La magistrada de la Sala Constitucional atendió a Delfino.CR

La magistrada Nancy Hernández tiene un cartel académico y profesional de primer nivel (pueden consultar su hoja de vida en el Poder Judicial). Tiene amplia experiencia en materia de derechos humanos, derecho constitucional, derecho público y un excelente manejo de la materia penal. Es, además, la única mujer en la actual integración de la Sala Constitucional.

Hernández tiene amplia experiencia en el Poder Judicial pues fue directora del despacho de la presidencia (trabajó 14 años para la presidencia) y fue letrada en la Sala Constitucional desde sus orígenes, allá por 1990. Hernández fue letrada y mano derecha del recordado expresidente del Poder Judicial Luis Paulino Mora por más de 20 años (razón por la cual lo describe como su maestro), así que desde antes de ser designada magistrada (en 2013, precisamente en sustitución de Mora, tras su fallecimiento) ya conocía el teje y maneje de la Sala Constitucional al dedillo.

Por su perfil profesional y académico y por ser reconocida por propios y extraños como una mujer valiente, frontal y decidida, me pareció prudente conocer su criterio sobre algunos de los últimos acontecimientos que han sacudido al Poder Judicial. Amablemente aceptó darme una entrevista que a continuación les transcribo.

Como es usual, para los que andan cortos de tiempo he destacado en color azul las frases que considero son las más relevantes del intercambio.

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Queremos empezar por entender un poco mejor el funcionamiento de las comisiones de la Corte. ¿Cuántas comisiones existen? ¿Cómo se decide quién las integra y quién las preside? ¿Cómo y cuándo trabajan? ¿Podría dar algunos ejemplos?

El trabajo de las magistradas y magistrados está compuesto por dos tipos de funciones: de gobierno o administración y jurisdiccional. Dentro de las funciones de gobierno judicial está la de coadyuvar en la correcta administración del Poder Judicial que es un servicio público. Esta función se ejerce como integrantes de Corte Plena con las funciones de gobierno que están en la Constitución y la Ley, en las Comisiones de trabajo que existen por tema y en foros de participación interinstitucionales o internacionales.

Según me informa la Secretaría de la Corte, existen en la actualidad más de 30 comisiones de diversos temas, entre ellos: Género, Ética y Valores, Transparencia, Asuntos Penales, Civil, de Familia, Contencioso-Administrativo, Agrario, Ambiental, Acceso a la Justicia, Afrodescendientes, Construcciones, Enlace con sindicatos, Enlace-OIJ, entre otras.

Se acostumbra que las integren magistrados y magistradas de cada una de las Salas y el personal auxiliar que se estime necesario. La persona que la preside se elige por voto de mayoría de sus miembros, con excepción de aquellas comisiones que integren el Presidente y Vice-Presidenta de la Corte, en cuyo caso, ellos son los que presiden.

¿Podría contarnos un poco más de la Comisión de Enlace OIJ-Corte? ¿Quiénes forman parte de esta comisión? ¿cuáles son sus responsabilidades y alcances?

La Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (Ley 5524 del 7 de mayo de 1974), define al OIJ como una policía técnica, profesional auxiliar de las autoridades penales (tribunales penales y Ministerio Público), en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Sus actuaciones están regladas por la Ley del OIJ y otras disposiciones normativas, entre estas el Código Procesal Penal.

En su artículo 1 se establece que es dependiente de la Corte Suprema de Justicia y se asigna su coordinación a una Comisión de Enlace que facilita la relación entre ambas para aspectos administrativos. Los magistrados no tienen ninguna injerencia en las investigaciones en las cuales el OIJ actúa únicamente con apego a la ley.

Se trata de una policía técnica dentro del marco de un estado constitucional de derecho, por lo que evidentemente sus actuaciones están sometidas además a los límites que la Constitución Política tiene para el ejercicio del poder de policía, especialmente en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales de los habitantes.

