El día de hoy la expresidenta del BCR Mónica Segnini escribió a nuestra redacción solicitando se publique el siguiente texto. Se adjunta al lector transcripción fiel al documento original enviado al periódico La Nación en fecha 5 de octubre. Posteriormente se publica una minientrevista con Mónica Segnini, quien solicitó la diligencia a fin de contextualizar las circunstancias detrás de su pedido.
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5 de octubre, 2017
Señores
Periódico La Nación
Presente
Estimados señores:
Con la anuencia de la Gerencia General a.i. del Banco de Costa Rica, respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitar, con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional la publicación de un DERECHO DE RESPUESTA en relación con la información publicada este 5 de octubre en el editorial titulado "Calladitos sería más bonito".
En relación con esa publicación que se difundió en este medio es nuestro interés que se publique la siguiente información:
Se aclara que la Junta Directiva del Banco de Costa Rica no ha tomado ningún acuerdo que ordene la eliminación de audios a raíz de un hecho en particular.
La Junta Directiva General del BCR, en la sesión No. 28-16, Artículo XI, celebrada el 11 de julio del 2016, con motivo de la definición de la Tabla de Plazos de Conservación de Documentos de la Secretaria, dispuso que las grabaciones o audios que son soporte de la Secretaría de la Junta Directiva para la confección de las actas de dicho Órgano Colegiado, se eliminarán transcurridos 15 días, contados a partir de la aprobación en firme del acta correspondiente.
La ejecución de este acuerdo quedó condicionado en su eficacia, a la aprobación correspondiente por parte de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, lo anterior con fundamento en la Ley del Sistema Nacional de Archivos (7202 del 24 de octubre de 1990) y su Reglamento. En la sesión n 08-17, artículo XI, del 22 de febrero último, se conoció la aprobación emitida por dicha dependencia.
Finalmente, también me permito aclarar que en la sesión n 33-17, artículo XV, del 3 de agosto del año en curso, el acuerdo que se adoptó fue el de que si algún Director requería de los audios por algún motivo, se autorizara su entrega mediante un acuerdo formal de la Junta Directiva General, esto para llevar un control o registro de las personas que lo solicitaban. En ese acuerdo no se ordena a ninguna dependencia la eliminación de los audios.
Sin otro particular, me suscribo atentamente,
Pablo Villegas Fonseca
Secretario General.
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¿Por qué toma la decisión de enviar este derecho de respuesta a La Nación?
En ese editorial La Nación da a entender que había una mala intención de la Junta Directiva y especialmente de mi persona, como presidenta, detrás de la propuesta de establecer un procedimiento para que cualquier director que quisiera una copia de los audios lo pidiera en el seno de la Junta Directiva de manera transparente. Ellos lo hacen ver como una estrategia de falta de transparencia, con el fin de ocultar los casos de corrupción.
Un par de días antes de ese editorial, La Nación saca un extracto de un acta de julio del 2017 (recién electa yo) y la descontextualiza en una noticia que incluso promocionan en redes (Presidenta del BCR: Casos de cemento chino, Coopelesca, Bicsa, Latco y Bancrédito no debieron ventilarse). ¡A pesar de que sabían que era yo quien había denunciado!
Es importante señalar que para ese entonces tanto la SUGEF como la auditoría nos habían llamado la atención en torno al manejo de la información bancaria (debido a las filtraciones), solicitándonos entonces que tomáramos medidas para proteger las comunicaciones y la información del banco. Es por eso que en esa acta yo hago comentarios señalando que el banco no había tenido el deber de cuidado y de confidencialidad de la información (en distintos casos, no solo Sinocem y Coopelesca), posición que sostengo.
Ya previamente habían publicado varias noticias en ese sentido... y culminan con el editorial, donde dan a entender que fue una decisión de mi administración, faltando a la verdad pues, como lo dice este derecho de respuesta, la decisión se tomó en el 2016 (la presidencia la ejercía Mora) debido a una propuesta de Mario Barrenechea, Paola Mora y la Dirección Jurídica, que piden eliminar los audios...
Lo que yo propuse en agosto de este año es que se evidencie en Junta Directiva de manera transparente cuál director quiere tener los audios. Así que 1) ¡Nunca limité el acceso a los audios! Simplemente solicité que fuera un proceso transparente. 2) La destrucción de los audios no fue una orden mía, fue un acuerdo de Junta Directiva alcanzado en 2016 tras la propuesta de Mario Barrenechea y la Dirección Jurídica.
¿Por qué toma la decisión de enviar este derecho de respuesta hoy a Delfino.CR?
Porque esta mañana escuché a Randall Rivera de Monumental comentándole a Amelia Rueda que yo hace un mes impedí que cualquiera pida un audio de la Junta Directiva, respaldando la mentira que había afirmado La Nación en sus reportajes y en su editorial. Por eso envié este derecho de respuesta que nunca fue publicado.
Adicionalmente, el día de ayer, en la comisión, tanto Pablo Villegas como Alberto Raven confirman la verdad de en qué momento se ordenó destruir los audios (2016), quién hace esa propuesta y en cuál administración se aprueba. Además, que lo que yo hago en agosto es con el fin de cumplir con un mandato de la SUGEG y la auditoria de tener procedimientos y protocolos dentro de la junta para el manejo de información. Lo que yo digo es, de manera transparente, que el director que quiera obtener un audio que lo pida en la Junta Directiva y ese fue el acuerdo. Nunca se limitó el acceso ni se le ha negado a ningún director el acceso a un audio.
Es por estos dos motivos que después de un mes y resto de espera para que me publicaran mi derecho de respuesta decido aprovechar el ofrecimiento que hizo usted en redes y enviarlo a su medio para que sea de conocimiento público.
