Una sesión de cuatro horas y media este jueves dejó como resultado la aprobación definitiva de la reforma al privilegiado régimen de pensiones del Poder Judicial, el visto bueno inicial al proyecto para los extrabajadores de Bancrédito y la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un nuevo texto de plan fiscal.
Lo extensa de la sesión se debió al constante rompimiento de quórum por parte los diputados Carmen Quesada (independiente), Jorge Arguedas y José Ramírez (Frente Amplio), quienes pretendían bloquear la aprobación de la reforma al régimen de pensiones de la Corte, alegando un procedimiento atropellado.
¿Por qué atropellado? A pesar de que la Sala Constitucional dio luz verde al expediente, varios diputados presentaron una solicitud de "adición y aclaración", por lo que esperaban frenar -al menos por varios días- la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, dada la negativa de Natalia Díaz -presidenta del Congreso ante la ausencia de Gonzalo Ramírez- de aceptar tal movida, el proyecto se sometió a votación.
El proyecto fue aprobado por 34 diputados a favor y 9 en contra, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico de votación, junto con los otros proyectos que fueron aprobados por los congresistas el jueves:
Expediente 19.922: Reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial
Este proyecto sube la cotización de los empleados judiciales de un 11% a un 13% del salario, aumenta la edad para jubilarse a 65 años e impone un tope a las pensiones de 4 millones de colones. Quienes tengan pensiones que superen ese monto pagarán una “contribución solidaria”, la cual oscilará entre un 35% y un 55% del exceso.
Finalmente, el monto a recibir de pensión será del 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos, diferente al 100% de los últimos 24 meses que en la actualidad se otorga.
Expediente 19.971: Desafectación de la calle 5 entre avenidas 7 y 9 del primer distrito del cantón central de Alajuela
Este proyecto otorga la Calle 5, entre avenidas 7 y 9 del distrito 1 del Cantón Central de Alajuela, para otorgarlo al Instituto de Alajuela.
La iniciativa tuvo la oposición del alcalde de Alajuela (y diputado a partir del 1 de mayo), Roberto Thompson, por considerar que agravará el caos vial en la ciudad.
Expediente 20.131: Reforma al Código Penal y a la Ley contra la Trata de Personas
La iniciativa establece que será sancionado con pena de prisión de seis a diez años quien mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, mendicidad forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual.
Expediente 20.525: Ley de protección y defensa de las personas trabajadoras de Bancrédito
La iniciativa fue votada, nuevamente, en primer debate, debido a que se le hicieron cambios al proyecto en la Comisión de Cartago.
El proyecto establece que todos aquellos funcionarios que a partir del primero de enero del 2017 hayan finalizado su relación obrero patronal con el Bancrédito, tienen derecho a la indemnización correspondiente, la cual se liquidará en función de su antigüedad laboral acumulada.
Esa liquidación se hará efectiva a la fecha de finalización de la relación obrero patronal o en su defecto, en la eventualidad que resultare imposible, a más tardar 90 días naturales después, pudiendo hacerlo la administración del Banco y las instancias correspondientes en un máximo de tres tractos mensuales.
Expediente: 20.539: Ley de fortalecimiento financiero al Sistema de Emergencias 9-1-1 
El proyecto establece que el Sistema 9-1-1 se financiará con un impuesto del 0,75% sobre la facturación mensual de los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones disponibles al público, así como el desarrollo y mejoramiento de las comunicaciones con las instituciones adscritas al Sistema.
Además, establece que los proveedores de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, en su condición de agente de percepción de esta tasa tributaria, incluirán en la facturación mensual de todos sus abonados y usuarios el monto correspondiente.
Finalmente, dicta que deberán poner a disposición de la administración el Sistema de Emergencias 9-1-1 los fondos facturados a más tardar un mes posterior al periodo de recaudación, mediante la presentación de una declaración jurada del periodo fiscal mensual.
Plan fiscal ¿nuevo texto?
El Gobierno presentó el jueves una moción en el Plenario para que el plan fiscal tenga un texto diferente al que la Comisión Especial, que estudió el proyecto, votó y envió a la Cámara de Diputados.
La movida -que pretende subsanar errores de interpretación, redacción y limar asperezas con algunos sectores que se han pronunciado en contra del texto que se analiza en el Plenario-, no hace más que entorpecer aún más el ya complicado trámite del proyecto.
Naturalmente habríamos esperado que el Ministerio de Hacienda anunciara, al menos con un comunicado o conferencia de prensa, el contenido de ese nuevo texto. Sin embargo, no ocurrió.
Según reveló La Nación, la nueva propuesta impone un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 2% a todos los bienes de la canasta básica de consumo, la maquinaria, equipo agrícola, productos veterinarios y la importación de trigo, soya y maíz; los cuales hasta hoy -y en la propuesta original- permanecen exonerados.
Lo mismo ocurrió con los medicamentos, los reactivos, la maquinaria y el equipo necesarios para la producción de medicamentos, los cuales serían gravados con un IVA del 4%.
Por otro lado, las primas de seguros personales, riesgos de trabajo, agropecuarias y de viviendas de interés social pagarían un IVA del 2%, sin embargo, el impuesto entraría a regir de forma escalonada: a partir del segundo y tercer año con una tarifa del 1% y al cuarto año subiría al 2%.
En el caso de las compras por Internet, el Gobierno modificó el texto de modo que ahora queda claro que únicamente pagarían el IVA las compras de servicios (Netflix, Spotify, etc.), no así los bienes.
Estos y más de 400 cambios propuestos por diputados vía moción ante el Plenario durante los últimos dos días pasarán ahora al análisis de la presidencia del Congreso, la cual determinará cuáles envía a la Comisión Especial para que allí discutan si las acogen o no.
