La semana legislativa llegó a su fin con audiencia a la ministra de Hacienda, quien pidió 16 modificaciones al plan fiscal; la presentación de recortes al presupuesto del Congreso por 5500 millones de colones y la aprobación de dos nuevos proyectos en segundo debate.
ROCÍO AGUILAR PIDE 16 CAMBIOS AL PLAN FISCAL
Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda compareció ante la Comisión Especial que estudia el plan fiscal para exponer los cambios que el Poder Ejecutivo desea se hagan a la iniciativa, así como los rendimientos esperados a mediano plazo por la aprobación del proyecto y las medidas administrativas que anunció semanas atrás.
Durante tres horas, la jerarca expuso a los diputados nuevamente los escenarios de reducción del déficit fiscal que tendrían con la aprobación del proyecto tal y como está hoy, y el que se tendría si se aprueba con las 16 modificaciones que pide el Ejecutivo.
Bajo el escenario de que se apruebe el proyecto tal y como está hoy, es decir, con un IVA del 13% con tasa diferenciada del 2% para la canasta básica y del 4% para salud privada, se recaudaría al 2022 (junto con todas las otras reformas y medidas administrativas) más de 1,7 billones de colones, equivalentes a 3,83 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, Aguilar planteó 16 solicitudes de modificación al proyecto, las cuales deberán hacerse vía moción o por texto sustitutivo, entre las que destacan:
- Renta global, propuesta que inclusive tiene el visto bueno de la Uccaep.
- Homologación de las tarifas de remesas al 15% y 25%
- Norma para limitar el excesivo endeudamiento de las empresas
- Poner a las cooperativas a pagar impuesto de Renta con una escala similar usada para las Pymes.
- Restituir el impuesto a las ganancias de capital.
Si todas esas medidas son implementadas, se alcanzaría un ajuste de 4,11 puntos del PIB, equivalente a 1,8 billones de colones, muy cercano al que el Banco Mundial ha estimado se requiere para cerrar la brecha entre ingresos y gastos en Costa Rica.
Por otro lado, Aguilar llevó un nuevo dato sobre la evasión fiscal que dista mucho del 8,2% del PIB que se calculó en el año 2016. Según la medición más reciente, hecha junto con el Fondo Monetario Internacional, la evasión y elusión fiscal juntas representaron 4,6% del PIB.
De la anterior cifra, 1,9 puntos corresponden a evasión y elusión del Impuesto sobre las Ventas y los otros 2,7 puntos por evasión al Impuesto sobre la Renta.
Con esos datos, la ministra insistió en la necesidad de la trazabilidad mediante el IVA a la canasta básica y a la salud privada de 2% y 4%, respectivamente.
¿Por qué esa cifra? Según la jerarca, el 2% en la canasta básica permite trazabilidad y además, no recarga el pago del mismo en los sectores más desprotegidos, sino que se diluye su pago en la cadena de producción del bien que se esté consumiendo, contrario a lo que pasaría con una tasa del 1%. En el caso del impuesto del 4% a la medicina privada, dijo que el propósito es la trazabilidad y recordó que el monto se devolverá a quienes lo hayan pagado, siempre y cuando lo hayan hecho con un medio electrónico (tarjeta, transferencia, etc.).
LA ASAMBLEA ANUNCIA RECORTES A SU PRESUPUESTO
El Directorio y la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa presentaron a la prensa un plan de recortes de 5500 millones de colones al Presupuesto del Primer Poder de la República, para el 2018 y 2019 en partidas como viajes y viáticos al exterior, horas extras y alimentos.
Sin embargo, tal y como lo reportó La Nación, se dejó por fuera la modificación a pluses salariales que se disfrutan en el Congreso, como lo son las anualidades de entre 3,5% y 4,36% (más del doble del pagado en el Ejecutivo); y pluses que no existen en otro lado, entre ellos el de "amarre" para persuadir a los funcionarios de renunciar o irse a otra institución, el cual asciende a más de 800 millones para este año.
A ese respecto, el directorio declaró que están esperando un criterio legal sobre la forma de implementar modificaciones a ese tipo de beneficios, con el propósito de evitar que malas decisiones se traduzcan en posteriores declaratorias de inconstitucionalidad o en pérdida de juicios laborales.
