Uno de los componentes más importantes de cualquier país democrático es la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Donde hay claridad en tal manejo, se podría decir, no hay corrupción. En el caso de Costa Rica, la Contraloría General de la República (CGR) es la institución encargada de velar por el uso adecuado del dinero público y de exigir rendición de cuentas al resto de instituciones públicas.

Diligentemente, es la Contraloría quien enciende las luces de alerta respecto al manejo de fondos públicos de X institución pública, y hasta privada (ejemplo: caso UNOPS, explicado más adelante). Por esta razón Marta Acosta, contralora general de la República, resulta ser una pieza incómoda para algunos. “A nadie le gusta el control”, recalca.

Recientemente la Contraloría dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2018, con la cual, según Acosta, se pretende que las instituciones públicas evaluadas tomen la responsabilidad que les corresponde para destinar, invertir y ejecutar correctamente los fondos públicos en beneficio de la ciudadanía. De esta encuesta y de la Encuesta Nacional de Corrupción 2017 es que nos sentamos a conversar con la contralora, quien además de llevarle el pulso a la eficiencia institucional del país es quien ha transformado el perfil de la CGR, de una institución política a una institución estratégica.

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Personalmente nunca había tenido la oportunidad de conversar con la contralora. Ocasionalmente la había visto en sesiones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, en la Asamblea Legislativa; sus comparecencias me dejaban la sensación de una personalidad ecuánime y directa. Posiblemente más directa que ecuánime.

En el piso 14 de uno de los edificios más emblemáticos de la Sabana nos atienden Mariela, su jefa de prensa, y la misma contralora. La oficina es en extremo ejecutiva, cuenta con una mesa de reuniones, la cual encabeza Marta Acosta, a su derecha me siento yo, a su izquierda Mariela, y de frente a la contralora Luis Madrigal, quien hoy hace de fotógrafo.

Doña Marta, antes de entrar en los temas que traigo, me gustaría que nos cuente un poco sobre usted, de cómo pasó de ser subcontralora a ser contralora. También quién es, qué le gusta y de dónde sale su vocación de servicio público...

—Yo tengo placa de activo institucional —vacila y señala su hombro—. Le voy a contar un poco de mi historia personal, yo soy de Puntarenas. Pertenezco a una familia de madre educadora, mi papá era trabajador de Fertica. Tengo dos hermanos, nos criamos en un ambiente muy bonito, tranquilo, una familia muy humilde.

Cuenta la contralora que sus padres hicieron lo posible para brindarle a ella y a sus hermanos buenas oportunidades de educación y que ella siempre fue muy buena estudiante.

De aquella impresión hecha a imagen y semejanza de los medios de comunicación y de sus comparecencias públicas queda poco. La combinación de hablar y sonreír al mismo tiempo la han cambiado en mi imaginario, de directa y fría a directa y asertiva. De hecho, sus brillantes y alegres ojos hablan más que sus propias palabras.

“Posteriormente me vine a San José a estudiar a la Universidad de Costa Rica. Luego entré a trabajar a un despacho de contadores públicos y más tarde empecé a trabajar en la Contraloría. Trabajé aquí 15 años”.

¿Fue su segundo trabajo?

—Sí. Durante esos 15 años pude participar en un programa de becas de la Contraloría de Canadá y me fui por un año. Allá aprendí muchas cosas, en aquel momento, le estoy hablando de finales de los ochentas, el tema en Canadá era servicio público transparente, rendición de cuentas, liderazgo con compromiso; entonces fue una época muy retadora porque me tuve que enfrentar a situaciones difíciles en materia de estudio, a trabajar en equipo con profesionales con grandes destrezas en materia de control y auditoria, pero la experiencia fue muy buena.

Cuando regresé, el contralor era Elías Soley (1987-1992) entonces él me solicitó que saliera de hacer auditorías y me fuera al centro de capacitaciones a trabajar desde ahí. Luego cuando vino el contralor Luis Fernando Vargas (1996-2004) y me pidió que trabajara temas de rendición de cuentas y de transparencia; más tarde me uní a su equipo y trabajamos en la modernización de la Contraloría.