Sabemos que la comisión de Enlace OIJ-Corte era presidida por el exmagistrado Arroyo. Una vez que él se acoge a la pensión, la presidencia quedó vacante. ¿Quiénes han manifestado interés por asumir ese puesto? ¿Podría explicarnos por qué no se ha convocado a esta comisión desde diciembre pasado?

Ante la jubilación del Magistrado Arroyo, asumió la Presidencia, doña Zarela Villanueva, que por precedencia le correspondía. La última sesión fue en marzo de este año. No se ha convocado a sesión desde entonces.

Como no se ha sesionado, no se ha elegido la coordinación. Sobre el puesto de coordinación, el único magistrado que me manifestó interés, en su oportunidad, fue el magistrado Gamboa, por su experiencia en materia penal y de seguridad. Desconozco si alguien más tiene interés.

Aclaremos algo... Telenoticias publicó en enero que la referida comisión recomendó de forma unánime eliminar el SERT (Servicio Especial de Fuerza Táctica) y cerrar el IPOL (Centro de Inteligencia Policial del OIJ). ¿Es eso cierto? ¿Cuáles magistrados respaldan esta idea? ¿Cómo nació ese planteamiento y en qué se sustenta?

Esa noticia es totalmente inexacta.

La Comisión elaboró un documento de recomendaciones y cambios en el Organismo de Investigación Judicial, con el fin de fortalecerlo. En ese proceso entrevistó a una serie de expertos en el área de seguridad y escuchó a funcionarios, órganos internos y algunas organizaciones gremiales. Fue un proceso bastante abierto.

Ese trabajo se sintetizó en un documento sobre el que se alcanzó consenso al interno de la Comisión, excepto en 3 temas: la eliminación del Sert, el IPOL y la idea de sacar la oficina de la Interpol del OIJ. La moción de sacar esas oficinas del OIJ fue del magistrado Gamboa.

Sobre ese tema, los magistrados Solís, Arroyo y la magistrada Camacho y yo, indicamos que no avalaríamos la recomendación de eliminar esas oficinas hasta que no tuviéramos más elementos de juicio, para lo cual programamos una visita y entrevista para finales de enero y principios de febrero, según recuerdo. Esa visita la hicimos en compañía de varios magistrados de otras Salas.

Luego de esa visita, los magistrados integrantes de la Comisión Solís, Camacho y yo quedamos completamente convencidos de la necesidad de que estas oficinas no sólo permanezcan en el OIJ, sino que se fortalezcan, porque son fundamentales en la lucha contra las nuevas formas de criminalidad y en particular, el crimen organizado. El magistrado Arroyo ya estaba jubilado. Igualmente la magistrada Zarela Villanueva cuando se incorporó a la Comisión, señaló que no avalaría la eliminación de esas oficinas. Posteriormente, este mismo año, vi unas manifestaciones del Magistrado Chinchilla en ese mismo sentido en medios de comunicación.

A efectos del OIJ, de su independencia y de su capacidad operativa ¿qué implicaría que la Corte cierre el SERT y el IPOL? ¿No le preocupa que tal medida debilite la gestión de Walter Espinoza en temas como combate al crimen organizado y el narcotráfico?

La eliminación de esas oficinas debilitaría peligrosamente la capacidad operativa del Organismo de Investigación Judicial, frente a nuevas formas de criminalidad, en especial de crimen organizado y también de la investigación de casos complejos como asesinatos en serie y otros. Esto a su vez, agravaría el problema de seguridad del país y sin duda ello tendría un efecto inmediato sobre la calidad de vida de las y los habitantes, el turismo y clima de negocios en general.

Consideró indispensable fortalecer esas y otras funciones del Organismo de Investigación Judicial, pero he abogado porque en sus actuaciones exista garantía de que se dan dentro del marco de la legalidad, para lo cual estimo hay que mejorar sus mecanismos internos de control, tema que también ha sido preocupación de varios magistrados.