CONTRALORÍA RECHAZA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017
La Contraloría General de la República (CGR) informó a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que la liquidación del presupuesto nacional 2017 no tiene su aval.
Lo anterior se debe a que contiene salarios pagados de más, pensiones desembolsadas a personas que no correspondían, financiamiento de gastos corrientes con deuda y uso indebido de partidas por parte de algunas instituciones.
Marta Acosta, contralora general, dijo que el MEP pagó 3500 millones de colones de más en salarios, en pensiones se giraron incorrectamente más de 2500 millones y por otro lado, 62.981 millones de colones de pago a la Caja Costarricense del Seguro Social se financiaron con deuda.
La liquidación del Presupuesto Nacional es una potestad atribuida a la Comisión de Ingreso y Gasto. Este informe, que pasa ahora a conocimiento del Plenario, al igual que muchos otros no tiene efectos jurídicos
EN PLENARIO...
La Oposición y el PAC ya presentaron, cada uno, las mociones para abrir comisiones investigadoras que esclarezcan, por un lado, el manejo que se le dio al informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y por el otro, el manejo de una denuncia remitida por la Contraloría General de la República al Directorio anterior, sobre la construcción de obras temporales para albergar funcionarios y diputados en el Congreso.
Aunque se intentó discutir y votar ambas mociones, el tema se dejó para el próximo lunes. Lo mismo ocurre con la moción de censura contra Edgar Mora Altamirano, ministro de Educación.
Según el sondeo de Barra de Prensa, la moción no tiene los votos necesarios para ser aprobada. Vale señalar que el modelo se construye bajo dos supuestos: se tiene por sentado que todo el PAC y el Frente Amplio votarán en contra de la censura, hasta que alguno manifieste lo contrario; y se tiene por sentado que el PLN, PUSC, PRSC, PIN y el independiente votarán a favor, hasta que manifiesten lo contrario.
Ahora bien, el PIN, el independiente y varios diputados de Liberación han anunciado su negativa a apoyar la moción, de modo que la matemática da un potencial 36 votos a favor, 19 en contra y 2 ausencias, insuficiente para que la censura prospere. 
Por otro lado, el Plenario aprobó dos nuevos proyectos en segundo debate, por lo que están listos para enviarse a Casa Presidencial para que se conviertan en Ley de la República.
El primero, es el proyecto que pospone durante 24 meses la creación de una jurisdicción especializada en crimen organizado, a petición del Poder Judicial dada la falta de recursos para su implementación.
El proyecto, tramitado en el expediente 20.745, fue aprobado por unanimidad y estuvieron ausentes Eduardo Cruikshank (54), Erwen Masís (27), Yorleny León (56), Franggi Nicolás (50), Ana Lucía Delgado (40), María José Corrales (21) y Ana Karine Niño (4).
El segundo, es una autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que done un terreno de su propiedad a la Asociación Centro de Vida Independiente MORPHO, tramitado en el expediente 20.334 y apoyado también por unanimidad.
Estuvieron ausentes Eduardo Cruikshank (54), Erwen Masís (27), Shirley Díaz (15), Yorleny León (56), Franggi Nicolás (50), Ana Lucía Delgado (40), María José Corrales (21) y Ana Karine Niño (4).
SOBRE EL REPORTE ANTERIOR
El miércoles señalamos en el reporte de Barra de Prensa que los diputados desconocían la rectoría del empleo público, al haber convocado al ministro de Trabajo, Steven Nuñez a la Comisión sobre el Plan Fiscal para que hablara sobre ese tema, a pesar de que no le está asignada de forma específica esa rectoría.
Al respecto, la diputada liberacionista Silvia Hernández nos hizo llegar un correo electrónico el cual replicamos:
Al estar presente el día de ayer durante la sesión en cuestión, fui de las Diputadas que realizó consultas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre las implicaciones de las medidas señaladas por la Ministra de Hacienda referentes a Empleo Público. Realicé mis intervenciones, por las siguientes razones:
1. Que la Comisión Especial que conoce el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas actúa por mandato del Plenario.
