La huelga ya pasó pero las dudas siguen latentes.

La semana pasada la huelga del Poder Judicial estaba en su cenit y la mayoría de nosotros no entendíamos qué se reclamaba y por qué se reclamaba de esa forma. Eso, por mencionar apenas dos de las muchas dudas que surgieron en torno al movimiento pues la comunicación de los huelguistas ciertamente no fue la mejor.

Fabián Meza lo explica muy bien en su artículo Huelga en el Poder Judicial: un caso de pésima comunicación política. Es cierto, muchas cosas fallaron a lo largo de esta huelga, pero pocas tanto como la comunicación. Tan es así que varios huelguistas en diferentes ocasiones me contactaron claramente desesperados porque se deban cuenta de que la opinión pública seguía confundida y... cada vez más molesta. Pero ¿yo qué podía hacer? Lo que me corresponde, en todo caso: ofrecerles una oportunidad de explicarse.

Por ese motivo envié este cuestionario a Adriana Orocú (presidenta de la asociación de jueces y una de las personas que asumió la vocería de los frentes gremiales). Según me explicó, le resultó complicado abordarlo con tiempo y propiedad debido a los contratiempos que enfrentó durante los últimos días a partir, precisamente, de la huelga y las gestiones paralelas al movimiento.

Ayer finalmente recibí sus respuesta. Hoy se las comparto.

Para los que andan cortos de tiempo he destacado en color azul las frases clave del intercambio.

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Para darle una mano a los lectores: ¿Quién es Adriana Orocú?

Una mujer activa, ser humano falible, con diferentes roles de familia, dedicada orgullosamente al ejercicio de la judicatura. Máster en Administración de Justicia Civil, Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y diplomada internacional en Derechos Humanos por la Universidad para La Paz.

¿Cuál es su trayectoria en el Poder Judicial? 

Inicié en 1998 en la Fiscalía, fungí como letrada de la Sala Segunda y la mayor parte de mi trayectoria laboral en la institución ha sido en la Judicatura (contravencional, laboral y en la jurisdicción civil).

¿A quiénes representa en este movimiento? 

En mi calidad de Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y Vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces (FLAM) represento a la judicatura costarricense en este proceso, con identificación plena en cada funcionario y funcionaria judicial.

Empecemos por algo que la gente quiere saber y esta es una buena oportunidad para aclararlo. ¿Por qué el régimen de pensiones de la Corte es tan distinto? ¿Quién y cuándo negoció o estableció esas condiciones? ​

El régimen del Poder Judicial es el primero que se estableció en el país, incluso antes que el IVM, ya que fue creado en 1939 por la visión de los estrategas de estado en ese momento para otorgar mayor independencia al Poder Judicial, dado que un régimen jubilatorio sólido permite la estabilidad de los funcionarios directamente relacionados con la administración de justicia, elemento que es indispensable para la independencia judicial. Además, Costa Rica decidió acoger los convenios internacionales emanados por las Naciones Unidas que disponen como principio básico de independencia un régimen jubilatorio adecuado. Pero así como se creó se dispuso desde su inicio de una aportación mayor del trabajador/a, que cualquier otro régimen, para que se mantuviera autosustentable y es por ello que actualmente cotizamos el 11% de nuestro salario bruto, o sea, tres veces más que la CCSS y se sigue cotizando aún después de la jubilación.

Ahora bien, ¿por qué se van a huelga los empleados del Poder Judicial? En concreto: ¿Cuál es el reclamo y qué los llevó a este punto? ¿Se agotaron las vías de diálogo? ¿Les ignoraban? ¿Por qué consideraron que era el momento de alzarse en huelga si las conversaciones todavía estaban sobre la mesa? ¿Qué exigen para ponerle fin a la protesta?

Porque hubo un total incumplimiento de los señores diputados de la Comisión Legislativa, encargada de la reforma del acuerdo pactado el 16 de junio del año anterior, entre la mayoría de los jefes de fracción del Plenario y el mismo presidente en ese entonces de la Asamblea Legislativa, el señor Antonio Álvarez, el cual fue ratificado por mayoría calificada en el Congreso ese mismo día. El acuerdo consistió en que el único proyecto que sería la base de discusión para el dictamen final sería el 19651, o el llamado Proyecto de Gremios, el que luego contendría las modificaciones basadas en los estudios actuariales emanados por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

En ese marco dispuesto siempre estuvimos atentos y propositivos en el diálogo constructivo y pese a ello, la mayoría de la comisión, de manera sorpresiva e inconsulta hasta con los mismos miembros diputados de la comisión y sin ningún estudio actuarial de respaldo, aprobó por mayoría un texto sustitutivo redactado en el seno de la propia Superintendencia de Pensiones (SUPEN), proyecto que en sus efectos liquida el fondo. Para muestra, al ser consultado el proyecto, recibió el dictamen negativo de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Hacienda y de la Corte Suprema de Justicia, además de las observaciones negativas de los Gremios del Poder Judicial. Los efectos del nefasto proyecto resultarían en nada más y nada menos que una obligación para el erario público de un billón de colones y, aún así, pese a la crisis fiscal del país y sin sentido técnico o político, la mayoría de los y las integrantes de la comisión seguían apoyando ese proyecto. La pregunta es ¿por qué?  ¿Por qué nunca se analizaron tampoco las observaciones dadas en audiencias de la comisión por los Gremios o Corte?