Supimos el lunes que usted solicitó que la Corte respondiera al pedido del OIJ de facilitarle un investigador al Congreso para colaborar con las investigaciones de la comisión. Inicialmente la Corte dijo que no. ¿No estaba usted presente? ¿Puede explicarnos qué fue lo que sucedió y cómo logró usted revertir la decisión de la Corte?

En realidad fue el Consejo Superior del Poder Judicial el que se pronunció sobre ese tema inicialmente, porque el permiso implicaba una autorización presupuestaria de gasto (permiso con goce de salario), tema que es competencia de ese Consejo. La gestión se le hizo al Director del OIJ, quien la trasladó al Consejo.

La solicitud de colaboración remitida por el Congreso contenía solicitud de apoyo textualmente indicaba: “…solicitarle la colaboración al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que ponga a disposición de esta Comisión durante el tiempo de la investigación a un analista criminal que contribuya a sistematizar los hechos, analizar las relaciones entre los presuntos implicados, identificar vacíos en la información y sugerir líneas de investigación a las y los Diputados”. El Consejo la denegó en sesión N° 82-17 del 7 de setiembre, señalando: “… que el Poder Judicial no debe participar en este tipo de investigaciones por el principio de división de Poderes del Estado”.

Me pareció necesario atender esa solicitud de colaboración y presenté la gestión a la Corte para que se conociera, eliminando el último aspecto (“sugerir líneas de investigación”), para dejar la colaboración solicitada en la sistematización de información, relación de presuntos implicados e identificación en los vacíos de información. Con esto se atiende la gestión sin lesión al principio de división de poderes.

La Corte estuvo totalmente anuente a dar este tipo de colaboración, con la abstención de los magistrados que están citados a la Comisión. Creo que con la modificación hecha se solventa la preocupación del Consejo Superior de no afectar la división de poderes.

¿Está de acuerdo con las iniciativas que se han presentado para modificar la forma en que se eligen los magistrados? No sé si está familiarizada con la propuesta del diputado Jorge Arguedas o con el documento que presentó este martes la Defensoría de los Habitantes por ejemplo, por mencionarle dos...

No conozco en detalle esas propuestas.

Estimo que cualquier reforma que se haga debe gravitar sobre el fortalecimiento de la independencia y estabilidad de la magistratura. También en aumentar la edad para garantizar que se acceda al puesto con la madurez suficiente y al final de una carrera profesional consolidada. También debe existir la posibilidad de que el colegio de jueces postule, por medio de concurso ante el Consejo de la Judicatura y que la academia pueda participar a través de un mecanismo similar. Pero considero que debe mantenerse la elección como potestad de la Asamblea Legislativa, por votación calificada.

Se dice que usted es una magistrada "incómoda" para mucha gente. ¿Ha implicado esto riesgos o ataques contra su persona o seres queridos? ¿Diría que ha cambiado en algo el ambiente a lo interno de la Corte en las últimas semanas?

Yo no me percibo como una “magistrada incómoda”, aunque debo decir que si se percibe así, implicaría que estoy haciendo bien mi trabajo de vigilancia y control como juez constitucional, que tiene como una de sus funciones principales controlar la arbitrariedad en el ejercicio del poder. También sería una buena calificación para mi trabajo como jerarca del Poder Judicial, en donde me esfuerzo por aportar y hacer la diferencia para cambiar muchas cosas.

Me considero independiente, no me dejo presionar y soy bastante persistente y terca en mis luchas por el cambio, tanto en temas de jurisprudencia como de política judicial. A veces a las mujeres que no somos sumisas o calladas, se nos califica de “incómodas”.

