Los diputados volvieron a sus prácticas acostumbradas tras cesar el "efecto elecciones" que causó que, tras los resultados del 4 de febrero, muchos tuvieran (o al menos expresaran) intenciones creíbles de que -ahora sí- se trabajaría en llegar a un acuerdo que permita ponerle solución definitiva a la crisis fiscal que atraviesa Costa Rica.
En la Asamblea parece haber una ruta de consenso trazada: avanzar en el trámite de la reforma constitucional para introducir una regla fiscal que establezca que los gastos de la Administración Pública no pueden exceder los ingresos corrientes (con la excepción de gastos de inversión en obra pública) y, posteriormente, pasar a la discusión de impuestos.
La aprobación de esa reforma es la única forma en la que el Partido Unidad Social Cristiana permitirá la discusión de las reformas a los tributos de Ventas y Renta, sin embargo, su principal enemigo es el Frente Amplio, que alega que por cada punto de déficit fiscal a reducir mediante esa regla se deben despedir 15 mil funcionarios públicos y por eso anunció al menos 40 mociones para bloquear el avance.
El jefe de los frenteamplistas, Francisco Camacho y el excandidato presidencial Edgardo Araya dejaron muy en claro ante el Plenario que su partido no permitirá que avance esa reforma, aunque ellos y Patricia Mora negaron usar el rompimiento de quórum como estrategia para dilatar la discusión de la iniciativa.
A pesar de lo anterior, lo cierto es que Ligia Fallas, Jorge Arguedas y José Ramírez Aguilar entraron y salieron continuamente de la sesión, causando que el quorum se rompiera. En total, la sesión se interrumpió 17 veces por falta de diputados en el salón de sesiones. Si tomamos en consideración que cada suspensión se extiende por hasta 5 minutos, en total se perdieron 1,25 horas de las 3 horas habilitadas para sesionar.
Jorge Arguedas denunció que hay "negociaciones debajo de la mesa" para avanzar en la reforma y advirtió que si el sector trabajador nacional no es incluido en esas conversaciones, se "pararán encima de la escoba".
A pesar de ese caos, la carta de renuncia de Fabricio Alvarado como diputado ya fue leída y ahora sigue que se le comunique la decisión al Tribunal Supremo de Elecciones para que se llame a ocupar curul a Alexandra Loría...
Mientras tanto, la Comisión de Gobierno y Administración desechó un proyecto de Ley presentado por el Gobierno que pretendía trasladar el Sistema de Emergencias 9-1-1 a manos de Bomberos de Costa Rica. Aún prevalece la iniciativa nacida desde esa misma comisión que pretende modificar la Ley del Sistema, para que su financiamiento se haga no solo por el 1% de la facturación telefónica por voz, sino también la hecha a través de Internet (videollamadas, WhatsApp, etc.), mediante una tarifa especial fijada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
