Lo que se suponía sería una sesión calma y corta del Plenario legislativo donde se ratificaría el nombramiento de José Francisco Pacheco como directivo del Banco Central, terminó en una oleada de intervenciones de diputados de Restauración Nacional en contra de la oficialista Paola Vega por su posición a favor de los derechos de las mujeres, incluyendo el aborto.
Restauración aprovechó uno de los muchos vacíos que tiene el Reglamento de la Asamblea Legislativa para hacer sus intervenciones apenas iniciando la sesión, cuando debe discutirse y aprobarse el acta de la sesión anterior.
Esa sección, de hasta 30 minutos, se destina para hacer correcciones al acta pero para evitar que sus micrófonos fueran apagados por ser intervenciones de fondo, los legisladores señalaron supuestos errores en el contenido del discurso de la diputada Vega del día previo para seguir hablando.
La oficialista pidió perdón a las mujeres, a nombre de la Asamblea Legislativa, por la omisión de emitir legislación en materia de sus derechos, así como la emisión de una norma técnica sobre aborto impune que está vigente en el Código Penal, lo que causó molestia en la bancada de 14 diputados.
En total, 9 congresistas de Restauración hablaron en el Plenario contra el discurso de Vega. Los restantes formaron parte, minutos después, de una conferencia de prensa donde presentaron un "manifiesto por la vida" que arremete contra los diputados oficialistas y a “sus aliados monotemáticos”, así como a la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, por insistir en “impulsar y aprobar el aborto en Costa Rica”.
Como reportamos ayer en horas de la tarde, en el documento los restauradores expresan a la opinión pública su compromiso con “defender la vida desde la concepción, y su “oposición absoluta y categórica a la figura del aborto” incluyendo cualquier medida que “disfrace” el aborto común como aborto terapéutico. También manifiestan su rechazo a“argumentos falaces para introducir el aborto en Costa Rica” como el tema de la “supuesta protección de la salud de la madre, cuando se descuidan temas tan elementales como la violencia obstétrica”.
Pueden ver las intervenciones de los diputados de Restauración, su conferencia de prensa y la respuesta de Paola Vega en este vídeo.
https://youtu.be/NLYbCUaWh5s
RATIFICADO JOSÉ FRANCISCO PACHECO EN EL BCCR
El Plenario ratificó casi por unanimidad el nombramiento de José Francisco Pacheco como directivo del Banco Central de Costa Rica, en sustitución de Victoria Hernández Mora, quien renunció a su puesto tiempo atrás.
A diferencia de la candidata oficialista para un puesto en la ARESEP, Pacheco logró el apoyo de 47 diputados a su designación y la oposición única de Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana.
Abarca no justificó por qué votó en contra de la designación.

PUSC PRESENTA LEY DE UNIÓN CIVIL PARA PAREJAS HOMOSEXUALES
El pleno de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó en conferencia de prensa un proyecto de ley sobre uniones civiles para parejas del mismo sexo, con el propósito de darles los mismos derechos que tiene un matrimonio heterosexual, pero sin usar ese término.
El proyecto se tramitará en el expediente 20.888 y según la exposición de motivos de los legisladores, existe un "compromiso de respetar en lo conducente la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos", especialmente respecto de la obligación que tiene el Estado costarricense de proscribir el dictado de cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas, por lo que es esa la raíz del proyecto en cuestión.
Sin embargo, #HayTruco.
El PUSC justifica en las primeras páginas de la iniciativa el hacer la distinción entre los términos de matrimonio y unión civil alegando que el primero es un término religioso, antropológico y jurídico "reservado exclusivamente a la unión heterosexual monogámica".
"Así lo aceptamos, no sólo los socialcristianos, sino también un amplísimo sector de nuestra población", dice la página 6 del documento.
La posición es congruente con la "salvedad" que hizo Rodolfo Piza a la hora de firmar el acuerdo de Gobierno Nacional con el ahora Presidente Carlos Alvarado, donde se señala que el PUSC defenderá el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, pero impulsará una Ley de Unión Civil de parejas del mismo sexo "para garantizar la no discriminación y el reconocimiento de los derechos personales, sociales y patrimoniales de las parejas del mismo sexo".
