Una investigación de la Defensoría de los Habitantes de la República reveló este jueves que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) colocó en el Hospital México, durante la década de los 80, decenas de válvulas cardíacas defectuosas en pacientes, a pesar de una alerta internacional que señalaba el mal estado del material.

Los hallazgos, revelados hoy a la prensa, apuntan a que 72 personas recibieron ese dispositivo, de los cuales el 60% ya han fallecido y solo quedan con vida 29 personas; y salen a la luz luego de que la Defensoría recibiera 7 denuncias de familiares de pacientes fallecidos y otras 4 de pacientes con vida.

Nota del editor: Inicialmente la Defensoría informó que quedaban con vida 22 personas, sin embargo, posteriormente actualizó la cifra a 29, de las cuales se tiene ubicadas a 21. También actualizó el dato inicial que hablaba de un grupo de pacientes de entre 43 a 72, para finalmente dejarlo en esa última cifra.

La institución determinó que las autoridades médicas ignoraron la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud y por ende, nunca advirtieron a los pacientes ni sus familiares de los riesgos y tampoco recibieron un control médico especializado.

Antecedentes

El caso se remonta al periodo 1979-1986, cuando la empresa Shiley, Inc., subsidiaria propiedad de Pfizer, Inc., fabricó una válvula cardíaca humana-implante conocida como válvula cardíaca convexa / cóncava Björk-Shiley, que fue implantada en 100 mil pacientes en todo el mundo.

Para el año 1992, una investigación determinó que 450 válvulas se habían fracturado, causando la muerte de más de 300 pacientes y el tema se elevó a juicio en Ohio en el año de 1996, dando como resultado la obligación de Pfizer de indemnizar a los afectados y crear un panel para atender casos ocurridos fuera de Estados Unidos, para asegurar a todos los que recibieron la válvula defectuosa tuvieran atención médica especializada y pudieran ser indemnizados.

La Defensoría tuvo por demostrado que el 30 de noviembre de 1990, la Dirección del Centro de Normas y Regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos alertó de la situación con las válvulas a la Oficina Panamericana de la Salud en Costa Rica y, luego el 7 de enero de 1991 esta a su vez, lo comunicó a la Sección de Investigación de Servicios de Salud de la Caja del Seguro Social, para comunicar al Servicio de Tórax y Cardiovascular del Hospital México de la existencia de esas fallas.

La Oficina Panamericana advirtió que, según reconoció la empresa fabricante a las autoridades estadounidenses, válvulas defectuosas podían haber sido distribuidas e implantadas en pacientes de Costa Rica, por lo que recomendaba crear un registro de pacientes y dar seguimiento a los mismos.

Consideraciones de la Defensoría

Como resultado de los hallazgos, la Defensoría determinó que no se cuenta con ninguna evidencia de las acciones realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social luego de que fuera comunicada la Alerta de la Oficina Panamericana de la Salud.

"Para la Defensoría existe una duda bastante razonable acerca del riesgo al que se pudieron estar expuestas  las personas que recibieron el implante de la válvula cardíaca en cuestión o incluso al que pueden estar expuestas los sobrevivientes dada la escasa documentación sobre la certeza de los dispositivos colocados a los pacientes junto con la falta de información respecto de la acciones adoptadas de  frente al comunicado de alerta que recibieran las autoridades sanitarias de esa época. Con lo cual, ante tal nivel de incertidumbre en aquel momento debió actuarse con prudencia con el fin de proteger la salud y la vida de las personas implicadas", indicó la institución.

La investigación arrojó además que las autoridades del Hospital México de ese entonces simplemente ignoraron la alerta, porque  los pacientes que habían recibido las válvulas defectuosas tenían un promedio de vida elevado, sin embargo, para la Defensoría esto fue una presunción que de conformidad con el principio precautorio fue insuficiente, pues atenta la forma convencional de actuar de frente a la incertidumbre.

"La Defensoría considera que se ha violentado el derecho a la información a los pacientes  y derecho de participar de los beneficios de los acuerdos internacionales. Por otra parte, al desconocerse el número de lote de la compra de las válvulas que realizó la CCSS y el hecho de desconocer si la válvula colocada a los pacientes corresponde a la Alerta, obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social a realizar una revisión independiente de lo actuado por el grupo de profesionales de la CCSS que realizaron la Investigación Preliminar en 2016", agregó la institución.

Respuesta de la CCSS

La Presidencia Ejecutiva de la CCSS ordenó a la Dirección Médica del Hospital México dar atención prioritaria a las recomendaciones emitidas por la Defensoría y le solicitó el envío de in informe ejecutivo de la atención dada en cada caso.

Adicionalmente solicitó a las Direcciones Regionales de Servicios de Salud Central Norte y Central Sur una investigación de los elementos solicitados por la Defensoría para ser atendidos por la Junta Directiva de la Caja.

El Hospital México informó a la Defensoría que en un plazo no mayor a un mes se atendería a familiares o pacientes involucrados, para informar a cerca de las interrogantes que no fueran atendidas en su momento y para tal efecto, se está llevando a cabo un cronograma de convocatoria.