En la moción aprobada por el Plenario Legislativo sobre el procedimiento para conocer el expediente 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se ordena que la Comisión realice tres audiencias, la primera de ellas para recibir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “con el objeto de conocer la incidencia de la reforma en el empleo público”.
Si la Comisión Especial incumple cualquier mandato del Plenario, en la tramitación de este expediente, se produce un vicio de constitucionalidad, en consecuencia no podría aprobarse el proyecto de ley, con las graves implicaciones que esto tendría para las finanzas públicas.
2. Que La Ley Orgánica del MTSS no. 1860, establece en su artículo 1 que “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense.”
3. Que el Decreto Ejecutivo no. 34582, según el cual se afirma que la rectoría de empleo público no es del Ministro de Trabajo, se encuentra derogado por decreto ejecutivo no. 38536 MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo del 25 de julio del 2014. Lo anterior según el Sistema Costarricense de Información Jurídica de la Procuraduría General de la República.
4. Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo 38536 MP- PLAN del 2014, que sí se encuentra vigente, el Poder Ejecutivo tiene una organización sectorial. Cada sector tiene una rectoría. Según establece el decreto el sector: trabajo y seguridad social está bajo la rectoría del Ministro de Trabajo y Seguridad Social (artículos 2 y 4).
5. Que el Decreto Ejecutivo no. 35730-MTSS crea la Comisión Negociadora de Salarios en el Sector Público y la coordina el Ministro de Trabajo. Que esa Comisión tiene entre otras atribuciones: “(…) b) Ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público a efectos de ofrecer recomendaciones y pronunciamientos en esta materia. c) Analizar y recomendar sobre aspectos de políticas de gestión del Recurso Humano en el sector público que se sometan a su consideración.” (artículo. 9)
6. Que la Comisión de Políticas para la negociación de las Convenciones Colectivas en el Sector Público está Presidida por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social (decreto Ejecutivo 29576-MTSS y C-085-2018).
7. Que conforme al Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no es ajeno al proceso de una convención colectiva en el sector público y según lo ha indicado la Procuraduría General de la República, el registro de los convenios colectivos que se realiza en la Dirección General de Asuntos Laborales del Ministerio Trabajo y Seguridad Social, debiera implicar la verificación de que los acuerdos se ajusten y no se opongan a lo normativamente previsto por el ordenamiento jurídico estatal.
8. En el marco de la búsqueda de soluciones a la situación fiscal que enfrenta el país, el Poder Ejecutivo emitió una Directriz sobre la renegociación de las convenciones colectivas en instituciones públicas (Directriz no. 009-H).
9. Que con base en todo lo anterior se justifica la comparecencia del Ministro de Trabajo para abordar temas relativos al empleo público, en la Comisión Especial y por tanto las consultas que en mi caso señale durante la audiencia.
La diputada lleva razón en que que el Decreto Ejecutivo 34582, según el cual el ministro de Trabajo afirmó ante la Comisión que la rectoría de empleo público es del Ministerio de Planificación, se encuentra derogado por el Decreto 38536 MP-PLAN del año 2014, por lo que en Barra de Prensa aceptamos el error de no haber verificado ese dato previo a la publicación.
Antes la rectoría del empleo público estaba asignada al Mideplan, sin embargo, luego se le retiró y no se le asignó a ningún otro ministerio. Naturalmente, este hecho hace válida la interpretación que hacen varios diputados de que sí es el Ministerio de Trabajo el competente sobre la materia, aunque es igual de válido el señalamiento que hace el ministro Nuñez de que no es suya --dado de que no le está asignada de forma explícita como sí lo estaba antes--, situación que es secundada por la ministra de Hacienda, quien dijo este jueves que efectivamente empleo público carece de una rectoría asignada.
Precisamente la carencia de una rectoría para el empleo público ha sido señalada desde el año 2010 por distintas instituciones, entre ellas el Servicio Civil, Mideplan, Contraloría y Procuraduría General.
Finalmente, lleva la razón la legisladora al indicar que la audiencia al ministro Nuñez fue impuesta por el Plenario mediante la moción 208 bis que fue aprobada el 5 de junio anterior, sin embargo, debemos señalar que todos los integrantes de la Comisión en cuestión votaron a favor de esa moción, tal y como se ve en el registro de ese día. 