Además, afirman que la distinción se ha hecho en otros países de la región -sin especificar cuáles- y que es una posibilidad establecida por la Sala Constitucional en su voto 2006-7262, el cual habla de la necesidad de promulgar legislación que llene el "vacío normativo" sobre las uniones de personas del mismo sexo.
El truco radica en que la distinción que pretende hacer el PUSC con este proyecto es "inaceptable", según lo estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva que el partido afirma en el proyecto querer respetar.
En la opinión consultiva, los jueces señalaron que cuando se trata de una medida que establece un trato diferenciado, como lo es el matrimonio para heterosexuales y la unión civil para homosexuales, se debe analizar la idoneidad de la medida diferenciadora para determinar que sea legítima.
De este modo, continuaron desarrollando los jueces, la creación de una figura para garantizar derechos a una población que un grupo poblacional ya tiene mediante una figura vigente solo sería aceptable si la nueva otorga beneficios superiores a la existente.
Tras analizar el por qué los países del Sistema Interamericano habrían de hacer la distinción entre matrimonio y unión civil, los jueces concluyeron que:
"Establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia –sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil– no logra superar un test estricto de igualdad pues, a juicio del Tribunal, no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional".
Lo anterior quiere decir que la distinción pretendida por el PUSC con este proyecto resultaría discriminatoria, sin embargo, la presentación de la iniciativa permite abrir un nuevo frente de debate en el Congreso sobre este tema, mientras la Sala Constitucional de una vez por todas toma el valor para pronunciarse sobre los múltiples casos que tiene pendientes, algunos desde hace ya bastantes años.
EN COMISIONES...
Patricia Vega, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contó a los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia un panorama nada alentador sobre la situación que atraviesa esa institución: centros con órdenes de desalojo por parte del Ministerio de Salud, falta de datos fiables sobre la población atendida y fondos del presupuesto sin objetivos claros, fueron parte de los temas que expuso en una audiencia en horas de la mañana.
La jerarca dijo que se requiere de manera urgente contar con datos claros, por lo que se está trabajando en la digitalización de la institución para dar seguimiento a todos los casos que ingresan, ya que en los últimos años el PANI dejó sin atención a más de 22 mil casos.
El proyecto implicará una inversión de 6 millones de dólares, durante un plazo de cinco años.
Por otro lado, la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert, señaló que más de 6 mil nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica recientemente, de las cuales la mitad ya fue documentada de forma temporal, mientras se resuelve su solicitud.
Ante la Comisión de Derechos Humanos la funcionaria recordó que el refugio es un instrumento internacional para proteger a una persona cuando tiene un temor fundado por su vida, es decir corre peligro en su país de origen porque está siendo perseguido en razón de su raza, genero, pertenencia a un grupo político, o porque ha emitido una opinión política.
Vargas señaló que cada solicitante es investigado y hasta se revisan las bases de INTERPOL, lo que ha permitido identificar a cuatro personas con alerta internacional, que están siendo procesadas de una forma diferente.
Asimismo, dijo que ahora las visas de turista se están expendiendo con plazos de seis meses, el doble de lo anterior, con le propósito de dar tiempo a que se solucione la crisis en el país vecino.
Por su lado, el director del Instituto Costarricense sobro Drogas, Guillermo Araya presentó a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico una propuesta de texto sustitutivo a la Ley Especial de Extinción de Dominio el cual fue adoptado por los legisladores.
Esta iniciativa pretende confiscar los bienes de los grupos organizados y atacar de esta manera las altas esferas del crimen organizado que tiene sumido al país en una ola de homicidios que se incrementa día con día.
Finalmente, la viceministra de salud, Alejandra Acuña dejó claro que no apoyan el proyecto 19.817 con el cual se pretende que los alimentos que no se vendan en comercios puedan ser donados a personas necesitadas, en lugar de ir a parar a la basura.
Acuña dijo que desde el punto de vista de salud pública es un riego por tratarse de potenciales productos vencidos.