Al final de este periodo, Marta Acosta salió de la CGR por siete años. Tuvo una oportunidad en un organismo internacional para trabajar en temas siempre relacionados con contralorías, es decir, control, auditorías y un poco en compras públicas. Esta experiencia, reconoce Acosta, le dio un bagaje importante para “ponerse los zapatos” de la administración pública.

En algún punto, al final de esos siete años, la ahora contralora le comentó a su esposo que le gustaba la idea de volver a Costa Rica, pero que quería volver para trabajar otra vez en la CGR. En ese momento, lo que salió fue el concurso al puesto de subcontralor/a al cual aplicó un poco incrédula, según reconoce.

La Controlaría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, por lo tanto, son los diputados y diputadas quienes escogen a quien ocupará el cargo de contralor/a y subcontralor/a para que ejerza por un periodo de ocho años.

“Participé porque consideraba que tenía la capacidad y cumplía con los requisitos, sin embargo, no estaba muy esperanzada en ser electa porque en aquella época no tenía conocidos en la Asamblea [Legislativa] ni nada de eso, pero al final resulté electa y bueno, ahí empieza la historia”.

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De lo simple…

Empecemos hablando del papel fundamental que desempeña la Contraloría en el país. En algún momento usted había mencionado que “es una institución estratégica para nuestra democracia”, ¿podría profundizar al respecto?

—Claro porque la Contraloría forma parte del sistema de pesos y contrapesos. Estamos para vigilar el buen uso de fondos públicos y le servimos directamente a la Asamblea Legislativa y a la institucionalidad, diciendo qué cosas hay que corregir para dar un mejor servicio o cómo desempeñarnos mejor como institucionalidad [pública] en general.

Entonces, el tema de rendición de cuentas y de generar transparencia es un papel muy importante en democracia. Ya de por sí esta institución es de orden constitucional....

Tal y como lo menciona la contralora, este órgano auxiliar del Congreso está constitucionalmente encargado de vigilar el uso de los recursos públicos que utilizan las instituciones del Estado, por ende, una de sus funciones principales es dar el visto bueno a los presupuestos de la mayoría de las instituciones del Gobierno; municipalidades, instituciones autónomas (Universidades, CCSS), empresas públicas (ICE, Recope). Este año, por ejemplo, no se aprobó la presentación de 13 propuestas de presupuestos municipales. La contralora nos comenta...

“En el sector municipal hay disposiciones bastante formales porque así lo manda el código municipal, por ejemplo, si no hay una sesión especial para ver el tema de presupuesto, la Contraloría se ve en la obligación de rechazarlo porque es un tema meramente formal. Pero, también hay incumplimiento de normas presupuestarias que obligan a improbar los distintos presupuestos, por ejemplo, que se quiera presupuestar en partidas que no corresponden, etc.

Lo que no ve la Contraloría cuando analiza un presupuesto son las decisiones de oportunidad o de conveniencia de ninguna institución. Es decir, que una institución pública diga “ahora voy a contratar 100 personas en vez de 80” nosotros no podemos decirle a esa institución “mire contrate tantas”, porque esa es una decisión de la administración y nosotros somos un órgano de control”.

Otra de las funciones de la Contraloría son los informes fiscalizadores y análisis de contratos que hacen durante el año, para ilustrar ¿podría referirse a los casos APM Terminals y UNOPS?

—Lo de AMP Terminals fue una advertencia. Fue una nota enviada porque la Contraloría estaba haciendo una auditoria en la cual se encontró una situación [debilidades en la supervisión ejercida por la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Concesiones] que estimaba era mejor informar de una vez en lugar de esperar a que terminara el proceso [de ejecución de la obra] para ser más oportunos. Entonces, advertimos [que no existía garantía de que las labores de control y supervisión ejecutadas por el CNC durante la etapa de construcción de la fase 2A, entre enero de 2015 y junio de 2017, se hayan llevado a cabo conforme las demandas del Contrato de Concesión].

Lo de UNOPS, es que ellos presentaron algunos trámites en la Contraloría y nosotros no tuvimos acceso a los expedientes completos, entonces ahí fue donde consideramos algunas situaciones inconvenientes, no transparentes; siendo que la Contraloría razonaba que UNOPS era administradora de proyectos costarricenses con fondos públicos, y para atender objeciones y apelaciones [a los contratos con UNOPS] la Contraloría no tenía acceso al expediente.