Ya finalizado y entregado el estudio actuarial del IICE, los Gremios seguimos procurando los espacios de diálogo y solicitamos la constitución de una mesa de trabajo, lo cual fue negado y ni siquiera contestado.  El descontento, la intransigencia y el irrespeto al diálogo y la transparencia dio como resultado el inicio de la huelga del Poder judicial, como posición última y no querida por los funcionarios y funcionarias judiciales, pero que se constituyó en el único mecanismo legítimo y democrático de defensa de un derecho fundamental individual y del respeto a la independencia judicial.

Posteriormente, y aún y a sabiendas del movimiento histórico que se desarrollaba, de nuevo en total secretismo, poca transparencia y sin intención de diálogo, el jueves anterior al ser casi las diez de la noche se aprueba un texto de mayoría que no se conocía por ninguna de las partes involucradas, Gremios o administración del Poder Judicial, el cual por su contenido, conocido hasta el día lunes 31 de junio en que se consultó a algunas organizaciones gremiales, nos percatamos de sus desbordamientos e inconsistencias, ya que carga de condiciones totalmente desfavorables o gravosas a los servidores y servidoras judiciales, resultando en una situación jubilatoria más baja que el sistema del IVM, pero cotizando tres veces más.

Tal actuar constituye una nueva afrenta al proceso democrático de la creación de las normas y mantuvo la huelga y además, favorece únicamente a los capitales inversores en bolsa, ya que expresamente señala  que el fondo (con su cantidad de millones de reserva y lo jugoso que puede sonar para muchos) solo podrá invertir en ¡¡títulos de  bolsa!! Ese parece siempre fue un propósito y no el de sostener realmente un sistema solidario de pensiones.

Durante las protestas han dicho que proyecto de la SUPEN los obliga a una pensión indigna. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son los puntos que más les molestan de esa propuesta?

Primero,  del proyecto inicial y como lo indiqué carga al erario público de forma exorbitante, lo cual lo convierte en inviable. Además, en el segundo texto aprobado por mayoría y con los vicios indicados,  contiene, como ejemplo, las siguientes inconsistencias:

- Propone un promedio jubilatorio de un 85%  de los últimos veinte años de trabajo, que resulta en alrededor del 69% del salario, menos el 11%que se resta del aporte al fondo y menos el  5.5% del seguro del IVM (que repetimos, solo los trabajadores del Poder Judicial cotizan) resulta en alrededor de un 52% de pensión, monto menor que el otorgado por el régimen de la CCSS, pero cotizando casi cuatro veces más en toda la vida laboral en el Poder Judicial. ¿Es esto proporcionado o racional? La respuesta fácil es que no.

- Se aumenta la edad de retiro a los 65 años, desconociendo las variables de las condiciones de trabajo en el Poder Judicial;  por ejemplo para los agentes del Organismo de Investigación Judicial y para la misma ciudadanía resultaría inconveniente que policías o custodios de personas detenidas realicen persecuciones criminales, allanamientos e investigaciones a esa edad de retiro.

- Desconoce completamente la variable de género, ya que dispone de la misma edad de retiro para hombres y mujeres.

- Obliga a invertir la jugosa reserva del fondo únicamente en títulos en bolsa, sosteniendo las amarras legales que en el proyecto del dictamen de minoría se autoriza, sea el de inversión en obra pública y préstamos a empleados/as judiciales.

Estos pocos ejemplos ilustran la inconsistencia técnica y política del proyecto dictaminado de mayoría.

Ustedes insisten en que a pesar de lo que ha dicho el estudio de la UCR el régimen se puede sostener por sí solo con los ajustes que se proponen en su proyecto. ¿Estoy en lo correcto? ¿En qué se amparan para asegurar que no van a terminar los costarricenses salvando el fondo con un plan de rescate a punta de impuestos? ¿Cuáles son los números que ustedes tienen y la UCR no? ¿Se equivocó el estudio? ¿Tienen ustedes un estudio actuarial técnico y de sostenibilidad de la propuesta independiente que no conocemos? ¿Quién lo realizó?