En efecto, estas actitudes me han traído alejamiento de amistades (que ahora veo no eran tales). Recientemente en forma muy sutil he recibido la advertencia, por medio de terceros -quienes han solicitado no ser identificados- de que me pueden afectar a mí o a mi hijo, incluso a otros familiares. Me han señalado que tengo grandes enemigos y un montón de cosas más, como que la DIS me tiene un expediente, pero nada de eso he podido determinar si es cierto, aunque no es la primera vez que lo escucho. La verdad no voy a negar que me ha generado angustia con mi hijo, especialmente cuando llega tarde o se atrasa. He tenido que hablar con él para tomar ciertas medidas de precaución. Esto se lo he contado a allegados y lo he compartido con algunas personas cercanas en medios de comunicación, por si acaso resultaran ser ciertas. También he sido objeto de mentiras y ataques en las redes sociales por medio de trolles y memes infundados incluso para afectar personas cercanas, pero esto ya desde hace aproximadamente un año que me sucede ocasionalmente. Esto último lo tomo como consecuencia inevitable del ejercicio de un puesto complicado por su naturaleza (el de juez constitucional) en tiempos de crisis, dónde la cobardía se puede esconder fácilmente bajo el anonimato en redes sociales.

Indudablemente sí ha cambiado un poco mi dinámica familiar y definitivamente el ambiente a lo interno de la Corte; todos hemos sido removidos de una posición confortable de la rutina del día a día y obligados a tomar decisiones muy difíciles, en cumplimiento del deber, porque en cada una de ellas se juega el futuro de la institución.

Me gustaría conocer su opinión en torno a la judicialización de la política. ¿Cree que es un fenómeno que ha venido en alzada? ¿Qué riesgos o ventajas ve en esta tendencia?

Yo he expresado en diferentes ocasiones que no me agrada la judicialización de la política, porque pone, en manos de los jueces, decisiones que deben tomar quienes han sido elegidos por los ciudadanos para hacerlo. Un expediente judicial no es un expediente legislativo ni administrativo, no hay apertura ni participación de todos los sectores afectados. Sin embargo es el signo de los tiempos de muchos tribunales constitucionales.

Sostengo que en Costa Rica la Sala Constitucional y los demás Tribunales han hecho y hacen un gran esfuerzo para aminorar este fenómeno que ha venido en alzada en el mundo y evitar la tentación de inmiscuirse en temas de competencias de otros órganos, que se judicializan para no cargar el costo político que, en un entorno político tan fraccionado, puede tener consecuencias funestas para las distintas fuerzas.

Las desventajas de esta tendencia son muchas, una de ellas, el riesgo de la politización de la justicia; el público y ni siquiera la prensa, alcanzan a comprender las limitaciones legales que tenemos los jueces en este tipo de casos y un buen ejemplo lo es el titular de alguna prensa inglesa a raíz del caso del Brexit, cuando calificaron a los jueces que resolvieron el caso de “enemigos del pueblo”.

Sobre este tema de la judicialización de la sociedad, escribí un artículo en el 9 de marzo en La Nación “Desplazamiento del poder hacia los jueces”, que explica este fenómeno.

Por último, ¿diría usted que es esta la crisis más grande que ha enfrentado el Poder Judicial en las últimas décadas? ¿Qué mensaje enviaría a la población en momentos en que tambalea la confianza en el Poder Judicial?

Concuerdo con usted en que esta es la crisis más severa que ha sufrido el Poder Judicial, tal vez desde finales de los años ochenta, pero, con una diferencia: en aquellos años, la sociedad no tenía mayor interés en los problemas del Poder Judicial (sólo la prensa), quizás porque en esos momentos no se percibía a este poder como fundamental para el mantenimiento del sistema de libertades y la democracia de este país, cosa que ahora —me parece— la gente tiene mucho más claro.

A la población del país le diría que no dejen de ser vigilantes, porque si se cae el Poder Judicial se pone en riesgo todo el proyecto democrático. Para ejemplo Venezuela.

Finalmente creo que hay gente muy valiosa y valiente en todos los ámbitos del Poder Judicial, incluida la magistratura. No veo por qué no deba tener confianza la ciudadanía de que se puede superar esta crisis y salir fortalecidos, si entre todos los sectores de la sociedad nos unimos para fortalecer la institución. No creo en generalizaciones, no todo está mal, es peligroso transmitirle un mensaje de desesperanza a la población, aunque evidentemente los hechos que se investigan son muy serios y obligan a investigar a fondo y llegar a la verdad con las consecuencias que sean.