Durante la administración Solís Rivera, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) se hizo de cinco proyectos de construcción de obra pública, entre ellos, dos puentes sobre el Río Virilla y la supervisión de la construcción de la obra en Circunvalación Norte, Calle Blancos-La Uruca. Sin embargo, alegando ser una agencia de Naciones Unidas, UNOPS negó que pudieran dar los contratos a escrutinio público, desencadenando en que la Contraloría anulara los contratos concesionados, acción que llevó a la agencia a “abrir los expedientes”.  Aun así, actualmente UNOPS tiene anulada la adjudicación del viaducto en la rotonda de las Garantías Sociales...

…a lo complicado

Otra de las funciones correspondientes a la CGR, es estampar la última firma en los contratos de bienes y servicios que involucran de fondos públicos. Esto se hace mediante la mitificada figura del refrendo.

El refrendo es “es un acto de aprobación, por lo que funge como un requisito de eficacia del contrato administrativo y no como un medio por el cual la Contraloría General de la República pueda anular de forma indirecta el acto de adjudicación ni el contrato administrativo”. Es decir, cuando la CGR no refrenda un contrato, o anula un contrato (como en el caso de UNOPS) lo que en ente contralor pretende es que “los defectos presentados en el contrato sean subsanados, enmendados o corregidos para obtener el respectivo refrendo en un eventual trámite futuro”.  

De ahí surgen mitos que, según Marta Acosta, hacen pensar que la Contraloría “todo lo atrasa”.

¿Cuál es la lógica de que un contrato pase por la Contraloría si ya está firmado?

—Que cumpla con el jurídico. Pero, la Contraloría había presentado un proyecto de ley en 2016 para que el refrendo lo hagan las propias administraciones [de cada institución] porque actualmente ya hacen sus propias aprobaciones internas.

En este sentido, la Sala Constitucional ya dijo que por la vía legal no [procede], pero no conocemos el razonamiento, estamos esperando el voto, porque sí consideramos que el control lo debe hacer la administración [de cada institución] para que asuma la responsabilidad por sus propios contratos.

Porque este [el refrendo] es un control de hace décadas y también debemos leer los tiempos y ajustar el control al entorno y a las necesidades del país.

Entonces cuando uno escucha decir que la Contraloría no refrendó un contrato y que por eso se atrasó una obra, ¿cuál es el mito ahí, qué quiere decir que un contrato no sea refrendado?

—Que el contrato no adquirió eficacia, pero el tema es que muchas veces vienen mal presentados. Mire, aquí han venido proyectos con planos que no tienen firmas, o también nos ha pasado que escuchamos a un ministro decir en una comunidad X que el contrato ya está en la Contraloría y aquí no está, o llegó en la tarde, ¿me explico? Entonces, aquí lo que sucede es que la administración [de las instituciones] no asume su responsabilidad y es precisamente lo que nosotros pretendemos.

No es quitarnos el refrendo, pues constitucionalmente nos corresponde. Lo que pretendíamos era que, bajo normas y directrices de la Contraloría, y bajo nuestra vigilancia, la administración aprobara internamente [sus propios contratos].

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Si de fondos públicos hablamos…

Explica Acosta que, en aras de una mejor vigilancia sobre el manejo de los fondos públicos la Contraloría General de la República realizó la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2018, pues dichos servicios involucran dineros públicos. La encuesta hace resaltar que los tres temas más preocupantes para la ciudadanía fueron seguridad, servicios básicos y salud.

Según su interpretación, pues los resultados los podemos encontrar en la página de la Contraloría, en el tema de seguridad ¿qué fue lo que más sobresalió?

—Más del 80% de costarricenses dijo que su mayor preocupación es la seguridad, y nos llama mucho la atención que el 74% dice que su calidad de vida ha disminuido porque ahora tiene mayor intranquilidad.

Fuente y elaboración: Contraloría General de la República

Aparte de los hallazgos, ¿espera la Contraloría que las instituciones den alguna respuesta?

—Claro. Esperamos que la institucionalidad tome en cuenta estos resultados para que se pregunten cómo podrían ser más eficientes de cara al usuario. La Contraloría tiene esta información disponible en la página web para que la ciudadanía y las instituciones accedan a ella.