El mismo estudio del IICE de la UCR desmiente que el fondo esté quebrado, tal como se ha querido insistir erróneamente por prensa y otros medios. El estudio actuarial presenta dos escenarios de solvencia que implica que, con ajustes, el fondo es sostenible por los próximos cien años para garantizar las promesas jubilatorias a los y las cotizantes.  Además, actualmente el fondo tiene un superávit financiero respaldado por 468 mil millones de colones en reservas, que se incrementan con el producto de los rendimientos reales de las inversiones, que es en un histórico de más de 12 años, el 4,55%, muy por encima de la tasa del 3% de rendimiento tomado como base por la UCR para sus conclusiones. También con el propósito de seguir garantizando la solvencia del fondo, proponemos la creación de una Junta Administradora que mejore la gestión de inversión, quitando a su vez las amarras para inversión en obra pública y préstamos a trabajadores/as judiciales dueños/as del fondo, tal como lo realiza por ejemplo JUPEMA para aumentar sus ganancias netas al pasar a tasas activas.

El análisis de las conclusiones del estudio actuarial se ha  realizado por técnicos especializados internos y externos.

¿Están los EPJ dispuestos a discutir una nueva propuesta que establezca puntos medios entre su proyecto el de la SUPEN? ¿Qué es exactamente a lo que aspiran ustedes?

Aspiramos a una reforma dialogada, técnicamente viable y razonablemente ajustada a las condiciones de aportación que garantice dignidad en el proceso jubilatorio, estabilidad al fondo y a los funcionarios y las funcionarias judiciales, garantizando a su vez independencia institucional. Insistimos en que se analice el dictamen de minoría presentado en el expediente 19922 que contiene la posibilidad de materialización de esas aspiraciones.

Si menos del 2% de los empleados del Poder Judicial se someterá a una pensión de lujo, ¿por qué es un problema que no pase de 3.9 millones de colones al mes, tal como lo plantea la SUPEN?

En el texto consensuado entre Gremios y Corte, introducido a la Asamblea Legislativa como texto de minoría, se mantiene el tope indicado por SUPEN de 10 salarios base.

​¿Estarían dispuestos a dejar por fuera al Estado de la responsabilidad de rescatar el régimen ante un eventual descalabro como lo sugirió Armando González en La Nación? 

El fondo NUNCA ha tenido que ser rescatado y con la reforma que proponemos en el dictamen de  minoría, pretendemos que ni un colón del erario público se destine a ese propósito.

​¿Qué acciones tomarían los empleados del Poder Judicial en caso de un colapso del régimen de pensiones? ¿Lo han conversado?

Con la reforma propuesta en el dictamen de minoría, se garantiza la sostenibilidad del fondo y el equilibrio en las cargas de aportación.

Sáqueme de una duda. Si el Poder Judicial se va a huelga. ¿Quién está en la capacidad de determinar la legalidad de la misma? ¿Cuál es el debido proceso en este caso? 

Los competentes serían jueces y juezas laborales que no estuvieron en huelga, pero según sabemos, la totalidad de la jurisdicción laboral del país se encontraba sumada al movimiento.

Necesitamos una versión oficial de lo que pasó en la Medicatura Forense así que haré varias preguntas. Primero, ¿en qué se amparan para sostener que no es un servicio esencial? ¿Consideran que no hay afectación a la salud e integridad? Segundo. ¿Tomaron la decisión de retener los cuerpos de forma estratégica para llamar la atención de la opinión pública: sí o no? ¿Siguen considerando que fue esa una buena idea? ¿No considera que la huelga se vio seriamente afectada por esa decisión? Tercero. ¿Cuál es la versión oficial de los agremiados en torno a los hechos que sucedieron el lunes? ¿Hubo una toma de la Morgue por la Fuerza Pública a partir de una solicitud del magistrado Gamboa o acaso miente el ministro de Seguridad Mata?

Los médicos forenses, como funcionarios y funcionarias judiciales, ejercieron el derecho fundamental a la huelga, al igual que el resto de los funcionarios judiciales y en razón de ello se vieron afectados los servicios de patología que proporciona el Poder Judicial.  Es un servicio humanamente sensible y como tal, fue valorado por la sociedad, incluyéndonos. Aclaramos que por el profundo respeto a los dolientes de las víctimas  y por la ética en la función que caracteriza a los y las funcionarios y funcionarias judiciales, esto nunca fue tomado como una medida de presión, sino, repito, fue una consecuencia material de la huelga, tema que se solventó en dos días. Se apoyó en todo momento a los parientes de las víctimas y se aseguraron las pruebas perecederas para ser utilizadas válidamente en los procesos judiciales.

El lunes 24 de junio lo que sucedió en Medicatura Forense fue un aseguramiento de la integridad personal de los médicos patólogos y el equipo técnico, solicitado al ministerio de Seguridad por el mismo Director del Organismo de Investigación Judicial, en nota escrita al filo de las once de la noche, sin ninguna intervención de terceras personas.