La contralora general de la República, Marta Acosta Zuñiga señaló a los diputados que integran la Comisión Especial que estudia el plan fiscal que la aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) "resulta impostergable".
Acosta compareció ante los diputados este miércoles como parte de la última audiencia previa a que se abra el plazo para presentar mociones y modificar por el fondo el proyecto y señaló que, aunque necesario, resulta insuficiente.
"La aprobación de este proyecto es prioritaria. No es ahora que lo venimos a decir, entendemos la urgencia y el apremio que tenemos como país, aun cuando su impacto fiscal podría no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del Gobierno de la República", dijo la Contralora.
Aunado, la funcionaria dijo que las medidas administrativas anunciadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, son complementarias y necesarias, pero requieren indicadores y metas que permitan dar seguimiento periódico de su efectividad.
Acosta advirtió que entre más se postergue las decisiones que se requieren para ordenar "las deterioradas finanzas públicas", serán más drásticas las medidas y también más drásticas las consecuencias para todo el país
"Todos tenemos un aporte que darle al país y no tenemos tiempo para perder. No me queda la duda, de que ustedes diputados y otros tomadores de decisiones comprenden la coyuntura que vive el país en relación con las finanzas públicas, entonces es hora de que tomemos decisiones, es nuestra responsabilidad histórica y es una muy buena oportunidad para edificar la Costa Rica prospera que todos queremos", afirmó la Contralora.
Además, advirtió que es necesario que este proyecto contemple otorgarle al Gobierno herramientas para controlar los destinos específicos, pues de lo contrario, el aumento en recaudación que otorgue el IVA y las modificaciones a Renta serán absorbidas automáticamente por las obligaciones legales impuestas al Estado con cargo a esos tributos.
También manifestó la necesidad de que avanzar hacia el sistema de salario único o uniforme en todo el sector público, mediante una transición hacia un sistema en que los incentivos salariales se vayan ajustando.