Entonces, si yo fuera jerarca de esas instituciones debería estar muy interesado/a en conocer la opinión de los usuarios de los servicios públicos. Porque, aunque siempre debemos procurar la eficiencia, en una coyuntura [fiscal] como la actual, aún más.

Pero, eso quiere decir que estamos a la merced de la voluntad de las instituciones para obtener respuestas, ¿en qué punto la Contraloría sí podría intervenir para que se usen mejor los fondos públicos?

—En materia de auditorías es cuando nosotros sí podemos decirles a las instituciones públicas cómo deben cambiar, mejorar o subsanar las deficiencias que encontramos. Pero también debería haber por parte de las instituciones interés e iniciativa por mejorar. 

Uno de los problemas es que la función pública se ha deshumanizado. Es por eso que debe haber una vocación por el servicio público, y es parte de lo que queremos rescatar con la encuesta. Es el tema del gasto público, de la eficiencia, pero también es el tema de pensar en el usuario.

¿Por qué realiza la Contraloría esta encuesta?

—A nosotros nos interesa que los servicios se presten con la mayor eficiencia y resulta que en la administración pública “eficiencia” no necesariamente la estamos viendo desde el punto de vista del usuario/a. Es decir, no se está tomando en cuenta qué representa para un ciudadano esperar por un servicio, por un trámite, etc.

Cualquier institución presta el servicio y no tiene idea de cuánto tiempo tiene que esperar alguien por una cita médica o para que una demanda se convierta en sentencia. Entonces, por eso y porque nosotros tenemos un objetivo estratégico que procura la eficiencia en los servicios públicos que son críticos para el ciudadano. 

 ¿Qué concluye la encuesta?

—Que se han invertido muchos recursos públicos que no van de la mano con la eficiencia con la que se están entregando los servicios al ciudadano.

…de corrupción hablamos

Como mencionamos anteriormente, donde hay la transparencia, se podría decir, no hay corrupción, sin embargo, mediante la Encuesta Nacional de Corrupción 2017, quedó en evidencia que, el 86% de los ciudadanos entrevistados creen que la sociedad costarricense es tolerante ante la corrupción.

Pero no solo los ciudadanos son tolerantes a la corrupción, sino que se amañan trámites que terminan siendo propensos de corrupción, más que todo los que involucran dinero de por medio, como los de contratación administrativa.

¿Por qué estos trámites son propensos a la corrupción?

—La contratación administrativa es una fuente de corrupción, aquí y en todos los países, eso no es exclusivo de Costa Rica. Por eso el 28% de los funcionarios públicos dijo que había sido testigo de algún acto de corrupción y un porcentaje importante [55%] de proveedores del sector público dijo que sus competidores habían dado premios o mordidas principalmente en el área de la infraestructura y tecnología.

Corrupción en procesos de compras del sector público | Fuente y elaboración: Contraloría General de la República

¿Cómo trabaja la Contraloría para bajar el impacto de la corrupción en el sector público?

—Trabajamos mucho el tema de la prevención, es un trabajo silencioso, pero es un trabajo importante. Porque la mayoría de los países dejaron de lado el tema de la prevención para irse por el lado sancionatorio, que es importante, pero hay que volcar la mirada a la detección, porque cuando hay detección nos ahorramos el costo que tiene la corrupción para el país.

A ciencia cierta no se sabe cuánto cuesta la corrupción al país. Sin embargo, en 2012, la organización internacional Global Financial Integrity, dio a conocer que los flujos ilegales de dineros en Costa Rica, representaron 94 billones de dólares, colocándonos en el puesto 14 a nivel mundial.  Y en 2017 el también organismo internacional Transparency Inernacional evaluó al país dándole 59 puntos de 100 posibles en la escala de corrupción.            

“Estamos trabajando desde varios frentes. Trabajamos para darle herramientas a la ciudadanía y generando transparencia”.

Lo personal es político

“Este es un puesto que no es para quedarle bien a todo el mundo. Y bueno, esa es una de las características del cargo, pues en el tanto usted le quede bien a todo el mundo no lo está haciendo bien”.

Su periodo culmina en dos años, ¿piensa reelegirse?

