembre y diciembre del 2017 podría coincidir con la necesidad del Ejecutivo de tener recursos para pagar aguinaldos, pensiones y otros gastos ineludibles, luego de los rumores de que había falta de liquidez.
Aunque la situación ha causado alarma entre los congresistas, la ministra reiteró en varias ocasiones que estos 600 mil millones no impactarán la cifra del déficit fiscal, pues el monto de la deuda sigue siendo el mismo y lo que ocurrió es que se concentró un monto importante que se debe pagar en un muy corto plazo.
Sin embargo, lo que sí impactará el déficit fiscal será el segundo presupuesto extraordinario que Hacienda enviará en las próximas semanas al Congreso, pues es allí donde se incluirá una autorización para adquirir más deuda, dado que la recaudación de impuestos que la Contraloría General de la República había estimado inicialmente se tendría para el 2018, ha sido inferior en cerca de 300 mil millones de colones.
Esa situación elevaría en 0,5 puntos el déficit fiscal de Costa Rica para este 2018, el cual se estimaba sería de 7,1% del PIB, pero que ahora podría llegar a 7,6%.
¿Por qué no matar dos pájaros de un tiro, haciendo las modificaciones del segundo presupuesto extraordinario en el primero? Porque, de acuerdo con la ministra, aún hace falta que la Contraloría les envíe la nueva certificación de los ingresos tributarios que se estiman para este año, por lo que será hasta que ello ocurra que se tendrá certeza del monto final que se deberá cubrir con deuda.
¿Sanciones? La jerarca dijo que harían averiguaciones preliminares para determinar si era procedente abrir un procedimiento administrativo contra los potenciales responsables de las carreras que ahora se están dando en Hacienda.
Aguilar negó, por otro lado, que su antecesor (Helio Fallas) le hubiese advertido de que tenían que solicitar 600 mil millones al Congreso, por las medidas que adoptó el Ejecutivo liderado por Solís durante los últimos dos meses del 2017, contrario a lo que él dijo en su descargo público.
***
Comisionitis regional
El Plenario aprobó la conformación de ¡SEIS! comisiones regionales, tras varias semanas de que esas mociones para conformarlas fueran presentadas y se discutiera su conveniencia, dados los costos que acarrean en tiempos de estrechez fiscal.
En total, se conformaron las comisiones de Alajuela, Heredia, Puntarenas, Guanacaste, Limón y de la región Brunca. Mañana se conocería la moción para crear la comisión de Cartago.
Casi todas las mociones fueron votadas mayoritariamente a favor. La diputada Paola Vega del PAC fue el voto negativo recurrente y afirmó que "Somos legisladores nacionales y la agenda regional debe integrarse en debate nacional", reiterando que la situación fiscal no da para incurrir en más gastos.
La moción para crear la comisión Brunca estuvo a punto de no aprobarse, pues ya se había constituido la de Puntarenas. Ahora habrá dos comisiones que estudiarán proyectos para una región específica...
Los votos en contra acá se dieron para no crear una comisión "duplicada" de la de Puntarenas.
Corre el tiempo para Bancrédito
El Banco de Costa Rica advirtió a los diputados que si la Ley para absorber Bancrédito no está aprobada antes del mes de septiembre, la entidad perderá interés en la operación.
Así lo manifestó Douglas Soto, gerente interino del Banco de Costa Rica durante una audiencia que tuvo en la Comisión de Asuntos Jurídicos, encargada de dictaminar el proyecto que cierra Bancrédito y ordena al BCR absorberlo.
VEA LA INICIATIVA: Cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago y traspaso al Banco de Costa Rica
Los diputados que integran ese órgano legislativo esperan tener dictaminado el expediente en el corto plazo, con el propósito de que pase a Plenario para sus dos votaciones.
Si el proyecto no se aprueba, el Gobierno perderá los 131 mil millones que le inyectó a Bancrédito, además de que tendrá que asumir las deudas y compromisos con otros acreedores que haya dejado la entidad.
***
Lomas de Barbudal, al borde de la inconstitucionalidad
El Plenario acordó eliminarle el trámite de vía rápida al proyecto que modifica los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, para darle paso al proyecto Agua para Guanacaste.
La medida se adoptó a raíz de una moción del José María Villalta, pues el legislador advirtió que el proyecto implicaba limitaciones a la propiedad privada, de modo que para aprobarse en la Cámara se necesitaban, como mínimo, 38 votos afirmativos.
En la Asamblea Legislativa los proyectos que requieren mayoría calificada no pueden ser sujetos al procedimiento rápido y especial que está regulado en el artículo 208 bis, pues de lo contrario, se considerará como un vicio esencial del procedimiento y será declarado inconstitucional en la Sala Constitucional.

A la hora de votar la moción, 46 diputados lo apoyaron. Solo se opusieron Walter Muñoz y Sylvia Patricia Villegas del PIN, así como Otto Roberto Vargas del Partido Republicano.