—Eso es algo en lo que aún no he pensado, y es algo en lo que todavía no quiero pensar porque quiero terminar trabajando bien mi mandato. Aún hay proyectos inconclusos, tenemos un plan estratégico que termina justo en el 2020 y la verdad que yo estoy muy ilusionada por dejar cosas bastante encaminadas; de aquí a allá veremos qué sucede. Este en un tema prematuro que no quisiera me desconcentre de continuar los proyectos que hemos iniciado.

Este es un cargo muy administrativo y muy político y en este país es difícil encontrar alguien que [con argumentos] se imponga a decir cuando las cosas no deberían hacerse de X forma. Respecto a las cualidades de quien ocupe el cargo, ¿cuáles diría usted son los requisitos necesarios para desempeñar bien en el puesto?

—Es indispensable el conocimiento técnico. La institución es bastante compleja, lleva bastantes controles previos y bastantes controles posteriores en materia de contratación administrativa, etc. Hay que tener mucha entereza y ecuanimidad, porque es muy fácil llevarse sustos y llenarse de preocupaciones todos los días. Estamos tomando decisiones muy fuertes y a veces salta un tema complejo, entonces hay que estar listo para responder, para tomar un teléfono y llamar y explicar, o para direccionar internamente cómo vamos a trabajar los distintos temas.

Debe ser una persona que esté muy bien informada del día a día, no de la Contraloría, del país y tener claro que la institución está para servirle a la colectividad, que debemos tener vocación de servicio público. Entender que la Contraloría tiene un papel de vigilar efectiva la hacienda pública y que eso lo que busca es beneficiar a los habitantes de este país.

Lista para terminar la entrevista con la contralora, siempre es bueno pedir una oportunidad de mejora para la institución y e incluso para su más alta funcionaria. Mi pregunta concreta fue, ¿qué le hace falta a la Contraloría para ser mejor institución y a usted misma como jerarca? Sin embargo, fue difícil que la contralora se refiriera de entrada a tal pregunta.

Su natural disfrute por su trabajo y su evidente entusiasmo por haber transformado el perfil de la Contraloría de una institución política a una institución estratégica, le jugaron una mala pasada en la inmediatez de la respuesta. No así a su jefa de prensa, quien salió al paso a decir que: “Pensando en el ejercicio de crítica y autocrítica, la Contraloría a aprendido a lidiar con la crítica que conlleva el control en todas partes del mundo”.

Continúo entonces la contralora:

“La Contraloría ha tenido que desarrollar en los últimos tiempos la lectura del entorno, no ser tan endogámica, no verse el ombligo, sino ver para afuera. Ver qué necesitan los ciudadanos, la Asamblea Legislativa, las instituciones. Y tratar de adecuarnos a ese entorno, quizá eso nos haga falta un poco más. Para mí, una institución que solo ve para adentro no va para ninguna parte, entonces continuar por esa línea [de ver más hacia afuera]. Y el otro tema es ser proactivos; si usted es buen lector del entorno usted ve venir las cosas y entonces de una vez trabajamos en eso y estamos listos para dar respuestas.

¿Qué nos hace falta? Bueno, tenemos retos muy importantes. Las fiscalizaciones son cada vez más complejas, los negocios del Estado, las formas de contratación, en las formas en que trabaja, son cada vez más sofisticadas y la Contraloría tiene que estar al día en esas cosas. Ahora tenemos un reto importante que es el big data. Nosotros debemos transformar muchas cosas en la organización para poder sacarle provecho a los grandes volúmenes de información que manejamos”.

¿Y a usted como jerarca?

—Yo no soy una persona perfecta, desde ningún punto de vista. He de tener miles de defectos. Pero nunca me he puesto a pensar en eso.

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La anécdota de pedirle a la contralora Marta Acosta una autocrítica, fue para ella un ejercicio de agradecimiento a quienes trabajan en la institución, “yo quiero agradecerle al personal de la Contraloría, que ha soportado a esta contralora que es muy metiche. Y además generadora de muchas ideas para trabajar muchos proyectos”. Al final, recordó que su máximo involucramiento y su afición por estar informada de todo lo que acontece a lo interno de la institución que gerencia, “tal vez no le guste” a los colaboradores.